MERCEDES ARÁOZ JUSTIFICA QUE PPK NO ACUDA A COMISIÓN “LAVA JATO”

Para presidenta del Consejo de Ministros, la Constitución blinda al jefe de Estado ante investigaciones o requerimientos de información

En declaraciones recogidas por Correo, la premier Mercedes Aráoz defendió la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga las actividades de Odebrecht y otras empresas brasileñas en el Perú, esto al recordar que la Constitución es clara en proteger al jefe de Estado de toda investigación durante su mandato.

“Él está en todo su derecho de no asistir, porque así lo define la propia Constitución, y a enviar respuestas (mediante un escrito). él está abierto a todas las preguntas y a repreguntas también, por el mismo medio”, declaró.

Sobre lo afirmado por Kuczynski y los calificativos que hizo respecto a que la comisión investigadora era un “circo”, Aráoz intentó traducir al mandatario y señaló que no se refería al Congreso como institución sino al mal momento vivido en una diligencia anterior con los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

“Volvemos a insistir, nosotros respetamos la libertad del Parlamento, totalmente, y creemos que por eso el presidente va a contestar de manera adecuada a través de las fórmulas escritas. Así se respetará también la figura presidencial”, dijo.

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1 thought on “MERCEDES ARÁOZ JUSTIFICA QUE PPK NO ACUDA A COMISIÓN “LAVA JATO””

  1. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    PROINVERSIÓN ESTÁ PODRIDA

    *MINISTROS, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y ASESORES DE GOBIERNOS DE FUJIMORI, ALAN, TOLEDO, HUMALA Y PPK FAVORECIERON A EMPRESAS TRASNACIONALES DE MANERA CONCERTADA
    *USANDO LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, LOS CONTRATOS DE CHINCHERO, GASODUCTO Y OTROS SE ELABORARON PARA DEFRAUDAR AL ESTADO.
    *LA CONTRALORÍA DEBE AUDITAR Y DENUNCIAR TODOS LOS CONTRATOS DE APP PARA TERMINAR CON ROBOS

    No cabe duda que Proinversión es una entidad que está seriamente cuestionada pues hoy se sabe que varios ministros, viceministros, directores y asesores de los gobiernos de Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK favorecieron a muchas empresas trasnacionales de manera concertada, usando las asociaciones público-privadas para elaborar los contratos de chinchero, gasoducto y otros, de manera fraudulenta, con el objetivo de perpetrar robos al estado.
    Es evidente que el medio principal, no el único, para la corrupción de los últimos tiempos ha estado estrechamente vinculado con las Asociaciones público privadas (APP). También hay que reconocer que, si bien estas hicieron posible una razonable prestación de servicios respecto de la caótica década de los ochenta, la mayoría tuvo problemas y enfrentan limitaciones para el futuro. La lista de APP con problemas es larga: aeropuerto de Chinchero, Gasoducto Sur Andino, IIrsa´s, Línea 2 del Metro, Terminal Norte y Sur del Puerto del Callao, vía urbana de Puente Piedra, entre otras. Aún la emblemática concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene serios problemas en sus accesos al privilegiar áreas de estacionamiento, excesiva contaminación visual, elevados costos y faltan indicadores para la mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
    Cabe señalar que la norma promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el fin de dinamizar las inversiones contiene además varios artículos que, en opinión de legisladores de la Comisión de Constitución del Congreso, apuntan claramente a blindar futuros actos de corrupción. Se trata del Decreto Legislativo 1251, publicado en El Peruano el 30 de noviembre de 2016, en el marco de las facultades legislativas.
    Uno de los artículos más polémicos es el 38-A, que permite al Estado pagar un seguro de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, en favor de los funcionarios que tomen decisiones en temas de proyectos de inversión. Textualmente, el artículo señala: “Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad responsable de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión (…)”.
    En opinión de los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Yonhy Lescano (Acción Popular), este decreto es un claro blindaje para los actos de corrupción. “El Estado va a pagar incluso situaciones en las que se ha actuado con dolo”, lamentó el congresista Lescano.
    Por otro lado, el decreto establece que los informes previos de la Contraloría, sobre los contratos de Asociación Público Privada, no serán vinculantes. Lo mismo ocurre con los organismos reguladores, cuyos informes tampoco tienen carácter vinculante. “Flexibilizan los mecanismos de control para hacer lo que les da la gana. Eso pasó con el contrato para el aeropuerto de Chinchero y por eso la presidenta de Ositran ha renunciado”, insistió Lescano.
    El Decreto Legislativo 1251 y su reglamento deberían ser útiles para mejorar los problemas estructurales del sistema y hacer frente a la corrupción. Pero no es así.
    Hay algunas mejoras con esta norma, pero sólo hay promesas cuando se señala que se plantearían reglas que reduzcan al mínimo los espacios para ofertas temerarias o colusión de postores.
    Las normas hacen agua al formalizar el abandono de la práctica internacional del comparador público-privado (CPP) que selecciona la alternativa de mejor calidad al menor costo. Ahora se supone equivocadamente que la APP es superior a su opción como obra pública. El CPP se sustituye por unos criterios de elegibilidad difusos que antes elaboraba el MEF y ahora prepararía Proinversión en un claro conflicto de interés. ¿Se trata de colocar proyectos o priorizar el interés público?

