COMISIÓN LAVAJATO CITA A ALCALDE DE LIMA PARA QUE RESPONDA POR BYPASS Y OAS

La comisión parlamentaria que investiga el llamado “caso Lava Jato” citará para fines de octubre o la primera semana de noviembre al alcalde de Lima, Luis Castañeda, con el fin de que brinde información respecto a la decisión de anular el proyecto “Río Verde” y construir en su lugar el polémico bypass de la avenida 28 de Julio.

Esto fue anunciado por lapresidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien dijo que sobre el tema ya han declarado la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, la exfuncionaria municipal Giselle Zegarra, así como muchos otros que conocen las negociaciones realizadas por el municipio limeño y la empresa brasileña OAS, a cargo de esos proyectos.

“Queremos que nos digan qué pasó en este cambio, si era OAS desde un comienzo la que iba a ejecutar las obras, si es que hubo o no coima, que es precisamente lo que estamos investigando”, indicó la legisladora.

La parlamentaria refirió que, además de Luis Castañeda, otra de los personas citadas es la exfuncionaria Cecilia Blume, que llegó a ser asesora de OAS luego de haber sido alta funcionaria en el MEF bajo las órdenes de poedro pablo Kuczynski. También estarán convocados los directivos de la empresa Graña y Montero, que llegó a ser socia de Odebrecht.

Por otro lado, la congresista de Fuerza Popular lamentó que un gran número de invitados aleguen problemas de memoria para no responder preguntas puntuales. “Esperemos que esa pérdida de memoria sea subsanada con documentos y otros testimonios, especialmente con una nueva relación de cooperación con el Ministerio Público”, anotó.

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1 thought on “COMISIÓN LAVAJATO CITA A ALCALDE DE LIMA PARA QUE RESPONDA POR BYPASS Y OAS”

  1. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    CONCESIÓN DE PEAJES POR CASTAÑEDA Y VILLARÁN ES ROBO DEL SIGLO

    *CONGRESO Y FISCALÍA DEBEN DENUNCIAR POR CONCESIONES POR 40 AÑOS DE LOS PEAJES DE LIMA ENTREGADOS POR ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO Y EX ALCALDESA SUSANA VILLARÁN A FAVOR DE MAFIA BRASILEÑA QUE LE GENERAN GANANCIAS POR 10,000 MILLONES DE SOLES

    LUIS CASTAÑEDA Y SUSANA VILLARÁN ENTREGARON CARRETERA PANAMERICANA NORTE Y AUTOPISTA DE EVITAMIENTO CONSTRUIDA CON DINERO DE 30 MILLONES DE PERUANOS A ODEBRECHT Y OAS, SIN HABER EFECTUADO MAYOR INVERSIÓN, Y DEMORARON ENTREGA DE TERRENOS PARA AUMENTAR PEAJES

