LAVA JATO: GRAÑA NO DEMANDARÁ A BARATA POR DELATARLO COMO CORRUPTO

José Graña Miroquesada, accionista de la constructora Graña y Montero y del diario El Comercio, intentó negar su vínculo con sobornos de su exsocio Odebrecht, pero admitió que, a pesar de que lo acusaron de corrupto y se quedaron sin ganancias en el Gasoducto del Sur, no los denunciará penalmente.

“Antes ya hemos aclarado. Lo que el señor (Jorge) Barata dijo, no se ajusta a la verdad. Es difícil probar que uno no sabía nada. Porque si no sabes nada, no tienes cómo justificarlos”, sostuvo ante la Comisión Lava Jato.

“El resto de empresas sí tenían conocimiento”

El empresario peruano había sido convocado para que explique detalles de cómo se realizó todo para la Carretera Interoceánica Sur, la cual fue exonerada del SNIP y de una prohibición para que su entonces socio Odebrecht pueda invertir y ganar dinero con ella.

En marzo, Jorge Barata, ejecutivo brasilero quien había gestionado diversas asociaciones público-privadas, había declarado al fiscal Hamilton Castro que Graña y Montero, así como ICCGSA y JJ Camet, habían puesto parte del dinero con la cual se sobornó a altos funcionarios. A continuación, lo revelado entonces por Hildebrandt en sus trece.

Toledo dirigió firma de Interoceánica Sur (Foto: Caretas)

Fiscal.- ¿Cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3?

Barata.- El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que corresponde.

En otro momento de la sesión, Mauricio Mulder le preguntó a Graña Miroquesada cómo se podía entender que él afirme que las acusaciones en su contra son mentira, y que incluso asegure tener pérdidas económicas por el frustrado Gasoducto del Sur, pero no presente demanda ni denuncia alguna para reparar su imagen y finanzas.

Congresista Aramayo hizo que Graña revelara episodio con Nadine

“Estuvimos analizando denunciar a Odebrecht. Sin embargo, vimos que era un tema más complejo del que pensábamos”, se excusó el también accionista de El Comercio.

Ante consultas de Alejandra Aramayo, reveló que cuando dirigía Graña y Montero y el decano de la Prensa al mismo tiempo, Nadine Heredia lo convocó a Palacio de Gobierno para reclamarle por una noticia.

Se había publicado que ella había violado el protocolo diplomático en Chile, donde había ido acompañando a su esposo, el entonces presidente Ollanta Humala.

Exsocio de Odebrecht sonríe: Fiscalía no le abrió investigación

El accionista de Graña y Montero refirió que con los brasileros se acordaron unos “honorarios de liderazgo” respecto a las ganancias proyectadas en la Interoceánica Sur -tramos 2 y 3- pero que finalmente su constructora solo ganó el 3 %, alrededor de 12 millones de dólares.

Finalmente, se le preguntó cuál es su actual estado jurídico, ya que en marzo la entonces procuradora ad hoc Katherine Ampuero pidió al Ministerio Público que lo investigue penalmente por sus vínculos comerciales con Odebrecht.

“Al tomar conocimiento, enviamos una carta ofreciendo colaboración a la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía no nos ha requerido ni ha abierto la investigación. Nosotros preferimos salir del problema rápido”, acotó el amigo de Alan García.

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2 thoughts on “LAVA JATO: GRAÑA NO DEMANDARÁ A BARATA POR DELATARLO COMO CORRUPTO”

