HOY COMO AYER, EL FUJIMORISMO CONTRA LA PRENSA

Por César Alfredo Vignolo

Bastante daño a hecho al Periodismo Nacional la bancada fujimorista, ya que cuando fue presidente del Congreso (1996-1997) Carlos Torres y Torres Lara se aprobó la Ley No. 26937, con la que se estableció que para ejercer el periodismo “no se necesita ser periodista profesional ni colegiado”.

Con ello se desencadenó una serie de males en el manejo informativo, dando lugar a la llamada “prensa chicha” carente de ética profesional. El gobierno de Fujimori arrasó así con todas estas normas legales para fines nocivos que todos conocemos.

A raíz de la dación de la Ley No. 26937 dada por el gobierno de Fujimori, durante cuyo régimen se produjo un deterioro en los medios de comunicación social (radio, televisión y diarios).

Tal aberrante disposición se le conoce con el nombre de ley Torres y Torres Lara, dado que fue el entonces Presidente del Congreso de la República quien la propuso y defendió.

Su génesis proviene de la Resolución Defensorial No. 09-98/DP dada el 19 de febrero de 1998 por el entonces Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, ante una solicitud presentada por la Asociación de Periodistas del Perú (ANP) presidida por Roberto Mejía Alarcón.

De esta manera se desconocieron importantes leyes como la 15630 del 28 de setiembre de 1965, cuyo reglamento fuera aprobado el 23 de noviembre de 1965, la que reconocía la carrera de Periodista Profesional. Justo el Reglamento de la Ley 15630 dice en su artículo 3ro: “Para ser periodista profesional se requiere cursar estudios superiores de periodismo y optar el correspondiente grado académico en los centros de enseñanza superior de periodismo reconocidos por el Estado”.

Para mayor abundancia, señala en su artículo 6to: “Para ejercer funciones relacionadas con el periodismo en la administración pública, organismos estatales, para-estatales o entidades fiscalizadas, en los campos de relaciones públicas, servicios de información, oficinas de prensa, servicios diplomáticos actividades educativas, es requisito indispensable ser periodista profesional”.

El 1ro. de octubre de 1980 se dio la Ley del Colegio de Periodistas (Ley No. 23221), así como el 30 de setiembre de 1981 se dictaron las Normas Reglamentarias de la Ley del Colegio de Periodistas, Decreto Supremo No. 003-81-COMSA y el 22 de setiembre de 1982 por Decreto Supremo No. 006-82-COMS se aprobaron los Estatutos del Colegio de Periodistas del Perú.

Es anticonstitucional el Artículo resolutivo Primero de la Resolución Defensorial No. 09-98/DP que concluye en que debe modificarse la Ley No. 23221, “precisando que para el ejercicio del periodismo no se requiere la colegiación obligatoria”, bajo el supuesto que afecta la libertad de expresión. De esta manera cualquiera podría ejercer la medicina, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, la psicología, la arquitectura y tantas otras profesiones denominadas liberales.

Ni siquiera Santisteban de Noriega tuvo en cuenta el Código de Ética Profesional aprobado junto con las Normas, especialmente ahora que conocemos cómo se manipuló al periodismo nacional sobornando a los dueños de los medios de información con millonarias sumas: recordemos los casos de los canales 4 y 5 y los llamados diarios chichas.

Todos los peruanos tienen libertad de expresión, pero no por eso pueden ser periodistas. Una cosa es tener derecho a querer comunicarse, a dar opinión, pero fungir de periodista es otra. La Ley Torres y Torres Lara es una aberración, es lo peor que le puede haber sucedido al periodismo nacional. Lo que querían Montesinos y Fujimori era destruir el Colegio de Periodistas.

Hoy la historia se repite a través de la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular (FP) quien con Alejandra Aramayo presentaron un proyecto de ley que busca controlar los medios de comunicación social

“Creo que estamos sobredimensionando los temas. La posición es que es un proyecto bueno y que debe discutirse”, indicó Letona a un canal de señal cerrada, al ser consultada sobre si la norma estaba dirigida hacia el dueño de algún medio en particular.

Sin embargo, la iniciativa indica que solo sería necesario de que la persona, dueña de medio, director periodístico u accionista del medio de comunicación, sea investigada por el Ministerio Público para que sea inhabilitado. Mientras que una persona con una sentencia en primera instancia puede postular al Congreso, según la normativa actual.

“Lo que dice la norma es que hoy no pueden postular quienes tengan una condena. Justamente la labor que cumple la prensa, la labor de los congresistas la cumplimos 130, mientras que en un medio es el directorio o directorio periodístico los que ponen la línea editorial”, señaló Letona.

Artículos relacionados

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Close