    El congreso de la república y la fiscalía deben investigar las concesiones por 40 años de los peajes de la capital entregados por el actual alcalde Luis Castañeda Lossio y la ex alcaldesa Susana Villarán a favor de la mafia brasileña que involucra a las empresas OAS y Rutas de Lima relacionadas con Odebrecht, el cual es considerado “el robo del siglo” porque les generan ganancias por 10,000 millones de soles.
    Luis Castañeda y Susana Villarán entregaron la carretera panamericana norte y autopista de Evitamiento, construida con dinero de 30 millones de peruanos, a Odebrecht y Oas, sin haber efectuado mayor inversión, y demoraron la entrega de terrenos para aumentar peajes.
    Estos son hechos que constan en el informe de Contraloría 303-2017, emitido el 1 de junio del 2017, el cual también revela que la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán, le pagó a la empresa constructora brasileña OAS casi 23 millones de dólares por los daños causados, en diciembre del 2012, tras la crecida del río Rímac durante la ejecución de la obra Línea Amarilla.
    El programa “Panorama” indicó anoche, con base en el estudio efectuado por la Contraloría, de las operaciones efectuadas en la obra entre marzo del 2009 y agosto del 2016, que la compañía brasileña pidió la compensación de $22’982,386.72 por un “evento geológico extraordinario”.
    La comuna capitalina aceptó dicha solicitud en octubre del 2014 a través del acta de cierre- trato directo, cuando Susana Villarán ya había perdido las elecciones a las que se presentó para tentar la reelección.
    El órgano de control criticó dicho pago porque, según dijo, OAS no cumplió con hacer impermeable el túnel para que no se filtre el agua y la Municipalidad de Lima tampoco le exigió que usara las técnicas adecuadas para mantener la infraestructura seca. “No correspondía reconocer al concesionario el costo adicional”, indicó la Contraloría en su informe.
    Según el reportaje de “Panorama”, la Contraloría advierte en su informe que el túnel tendría que ser revisado todos los días por el resto de su vida útil. “El túnel no reúne la calidad contratada”, se señala en el documento.
    De esta forma, son innegables las sombras de corrupción que recaen en las gestiones de dos alcaldes de la capital. El informe de Contraloría habla del deterioro del by pass de 28 de julio con grietas al por mayor y una evidente sobrevaloración ya que se inflaron precios de materiales.
    Este fue un nuevo capítulo de sobrevaloración ascendente a 7 millones y medio de soles, y no se trata de sospechas, pues son hallazgos de la Contraloría en los que OAS está involucrada en esta línea de sospechas e irregularidades.
    Castañeda a su vez firmó el contrato cuando debió anularlo en el camino pero quien le dio el impulso fue Susana Villarán quien le dio 40 años de concesión a cambio de nada, ya que le entregó los peajes, nada menos que la llamada “caja de Lima”, por unas cuentas obras.
    La generosidad de Villarán coincide con las investigaciones de las autoridades brasileñas sobre las coimas en las que Oas está involucrada dentro de la red de Odebrecht.
    La contraloría dejó en claro que la empresa brasileña corrupta OAS no cumplió con la impermeabilidad de la obra del túnel a desnivel que cruza el río Rímac y llegó la crecida y varios muros se derrumbaron, y hubo filtraciones por todos lados y Villarán salió a defenderlos, a justificarlos.
    Se acordó pagarle a OAS 22 millones mediante los peajes, se le compensó porque se les vino abajo el túnel del Rímac. En la Contraloría consta que no se hizo la obra con resistencia y entonces la Municipalidad debió pedir que se hicieran estructuras nuevas, y ahora lo que se tiene es un túnel al que hay que supervisar todo el tiempo.
    La gestión Castañeda tampoco exigió la demolición de éste túnel. Se habla del deterioro prematuro de esta obra. Se habla de costos sobreestimados por fisuras por todos lados que son rellenadas permanentemente. Según la contraloría existe desgaste prematuro en el by pass.
    OAS cotizó siempre más y Castañeda se sigue haciendo el loco. Por eso el alcalde de Lima tendrá que responder ante la comisión Lava Jato del Congreso.
    El peaje lo han ido subiendo y sólo le dan al municipio un 7%, una propina y los brasileños se enriquecen y dejan sin recursos al municipio.