  1. ESTE PAIS DE MIERDA!! ES UNA VERGUENZA!!.. como es posible que no haya ninguna denuncia contra este CORRUPTO!! PEPE GRAÑA MIROQUESADA!!.. la verdad que el poder jucial es una reverenda mierda!!.. esta sometido al poder economico!!.. este sinverguenza es socio en el PERU de ODEBRECHT!!.. MIENTRAS ODEBRECHT robaba a su antojo este sinvetguenza no se daba cuenta de nada.. osea ODEBRECHT solito robaba!! no le daba cuentas a nadie..no le decia nada a su socio!!.. el representante general de ODEBRECHT en el PERU ya lo dijo ante las autoridades brasileñas.. JORGE BARATA lo dijo claro en su manifestacion ante jueces brasileños que SUS SOCIOS PERUANOS DE GRAÑA Y MONTERO.. SABIAN DE LAS COIMAS Y LOS SOBORNOS que ellos hacian en el PERU!!
    ERAN UÑA Y MUGRE ESTOS 2 DELINCUENTES!!
    este sujeto tiene una corona impresionate.. ningun juez lo acusa!
    el poder judicial se hace de la vista gorda con este empresario delincuente!!.. acusan a OLLANTA , NADINE , ALAN , TOLEDO pero a este EMPRESARIO NADA!!!.. Y EN TAN COBARDE ESTE MISERABLE PEPE GRAÑA MIROQUESADA que tiene la cobardia de decir que no hara nada en contra de JORGE BARATA!!.. cuando este ya lo acuso de CORRUPTO igual que el!!.. TARDE O TEMPRANO ESTE MISERABLE DE FRANCISCO GRAÑA MIROQUESADA tendra que ir a un juicio!!a responder sobre la corrupcion de ODEBRECHT!!
    Y LO QUE MAS COLERA DA ES QUE ESTE MISERABLE EMPRESARIO ES COMO UN EJEMPLO EN ESTE PAIS..DE COMO HACER EMPRESA!!
    cuando un simple brasileño CORRUPTO como JORGE BARATA le mancha su triste honra!!.. este sujeto cobarde de PEPE GRAÑA MIROQUESADA (dueño del 80% de todos los medios de comunicacion del peru) se acobarda ante BARATA (quien es un funcionario mas de ODEBRECHT).. NO LE VOY HACER UNA DEMANDA A BARATA!! DICE ESTE EMPRESARIO COBARDE Y CORRUPTO!!.. ESTE ES EL TIPO DE EMPRESARIO QUE TENEMOS..VIENE CUALQUIER HUEVON DE AFUERA Y LOS PISA COMO SI FUERAN SUS GALLOS!!!! VERGUENZA DE EMPRESARIO!!!!

  2. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    EMBARGUEN A ODEBRECHT

    *INCREÍBLE, GOBIERNO, PPK Y EX MINISTRA DE JUSTICIA PERMITEN QUE ODEBRECHT VENDA CONCESIONES Y PROYECTOS Y HASTA LA FECHA NO HAN SOLICITADO EMBARGOS

    *FISCALÍA Y PROCURADURÍA DEBEN DEFENDER DERECHOS Y PATRIMONIO DE PERUANOS QUE FUERON ROBADOS POR ODEBRECHT EN COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS DE TOLEDO, ALAN GARCÍA, HUMALA Y FUJIMORI
    *HASTA LA FECHA EL GERENTE DE ODEBRECHT NO HA SIDO DENUNCIADO POR LA FISCALÍA NI TIENE PROCESO

    El clamor en el país es proceder al embargo de Odebrecht para recuperar el patrimonio de millones de peruanos que fueron robados por esta corrupta trasnacional brasileña en complicidad con los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Alberto Fujimori y se impone que la fiscalía y la procuraduría actúen ya para defender los derechos del estado peruano pues hasta la fecha el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, no ha sido ni denunciado por la fiscalía ni tiene proceso alguno, ni embargo a sus bienes ni nada, en comparación con lo que ocurre con un simple ciudadano cuando comete el más mínimo delito contra el estado.
    Por todo esto, resulta increíble que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, permiten que Odebrecht venda concesiones y proyectos, como el lunes ocurrió con Olmos en Lambayeque, y hasta la fecha no han solicitado embargo alguno
    Como se recuerda, en noviembre pasado, Odebrecht confesó a la justicia de Estados Unidos que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de dólares a funcionarios de distintos gobierno para obtener licitaciones de obras públicas en Perú.
    Tal como lo había denunciado la ex procuradora Katherine Ampuero, antes de ser echada por el gobierno que se puso la camiseta de Odebrecht, la Fiscalía solo investiga a 2 de las 54 empresas del consorcio Odebrecht y eso impide que sean comprendidas como sujetos pasivos de una acción penal que permita dictar medidas como la desaparición de documentos y la venta de sus activos.
    “[Estas] han obtenido la buena pro de megaproyectos en base al pago de coimas, donde no solo Odebrecht se ha visto beneficiada, sino todas las empresas que han conformado consorcios con esta empresa brasilera. A partir de ahí, estamos viendo que el Ministerio Público no está incluyendo en calidad de investigadas ni a la empresa Odebrecht ni tampoco a las otras empresas peruanas que han sido beneficiadas”, subrayó Ampuero en una valiente declaración que sustentó con pruebas la cual le costó el cargo.
    “No están como sujetos pasivos de la acción penal. El único proceso judicializado es donde está dos de las 54 empresas que conforman el grupo económico Odebrecht, solo dos están en un proceso en calidad de tercero civil y a pedido de la Procuraduría, y el resto no”, puntualizó entonces.
    Ampuero Meza había subrayado que detrás de los megaproyectos se puede observar que se han cometido hechos ilícitos, pero cuestionó el hecho de que no se haya incluido a las compañías que integran el consorcio. Refirió que no conocen cuál es el tenor del acuerdo entre la Fiscalía de Perú y la constructora brasilera.