    PPK PROTEGE A TOLEDO

    *GOBIERNO POLITIZA Y COMPLICA PROCESO DE EXTRADICIÓN A EFECTOS DE QUE TOLEDO PUEDA RECURRIR A LA PRESCRIPCIÓN DE SUS DELITOS, COMO LO HIZO ALAN GARCÍA EN EL AÑO 2000
    *DEFENSA DEL ESTADO PERUANO EN ESTADOS UNIDOS ESTÁ ABANDONADA POR ORDEN DEL GOBIERNO

    No cabe duda de que el gobierno del presidente Kuczynski está dando protección al ex presidente Alejandro Toledo, de cuyo gobierno aquel fue primer ministro, en el proceso de extradición para que responda ante la justicia peruana por los sobornos que recibió de la corrupta multinacional Odebrecht y por el caso Ecoteva.

    El gobierno de PPK politiza y complica el proceso para extraditar al ex líder chakano a efectos de que pueda recurrir a la prescripción de sus delitos, como lo hizo Alan García en el año 2000 y la razón sería de que Toledo tendría información clave contra PPK la cual daría de ser traído al país desatando un terremoto político que perjudicaría enormemente al actual mandatario. Es por eso que hoy por hoy la defensa del estado peruano en los Estados Unidos se encuentra abandonada por orden del gobierno.
    Mientras el proceso al ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva sigue entrampado, en la otra orilla, en la investigación del Caso Odebrecht, se ha encontrado en Josef Maiman al último eslabón para cerrar el círculo contra el ex mandatario.
    Fuentes del Ministerio Público señalaron que el empresario israelí ya dio detalles sobre cómo llegó a sus cuentas bancarias el dinero de los sobornos que la constructora brasileña afirma haber entregado a Toledo por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica.
    Según su declaración a la fiscalía, el dinero de las coimas fue enviado de cuentas que tenía en bancos de diferentes países a Confiado International Corp. (‘offshore’ del empresario en Suiza). Luego fue depositado en tres ‘offshores’ constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group.
    Actualmente, el equipo especial del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, está corroborando la información brindada por Maiman. “La idea es hacer la corroboración en el menor tiempo posible. Antes de que acabe el año debe haber concluido [todo lo referente a Maiman] y, sin duda, servirá para la extradición o para el posible arresto [de Toledo]”, comentaron fuentes fiscales. La fiscalía debe tomar otra declaración y, además, está a la espera de que el empresario israelí adjunte la documentación que acredite cómo se trianguló el dinero hacia Confiado International Corp.
    Como se recuerda, por información de Odebrecht el equipo especial anticorrupción de la fiscalía solo había tenido documentación que confirmaba el traspaso a Maiman de $9’626,010 de los $20 millones que la constructora declaró haber entregado a Alejandro Toledo. Maiman ha prometido dar las pruebas de otros $8 millones entregados por Odebrecht, más el dinero que Toledo también habría recibido de la constructora brasileña Camargo Correa. Con esto, la fiscalía anticorrupción completará el circuito de cómo, desde las cuentas de Maiman, el dinero fue trasladado de Suiza a Costa Rica y luego al Perú, donde a través de la empresa Ecoteva se compraron inmuebles (a través de Eva Fernenbug) y se pagaron las hipotecas de las viviendas de Toledo.