    CORRUPTA OAS
    El Ministerio Público sospecha que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió una coima de la constructora OAS, que buscaba obtener mayores beneficios de Línea Amarilla (luego rebautizado como Vía Parque Rímac). Este es un proyecto vial de 16 kilómetros de largo, que unirá el Callao con San Juan de Lurigancho a través de una vía rápida que recorre cinco distritos.
    El contrato original, firmado en 2009 por el entonces alcalde Luis Castañeda, contemplaba una concesión de 30 años, en los cuales OAS cobraría el peaje para recuperar su inversión y obtener beneficios. Sin embargo, en 2013 la gestión Villarán firmó una adenda que extendió la concesión 10 años más, a cambio de mejorar en la obra y en su gestión. Además, la Municipalidad eligió a la empresa brasileña para ejecutar Río Verde, un proyecto a lo largo de cuatro kilómetros del Río Rímac.
    La operación Lava Jato comenzó en 2013 en Brasil. La Justicia descubrió que las principales constructoras nacionales de ese país pagaban sobornos para obtener las más grandes licitaciones públicas de infraestructura. La investigación demostró que ese grupo operaba de la misma manera en el resto del país de América Latina y en otras partes del mundo, como en Suiza y Angola.
    La ruta del dinero. Según una investigación de La República, OAS habría enviado a sus representantes en Perú cerca de US$ 6’150,000, que habría llegado al país un día antes de que se firmara la adenda. Se sospecha que ese dinero se entregó a funcionarios municipales para cerrar el acuerdo. Este lunes, durante su presentación ante la comisión Lava Jato del Congreso, Villarán dijo, una vez más, que no solicitó ni recibió ninguna coima para favorecer a la constructora.
    En marzo de 2013, Susana Villarán enfrentó un proceso revocatorio a través de un referéndum. El Ministerio Público también maneja la tesis de que el dinero de OAS también financió la campaña de la entonces alcaldesa para evitar su destitución, lo cual logró. En octubre de ese año, la Municipalidad también aprobó que OAS inicie el cobro de peajes, pese a que aún no se había ejecutado el 70% de la obra, tal como estaba estipulado en el contrato.
    El delator brasileño Roberto Trombeta dijo a los fiscales de su país que el envió de los 6 millones de dólares al Perú para pagar coimas a funcionarios vinculados al proyecto Vía Parque Rímac.
    Un mal negocio. “La concesión ha sido en extremo lesiva para Lima”, comentó el economista Juan Mendoza en una columna en Perú21 en agosto de este año. “El incremento en los peajes, superior al 50%, no guarda relación con la mejora en la infraestructura o el menor tiempo de viaje. Pero vaya que OAS se ha llenado los bolsillos: habría invertido menos de US$500 millones, pero ya vendió la concesión por US$1,664 millones en agosto de 2016 y recibió al menos US$136 millones en otros ingresos. Así, las ganancias de OAS habrían sido mayores a los US$1,300 millones: una criminal tasa de rentabilidad de 260%”.
    En noviembre de 2014, en los últimos meses de la gestión de Villarán, la Municipalidad aceptó pagarle 142 millones a OAS por no cumplir con la liberación de áreas y la reubicación de los predios para la ejecución de Vía Parque Rímac.
    Cuando Luis Castañeda sucedió a Susana Villarán en el cargo, anuló el proyecto Río Verde y utilizó el dinero para financiar el bypass de la avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima. La obra fue ejecutada por OAS.