    CON LA CAMISETA DE ODEBRECHT
    No era una semana cualquiera. Ampuero, había programado una reunión con los representantes de Odebrecht para informarles cuál sería el monto de la reparación económica por los perjuicios económicos generados al Perú con el pago de sobornos a cambio de la ejecución de proyectos millonarios. Pero la cita no se concretó. La compañía envió una carta informando que no podía asistir, asegura Ampuero. Sin embargo, traería otras novedades en vivo y en directo: la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó la salida de la procuradora Ampuero y de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe.
    Pérez Tello explicó entonces que “perdió la confianza” en el trabajo de Ampuero por decisiones tomadas sobre el proyecto de irrigación Olmos que ayer obtuvo luz verde para ser vendida por Odebrecht. Ella fue la procuradora que solicitó ante el Poder Judicial que se prohíba a cualquier representante de Odebrecht transferir acciones de sus concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A. con el propósito de que el Estado pueda asegurar el cobro de una reparación civil por los hechos ilícitos.
    Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que superaría los mil millones de soles por los sobornos relacionados a cuatro obras. Para Ampuero era insuficiente el decreto de urgencia 003-2017 que aprobó el Ejecutivo para que empresas condenadas por actos de corrupción o que admitan haberlos cometido contra el Estado, en forma directa o en consorcio, no puedan vender sus bienes o transferir al extranjero sus ganancias o utilidades. La medida estaba vigente solo hasta febrero de 2018, denunció Príncipe. Con eso se corría el riesgo que Odebrecht pueda vender todos sus activos sin pagar la reparación civil al Estado, aseguró la saliente procuradora. Y los hechos hoy le dan la razón.
    El 6 de julio, el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de Ampuero, quien asegura que esto permitía “que cualquier acreedor de Odebrecht pida un préstamo o de como garantía las acciones de Olmos”. En respuesta, la empresa difundió un comunicado para informar que dicha medida bloqueaba la posibilidad de vender las obras del proyecto y con ello “los flujos necesarios para recuperar la cadena de pago y proceder al pago de la reparación civil al Estado”.
    Por esos días, Ampuero asegura que tuvo una reunión con los representantes de la empresa en la que le manifestaron que podían asumir el pago de una reparación de 60 millones de dólares. “Era una suma irrisoria por todos los hechos ilícitos que han cometido, supuestamente el doble de la coima pagada en Perú”, señala en entrevista.
    Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que, según indicó a este medio luego de conocerse su salida de la Procuraduría, supera “los mil millones de soles” por los sobornos relacionados solo a la carretera Interoceánica, Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco. “Mi trabajo ha incomodado mucho a algunas personas”, aseguró Ampuero.
    Y recién el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró improcedente el pedido de prescripción por tráfico de influencias solicitada por Jorge Barata, ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, que es investigado por pago de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo. El Poder Judicial informó que Ricardo Manrique tomó esta decisión al considerar que el delito que se atribuye a Barata no ha sido delimitado por la Fiscalía en forma adecuada.
    La resolución de Manrique señala que, ante tal situación, “no es posible” —por parte de su despacho— “emitir un pronunciamiento de fondo” sobre este caso “en aras de proferir una decisión y adecuada a un debido proceso”.
    ?La defensa legal del ex ejecutivo brasileño había demandado, en audiencia previa, declarar fundada su solicitud al señalar que el ilícito por tráfico de influencias habría prescrito en el 2010, cuando supuestamente la firma Odebrecht acordó pagar $20 millones a Toledo a cambio de ganar la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