    ACUMULACIÓN DE PRUEBAS
    Como se ha indicado, el equipo de Castro espera poder concluir todo este proceso en los próximos tres meses y luego pedir la extradición de Toledo ante la justicia de Estados Unidos (para pedir la extradición se necesitan más documentos y requisitos que para solicitar el arresto). Para esto, y teniendo en cuenta que el cierre del caso se realiza con las pruebas que ya existen en el Caso Ecoteva, fuentes del Ministerio Público han coincidido en que resulta imperativo adjuntar parte de las pruebas existentes en la investigación de Ecoteva, que está en manos de la fiscal de lavado de activos Manuela Villar.
    Hace unos días, el fiscal Castro declaró al canal del Ministerio Público que Estados Unidos tiene un sistema de justicia muy complicado, que “exige mostrar la ruta del lavado”. Castro puntualizó que Toledo y Odebrecht son investigados en su despacho por el delito previo; es decir, la fuente ilícita de dónde provino la coima pagada al ex presidente, así como los actos de colocación del dinero ilícito. La otra fase de la investigación, que es propiamente el lavado de activos y que se configura con la compra de bienes que realizó el ex mandatario a través de su suegra Eva Fernenbug, dijo, está en el Caso Ecoteva. “Lo que tenemos que hacer es ser capaces de unir, no los procesos, sino las pruebas, los elementos de convicción para ajustarse a los estándares que exige Estados Unidos”, declaró Castro en esa ocasión.
    Ante ello, Castro se encuentra coordinando la manera más adecuada para que ese extremo del Caso Ecoteva se anexe a su investigación, indicaron las fuentes. Por tanto, recalcaron que no es conveniente que la segunda orden de detención con fines de extradición contra Toledo, por el Caso Ecoteva, sea enviada a la justicia de EE.UU. de manera separada, ya que la justicia norteamericana solo quiere “que se cierre el círculo contra Toledo”.
    Lo que se plantea es que, paralelamente a la declaración brindada por Maiman contra Toledo, las fiscalías de los casos Odebrecht y Ecoteva unan esfuerzos. Sobre todo, comentaron las fuentes, porque en el Caso Ecoteva la situación se ha visto complicada luego de que el titular del Juzgado Penal 16 de Lima, Abel Concha, pidiera a la fiscal Villar sustentar cómo es que el dinero que recibió Ecoteva de la ‘offshore’ Confiado se conecta con los ocho delitos fuente –entre ellos las coimas de Odebrecht– que ha planteado en su acusación contra Toledo y otras personas.
    Sin embargo, desde la fiscalía de lavado de activos han insistido en que el juez Concha no tiene competencia para solicitar, en esta etapa, la probanza de los hechos. Por el contrario, remarcaron, el juez debe remitir de una vez el cuaderno de detención contra Toledo hacia EE.UU. Será el Departamento de Estado norteamericano, explicaron, el que debe definir “qué caso está completo: si el de Odebrecht o el de Ecoteva, o termine unificando los casos allá”.
    Aclararon que las ocho imputaciones que plantearon al inicio contra Toledo y que el juez Concha cuestiona “pueden ir mutando, pues las hipótesis se comprueban o se desechan”. Asimismo, discreparon de la posición del fiscal Castro, al remarcar que la justicia de EE.UU. no pide probar los hechos. “Solo requieren de un caso sólido”, indicaron. Recordaron que el pedido del Caso Odebrecht, a pesar de ya haber sido enviado a EE.UU., aún no ha sido tramitado, “por ello es necesario que se envíe el Caso Ecoteva”. Lo cierto es que han pasado ocho meses y Toledo continúa libre en EE.UU., mientras que en el Perú ninguna autoridad judicial define cómo es que lograrán detener al ex presidente.
    En febrero, el Estado Peruano envió a Estados Unidos el pedido de detención con fines de extradición de Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht. Esto luego de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para el ex mandatario. En ese mismo mes, el Departamento de Estado de EE.UU. devolvió la solicitud para detener a Toledo. Se subsanó y se reenvió una vez más al país norteamericano. En abril, el Juzgado Penal 16 de Lima ordenó la detención y prisión preventiva para Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva. En este caso, el pedido de detención con fines de extradición a Estados Unidos aún no se envía. En agosto se conoció públicamente que el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo, se acogió a la colaboración eficaz.