    OBRAS ABANDONADAS
    Mientras tanto, las obras en las citadas vías –así como la Vía Expresa Sur, la ampliación de la autopista Ramiro Prialé y el puente de la Av. El Derby– se encuentran paralizadas. Si bien algunas fueron canceladas por la Municipalidad de Lima y actualmente están en medio de procesos judiciales, otras presentan retrasos en su ejecución, y no necesariamente por responsabilidad de las constructoras.
    En el caso de la Av. Javier Prado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, decidió, en julio de este año, anular la concesión, la misma que fue otorgada en 1998 al Consorcio Javier Prado, integrado por Graña & Montero. El burgomaestre adujo “ineptitud e incapacidad para desarrollar el proyecto”.
    Graña & Montero se mostró sorprendida por este anuncio y aclaró, en su momento, que se trató de una medida unilateral, ya que se encontraban en negociaciones para la redacción del contrato. Mientras tanto, la comuna de Lima anunció esta semana la ejecución de obras menores en esa vía, que no necesariamente solucionarán el caos vehicular.
    Otro proyecto cancelado fue el Teleférico de Lima, que iría del parque La Muralla al cerro San Cristóbal. Su construcción fue anunciada en mayo de 2013, pero fue anulada a inicios de 2015.
    En una situación distinta se encuentra la Vía Expresa Sur, que no es otra cosa que la ampliación de la Vía Expresa de Paseo de la República, desde Barranco hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. Esta obra cruzará gran parte de Santiago de Surco y contaría con carriles exclusivos para el Metropolitano.
    Las proyecciones más optimistas señalaban que este proyecto –a cargo del Consorcio Vía Expresa Sur, integrado por Graña & Montero– debería estar listo este año. Sin embargo, el cronograma se ha ampliado por un tema referido a la liberación de terrenos, tarea que está a cargo del municipio metropolitano.
    Fuentes de Graña & Montero indicaron que se vienen haciendo adecuaciones al diseño original para que se incluya una vía por la que irían los buses del Metropolitano –que no estaba contemplado– y por las modificaciones hechas a la Ley de Expropiaciones, la misma que entró en vigencia en enero de este año.
    Sobre la ampliación de la autopista Ramiro Prialé –también llamada Nueva Autopista Central–, Rutas de Lima afirmó que las obras se iniciaron en julio de 2016, pero que a raíz de los huaicos y lluvias por el fenómeno El Niño, se vieron afectados 7 km de vía que se habían ejecutado.
    Además, los tramos de la obra se encuentran ocupados por familias damnificadas que están a la espera de ser reubicadas. La empresa también señaló que la Alcaldía de Lima se encuentra en proceso de expropiación de terrenos.
    Finalmente, en cuanto a la Conexión La Molina-Angamos, que incluye la construcción de un túnel en el cerro Centinela, si bien es un proyecto esperado por años, este fue adjudicado en enero de 2016 a la empresa OHL Concesiones. Actualmente, se encuentran en la fase de redacción del contrato, señaló Ricardo Vega Llona, representante de la mencionada empresa.
    Indicó que están en constantes conversaciones con la comuna capitalina para ejecutar este proyecto, la que ha mostrado interés por que se ejecute. Expresó que el municipio les ha pedido que financien las expropiaciones, por lo que vienen haciendo un replanteamiento económico-financiero de la iniciativa.

    NO HAY EMBARGO
    Pero ayer el Poder Judicial levantó el impedimento de venta del millonario proyecto norteño de Olmos, medida que dará luz verde a Odebrecht para que lo venda a otra trasnacional y proceda a llevarse todo el dinero, burlándose otra vez del país.
    La empresa brasileña Odebrecht podrá vender los activos que posee en las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A., a cargo de las operaciones del proyecto Olmos ya que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) revocó una prohibición que impedía a la constructora vender su proyecto de irrigación en Lambayeque a un consorcio integrado por la canadiense Brookfield y la francesa Suez.
    El impedimento, ordenado por la procuradora del Estado Katherine Ampuero —que fue despedida en julio—, había detenido la operación acordada en noviembre entre Odebrecht, Brookfield y Suez.
    En dicho mes, Ampuero solicitó una orden que impedía a la firma la venta de acciones en Olmos. La solicitud fue admitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del PJ.
    Odebrecht busca deshacerse de algunos activos en Perú para afrontar el pago de reparaciones civiles por un escándalo de corrupción y obligaciones con sus acreedores.
    En la resolución publicada por el Poder Judicial, la Sala señala que la medida que prohibió la venta de activos a Odebrecht “no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil”. De mantenerse, apunta que esta “generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos”.
    La revocación de la medida dispuesta en julio pasado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue solicitada por la defensa legal de la firma brasileña, así como por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht a cargo de Jorge Ramírez Ramírez.
    Según la sentencia, el colegiado sostiene que la medida de inhibición para este caso concreto, no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil y que de mantenerse, generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos.
    El fallo en primera instancia soslayó las consecuencias colaterales negativas de orden económico y social para el país, además de colisionar con el artículo 58 de la Constitución. Durante la audiencia, realizada en agosto pasado, las partes coincidieron en recalcar que lo dictado en primera instancia perjudica el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de Odebrecht, empresa investigada en nuestro país por actos de corrupción en la licitación de obras públicas.

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