VENEZUELA Y EL QUIEBRE DEL ESTADO DE DERECHO

por César Alfredo Vignolo
Periodista

La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por aclamación en la Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001. Los atentados de la misma fecha contra Estados Unidos de América afectaron la aprobación de la Carta.

Fue un mandato de la III Cumbre de las Américas, que se realizó en abril de 2001 en Quebec (Canadá). Allí, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio encargaron a los ministros de relaciones exteriores a preparar una carta que reforzase “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”.

Es reconocida como uno de los instrumentos interamericanos más completos, promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios democráticos entre los Estados de las Américas.

Esta capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas institucionales, repetida y ampliada en la Carta Democrática Interamericana, es inédita en el mundo: aún hoy, sólo en las Américas (la OEA y las organizaciones subregionales que adoptaron la también llamada “clausula democrática”) la contemplan en su acervo jurídico.

La Carta fue fuertemente impulsada por Perú en la OEA desde el gobierno de transición del 2000. Hasta el año pasado, el Capítulo IV de la Carta Democrática fue invocada diez veces. En siete ocasiones se aplicó de manera preventiva para evitar el escalamiento de crisis político-institucionales, que podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático. En otros dos casos la Carta se aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático. Y recientemente y por primera vez, se aplicó en función del artículo 20.

La democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención.

Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.

En el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia.

La democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la OEA de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio.

El Artículo 1ro. de la referida Carta es clarísimo. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Nicolás Maduro dio un autogolpe de Estado en Venezuela. El Poder Judicial, controlado por el chavismo, sentenció que ha asumido todas las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento). Esto le da al Gobierno control sobre todas las decisiones políticas sin necesidad de responderle a nadie.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dicho que cumplirá las tareas legislativas de la Asamblea Nacional mientras esta siga “en desacato”.

Si la OEA activa la carta democrática en Venezuela, esto significaría un aislamiento político y económica para el país vinotinto.

Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez presidente en 1999. Un año después mandó a referéndum la nueva Constitución. Tras su victoria convocó a nuevas elecciones. Desde entonces y hasta su muerte en 2013, siempre tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. Maduro fue elegido como su sucesor ese año, pero en 2015 el oficialismo perdió la mayoría parlamentaria a manos de la oposición, tras 15 años de control. La tensión entre ambos poderes del Estado llegó a su punto más alto este miércoles con la polémica decisión del Poder Judicial venezolano.

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