    LOBBIES Y CORRUPCIÓN
    Por otra parte, se abre la puerta a los lobbies cuando la mitad de los miembros de su Consejo directivo no serían funcionarios públicos: ¿qué garantiza que representen el interés público? Para remate se formaliza que consultoras privadas puedan realizar hasta el informe de evaluación de los proyectos. En otros lugares eso sería responsabilidad de las autoridades respectivas.
    No se amplían las funciones de Proinversión y se ignora al Ceplan responsable del planeamiento estratégico del país (¿quién va a priorizar?). Se soslaya o minimiza el proceso de selección de las mejores opciones técnicas y tecnológicas como lo ocurrido en la IIrsa´s donde el objetivo interoceánico se lograba a través de la opción ferroviaria y no la carretera.
    No se establece un sistema de información con parámetros comparativos de costos y componentes de inversión para las evaluaciones ex ante de los proyectos. No hay obligatoriedad para las evaluaciones ex post, ni se insiste en la incorporación de indicadores para mejorar continua de la calidad de los servicios.
    La opinión de los organismos reguladores nos es vinculante (¿no se va a fortalecer a los reguladores sectoriales? Los problemas con el registro de pasivos en firme y contingentes se mantienen al aplicar una tasa de descuento en los primeros y criterios no homogéneos en los segundos.
    El registro nacional de contratos sigue incompleto al no incluir las propuestas económicas de los concursantes y su evaluación. No se profundiza en la necesidad de las evaluaciones socio-económicas más allá de las financieras. No se establecen reglas y límites a algunas APP como por ejemplo las de vías urbanas que tantos conflictos vienen generando.
    No queda claro cómo se va a mejorar la calidad de los contratos de concesión salvo la cláusula anticorrupción (¿no se va a revisar el sistema de pagos por obra que ha dado origen a tanta corrupción o establecer mayores garantías?), ¿dónde están las nuevas reglas para los concursos y evitar las de un sólo postor?, entre otros temas. ¿La fiesta continua?
    Cuando la empresa privada aspira a una asociación público – privada (APP), lo que pretende, a través de contratos con el Estado, es hacer de la ganancia una constante, vía la imposición de tarifas, y no una variable, que es la que se desprende de su relación de mercado. Es decir, pretende convertirse en una empresa rentista con ingresos asegurados por el Estado, rehuyendo así a la competencia y desnaturalizando su función fundamental.
    Las implicancias son que no solo reduce el nivel de la competencia ya que al acogerse a una APP se sustrae a la competencia de mercado, lo cual, de por sí, no sólo es malo para la economía, si no también conduce a una redistribución del valor que agudiza la desigualdad de ingresos, la cual anida el germen de la inestabilidad política, justamente el factor que más teme el inversionista privado.

    FISCAL DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *FISCAL HAMILTON CASTRO NO HA FORMALIZADO INVESTIGACIÓN CONTRA PRINCIPAL COIMERO JORGE BARATA
    *INCREÍBLE, ORDENA A PROCURADOR QUE SE DESISTA DE INMOVILIZACIÓN DE PROYECTOS, BIENES, MAQUINARIAS QUE SERÁN TRANSFERIDAS A OTRA MULTINACIONAL
    *NO SE HA DENUNCIADO NI PROCESADO A NINGÚN GERENTE DE ODEBRECHT Y LA REPARACIÓN CIVIL ESTÁ AL DESCUBIERTO

