SOBRE LA “LEY QUE PROTEGE LAS LIBERTADES Y DERECHOS INFORMATIVOS DE LA POBLACIÓN”

Por César Alfredo Vignolo
Periodista

Las empresas periodísticas son entidades particulares sujetas al Código Civil. El Estado como tal no tiene ningún tipo de injerencia en ellas, ya sea en su directorio y/o en la línea editorial.

El Gobierno, a través del Decreto Legislativo No. 1243, estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos -hasta por veinte años o de manera perpetua- a las personas que sean condenadas por delitos de corrupción. La inhabilitación es adicional a la pena de cárcel.

Una persona puede ser condenada, por ejemplo, a ocho años de prisión y tener, aparte, veinte años de inhabilitación para ocupar un puesto en el Estado sea por elección, designación o confianza. La inhabilitación genera la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque este provenga de elección popular.

Además, la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. La inhabilitación será permanente o perpetua cuando los actos de corrupción afecten los programas asistenciales, de apoyo o inclusión social y desarrollo. Es decir, el Sistema Integral de Salud (SIS), Juntos, Pensión 65 y hospitales, pero siempre que el valor del dinero o bienes comprometidos superen las 15 UIT. La inhabilitación será permanente cuando el funcionario actúe dentro de una organización criminal, como integrante o en nombre del grupo.

La “muerte civil” es para los que tengan condena. No aplica a los que tengan denuncias, acusaciones penales o estén en juicio público o con sentencia apelada. Es decir, la inhabilitación aplica a los que sean descubiertos, investigados, juzgados y condenados sin posibilidad de apelar, pues solo el Poder Judicial, a través de una sentencia, puede decir quién es un corrupto.

Así, una persona que sea acusada por la Procuraduría y Fiscalía de ser un corrupto pero luego el Poder Judicial diga que no lo es (ya sea porque efectivamente es inocente o por un tecnicismo legal o falta de pruebas) no será inhabilitado y podrá seguir trabajando en el Estado.

Finalmente, el decreto legislativo prevé crear un Registro Único de Condenados Inhabilitados por Delitos contra la Administración Pública para proteger al Estado de que vuelvan a ingresar al sistema. El registro estará a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir.

Por lo tanto es una aberración constitucional el proyecto de ley No. 1120/2016-CR “Ley que protege las libertades y Derechos Informativos de la Población”, presentado por Alejandra Aramayo, Úrsula Letona, Carlos Domínguez, Glider Ushñahua, Antonio castro y Gilmer Trujillo, ya que bastaba con leer el Artículo 51, referido a la supremacía de la Constitución, que a la letra dice “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente…”

Cabe precisar que uno de igual similitud fue retirado el último día hábil de marzo e ipso facto presentaron otro.

Basta con leer el artículo 2do., “Toda persona tiene derecho a:” inciso 4to. de la Carta Magna, que señala “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

Estas congresistas deberían de abocarse en este sentido contra los canales de televisión, ya que el espacio radioeléctrico nos pertenece a todos los peruanos y los canales de TV se zurran en la Ley de Radio y Televisión, el Código de Ética y el Pacto de Autorregulación.

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