    NO HAY EMBARGO
    Pero ayer el Poder Judicial levantó el impedimento de venta del millonario proyecto norteño de Olmos, medida que dará luz verde a Odebrecht para que lo venda a otra trasnacional y proceda a llevarse todo el dinero, burlándose otra vez del país.
    La empresa brasileña Odebrecht podrá vender los activos que posee en las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A., a cargo de las operaciones del proyecto Olmos ya que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) revocó una prohibición que impedía a la constructora vender su proyecto de irrigación en Lambayeque a un consorcio integrado por la canadiense Brookfield y la francesa Suez.
    El impedimento, ordenado por la procuradora del Estado Katherine Ampuero —que fue despedida en julio—, había detenido la operación acordada en noviembre entre Odebrecht, Brookfield y Suez.
    En dicho mes, Ampuero solicitó una orden que impedía a la firma la venta de acciones en Olmos. La solicitud fue admitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del PJ.
    Odebrecht busca deshacerse de algunos activos en Perú para afrontar el pago de reparaciones civiles por un escándalo de corrupción y obligaciones con sus acreedores.
    En la resolución publicada por el Poder Judicial, la Sala señala que la medida que prohibió la venta de activos a Odebrecht “no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil”. De mantenerse, apunta que esta “generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos”.
    La revocación de la medida dispuesta en julio pasado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue solicitada por la defensa legal de la firma brasileña, así como por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht a cargo de Jorge Ramírez Ramírez.
    Según la sentencia, el colegiado sostiene que la medida de inhibición para este caso concreto, no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil y que de mantenerse, generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos.
    El fallo en primera instancia soslayó las consecuencias colaterales negativas de orden económico y social para el país, además de colisionar con el artículo 58 de la Constitución. Durante la audiencia, realizada en agosto pasado, las partes coincidieron en recalcar que lo dictado en primera instancia perjudica el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de Odebrecht, empresa investigada en nuestro país por actos de corrupción en la licitación de obras públicas.

    OBRAS ABANDONADAS
    Mientras tanto, las obras en las citadas vías –así como la Vía Expresa Sur, la ampliación de la autopista Ramiro Prialé y el puente de la Av. El Derby– se encuentran paralizadas. Si bien algunas fueron canceladas por la Municipalidad de Lima y actualmente están en medio de procesos judiciales, otras presentan retrasos en su ejecución, y no necesariamente por responsabilidad de las constructoras.
    En el caso de la Av. Javier Prado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, decidió, en julio de este año, anular la concesión, la misma que fue otorgada en 1998 al Consorcio Javier Prado, integrado por Graña & Montero. El burgomaestre adujo “ineptitud e incapacidad para desarrollar el proyecto”.
    Graña & Montero se mostró sorprendida por este anuncio y aclaró, en su momento, que se trató de una medida unilateral, ya que se encontraban en negociaciones para la redacción del contrato. Mientras tanto, la comuna de Lima anunció esta semana la ejecución de obras menores en esa vía, que no necesariamente solucionarán el caos vehicular.
    Otro proyecto cancelado fue el Teleférico de Lima, que iría del parque La Muralla al cerro San Cristóbal. Su construcción fue anunciada en mayo de 2013, pero fue anulada a inicios de 2015.
    En una situación distinta se encuentra la Vía Expresa Sur, que no es otra cosa que la ampliación de la Vía Expresa de Paseo de la República, desde Barranco hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. Esta obra cruzará gran parte de Santiago de Surco y contaría con carriles exclusivos para el Metropolitano.
    Las proyecciones más optimistas señalaban que este proyecto –a cargo del Consorcio Vía Expresa Sur, integrado por Graña & Montero– debería estar listo este año. Sin embargo, el cronograma se ha ampliado por un tema referido a la liberación de terrenos, tarea que está a cargo del municipio metropolitano.
    Fuentes de Graña & Montero indicaron que se vienen haciendo adecuaciones al diseño original para que se incluya una vía por la que irían los buses del Metropolitano –que no estaba contemplado– y por las modificaciones hechas a la Ley de Expropiaciones, la misma que entró en vigencia en enero de este año.
    Sobre la ampliación de la autopista Ramiro Prialé –también llamada Nueva Autopista Central–, Rutas de Lima afirmó que las obras se iniciaron en julio de 2016, pero que a raíz de los huaicos y lluvias por el fenómeno El Niño, se vieron afectados 7 km de vía que se habían ejecutado.
    Además, los tramos de la obra se encuentran ocupados por familias damnificadas que están a la espera de ser reubicadas. La empresa también señaló que la Alcaldía de Lima se encuentra en proceso de expropiación de terrenos.
    Finalmente, en cuanto a la Conexión La Molina-Angamos, que incluye la construcción de un túnel en el cerro Centinela, si bien es un proyecto esperado por años, este fue adjudicado en enero de 2016 a la empresa OHL Concesiones. Actualmente, se encuentran en la fase de redacción del contrato, señaló Ricardo Vega Llona, representante de la mencionada empresa.
    Indicó que están en constantes conversaciones con la comuna capitalina para ejecutar este proyecto, la que ha mostrado interés por que se ejecute. Expresó que el municipio les ha pedido que financien las expropiaciones, por lo que vienen haciendo un replanteamiento económico-financiero de la iniciativa.