    La impunidad que la Fiscalía le viene dando a la corrupta constructora brasileña Odebrecht es un escándalo y hasta ahora el fiscal Hamilton Castro no ha formalizado la investigación contra el principal coimero involucrado: Jorge Barata.
    De esta forma, resulta increíble que se haya ordenado al procurador para que se desista de inmovilizar proyectos, bienes y maquinarias que están listas para ser transferidas a otra multinacional, y tampoco se ha denunciado ni procesado a ningún gerente de Odebrecht en el país mientras la reparación civil continúa al descubierto.
    Como se recuerda, en la declaración completa que dio Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, las mismas que dio al fiscal Hamilton Castro, en Brasil, sobre pagos de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala, una de las preguntas que figuran en el “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (rotulado como, Barata declara que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3), tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario.
    Estas declaraciones fechadas y con datos exactos incluso irían directamente a la participación de Pedro Pablo Kuczynski en estas oscuras y repudiables negociaciones, y esto podría haber motivado las supuestas presiones y falta de apoyo presupuestario para que las fiscalías encargadas de las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht aletarguen su accionar posiblemente en busca de no llegar al fondo de la verdad. El objetivo de fondo sería encubrir e impedir que Barata siga hablando. Por eso el fiscal le da impunidad.
    Hace meses que el Ministerio Público insinúa que está cerrado el caso de las denunciadas y coimas pagadas por las empresas constructoras brasileñas a funcionarios y autoridades peruanas, y ello coincide con la flexibilización que se está entregando al principal testigo en este tema, que no es otro que Jorge Barata.
    En efecto, fuentes del Ministerio Público han venido dando a entender que ya no hay más información que compartir respecto a los sobornos y negocios que la constructora brasileña realizó en el país. Esto lo dice pese a que Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, hasta ahora no ha ahondado en detalles respecto a las relaciones de la empresa con el ex presidente Alan García y el propio PPK.
    Tampoco quieren que Barata profundice en torno a la relación entre Odebrecht y la constructora Graña y Montero, y el contexto coincide con la decisión de la Fiscalía, a cargo de Hamilton Castro, de rechazar el pedido de la Procuraduría ad hoc de incluir dentro de los investigados al empresario José Graña Miró Quesada, quien además es el accionista mayoritario del influyente diario El Comercio.
    Y otra persona que tampoco recibe atención debida en esta historia es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a que era ministro cuando el gobierno de Alejandro Toledo brindó facilidades a Odebrecht para adjudicarse el millonario proyecto de la carretera Interoceánica Sur, por el que ya los representantes de la firma brasileña confesaron que pagaron sobornos al referido ex mandatario.
    Y ni qué decir del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la ex alcaldesa Susana Villarán, otra que quiere pasar desapercibida en la actual coyuntura pese a que en su gestión entregó concesiones a las firmas brasileñas por varios millones de dólares, aceptando incluso los cobros de peaje que el pueblo de Puente Piedra rechazó violentamente en enero pasado. Hamilton Castro también ha sido tímido con el ex mandatario Alan García, a quien ahora se lo ha incluido en la relación de investigados por la contratación de Odebrecht para construir la Línea 1 del Metro de Lima, y las pesquisas lo involucran en delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
    Lo que está causando extrañeza por decir lo menos son los llamativos beneficios legales que viene concediendo la Fiscalía, a través de Hamilton Castro, a Jorge Barata. De hecho, desde el 7 de marzo, el fiscal solicitó no incluir al brasileño como investigado en lavado de activos, sino solo en tráfico de influencias por participar en los sobornos a Toledo.

    FISCALÍA DA IMPUNIDAD A CORRUPTOS

    *INCREÍBLE, FISCALÍA DA IMPUNIDAD A JOAQUÍN RAMÍREZ, EL CHOLO CON PLATA QUE FINANCIÓ CAMPAÑA DE KEIKO Y QUE DE COBRADOR DE COMBIS SE HIZO MILLONARIO
    *MAYORÍA DE DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN SON ARCHIVADAS POR INCAPACIDAD DE FISCALES PARA INVESTIGAR
    *FISCALÍA ES INCAPAZ PORQUE CREE QUE INVESTIGAR ES ENVIAR OFICIOS Y LUEGO ESPERAR SENTADOS EN SUS OFICINAS

    La Fiscalía actúa de espaldas al país y da impunidad a los corruptos que han saqueado el estado, como el inefable Joaquín Ramírez, ex financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori quien, de ser un simple cobrador de combis se hizo millonario y brazo fuerte financiero del fujimorismo.
    Y es que la mayoría de denuncias por corrupción son archivadas por la incapacidad que demuestran los fiscales para investigar, creyendo que la pesquisa en sólo el envío de oficios y luego esperar sentados en sus oficinas.
    Como se sabe, el fin de semana la Fiscalía decidió archivar la investigación a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, por los presuntos delitos de lavado de activos y desbalance patrimonial.
    Según fuentes vinculadas a esta pesquisa, para la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, presidida por la fiscal Sara Vidal, a cargo de la investigación, no hubo los elementos necesarios que identifiquen el delito previo en el caso que existiera lavado de activos.
    Es importante recordar que la magistrada Vidal prescindió de las pericias contables que se venían realizando a las empresas del grupo Ramírez, pruebas fundamentales para determinar el desbalance patrimonial y formalizar una indagación por lavado de activos.
    Según la resolución fiscal del 28 de septiembre, Vidal argumenta que rechazó las pericias de los policías adscritos al Ministerio Público porque no culminaron en el tiempo establecido. Asimismo, tampoco proseguirá la indagación a Fidel Ramírez, tío de Joaquín Ramírez; el congresista fujimorista Osías Ramírez; y Rosa Castañeda, esposa del ex legislador, por lavado de activos.

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