    FISCAL DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *FISCAL HAMILTON CASTRO NO HA FORMALIZADO INVESTIGACIÓN CONTRA PRINCIPAL COIMERO JORGE BARATA
    *INCREÍBLE, ORDENA A PROCURADOR QUE SE DESISTA DE INMOVILIZACIÓN DE PROYECTOS, BIENES, MAQUINARIAS QUE SERÁN TRANSFERIDAS A OTRA MULTINACIONAL
    *NO SE HA DENUNCIADO NI PROCESADO A NINGÚN GERENTE DE ODEBRECHT Y LA REPARACIÓN CIVIL ESTÁ AL DESCUBIERTO

    La impunidad que la Fiscalía le viene dando a la corrupta constructora brasileña Odebrecht es un escándalo y hasta ahora el fiscal Hamilton Castro no ha formalizado la investigación contra el principal coimero involucrado: Jorge Barata.
    De esta forma, resulta increíble que se haya ordenado al procurador para que se desista de inmovilizar proyectos, bienes y maquinarias que están listas para ser transferidas a otra multinacional, y tampoco se ha denunciado ni procesado a ningún gerente de Odebrecht en el país mientras la reparación civil continúa al descubierto.
    Como se recuerda, en la declaración completa que dio Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, las mismas que dio al fiscal Hamilton Castro, en Brasil, sobre pagos de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala, una de las preguntas que figuran en el “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (rotulado como, Barata declara que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3), tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario.
    Estas declaraciones fechadas y con datos exactos incluso irían directamente a la participación de Pedro Pablo Kuczynski en estas oscuras y repudiables negociaciones, y esto podría haber motivado las supuestas presiones y falta de apoyo presupuestario para que las fiscalías encargadas de las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht aletarguen su accionar posiblemente en busca de no llegar al fondo de la verdad. El objetivo de fondo sería encubrir e impedir que Barata siga hablando. Por eso el fiscal le da impunidad.
    Hace meses que el Ministerio Público insinúa que está cerrado el caso de las denunciadas y coimas pagadas por las empresas constructoras brasileñas a funcionarios y autoridades peruanas, y ello coincide con la flexibilización que se está entregando al principal testigo en este tema, que no es otro que Jorge Barata.
    En efecto, fuentes del Ministerio Público han venido dando a entender que ya no hay más información que compartir respecto a los sobornos y negocios que la constructora brasileña realizó en el país. Esto lo dice pese a que Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, hasta ahora no ha ahondado en detalles respecto a las relaciones de la empresa con el ex presidente Alan García y el propio PPK.
    Tampoco quieren que Barata profundice en torno a la relación entre Odebrecht y la constructora Graña y Montero, y el contexto coincide con la decisión de la Fiscalía, a cargo de Hamilton Castro, de rechazar el pedido de la Procuraduría ad hoc de incluir dentro de los investigados al empresario José Graña Miró Quesada, quien además es el accionista mayoritario del influyente diario El Comercio.
    Y otra persona que tampoco recibe atención debida en esta historia es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a que era ministro cuando el gobierno de Alejandro Toledo brindó facilidades a Odebrecht para adjudicarse el millonario proyecto de la carretera Interoceánica Sur, por el que ya los representantes de la firma brasileña confesaron que pagaron sobornos al referido ex mandatario.
    Y ni qué decir del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la ex alcaldesa Susana Villarán, otra que quiere pasar desapercibida en la actual coyuntura pese a que en su gestión entregó concesiones a las firmas brasileñas por varios millones de dólares, aceptando incluso los cobros de peaje que el pueblo de Puente Piedra rechazó violentamente en enero pasado. Hamilton Castro también ha sido tímido con el ex mandatario Alan García, a quien ahora se lo ha incluido en la relación de investigados por la contratación de Odebrecht para construir la Línea 1 del Metro de Lima, y las pesquisas lo involucran en delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
    Lo que está causando extrañeza por decir lo menos son los llamativos beneficios legales que viene concediendo la Fiscalía, a través de Hamilton Castro, a Jorge Barata. De hecho, desde el 7 de marzo, el fiscal solicitó no incluir al brasileño como investigado en lavado de activos, sino solo en tráfico de influencias por participar en los sobornos a Toledo.

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