VILLARÁN FUE QUIEN NEGOCIÓ MODIFICACIONES A ‘LÍNEA AMARILLA’

Diego Ferré, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, señala que quien tuvo la última palabra en modificaciones a concesión de OAS fue la exalcaldesa capitalina

El exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Diego Ferré Murguía -quien firmó el Acta de Acuerdo con OAS y LAMSAC que planteó modificaciones al Contrato de Concesión original del Proyecto Línea Amarilla- dijo que la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente fue quien tuvo la última palabra en esta negociación.

“Quien finalmente tiene la última palabra sobre lo que se negocia es la señora (Susana) Villarán y ella fue alcaldesa hasta diciembre de 2014”, manifestó Ferré en entrevista con MANIFIESTO.

El Acta de Acuerdo -que además de Ferré fue suscrita por el gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz, el 20 de mayo del 2011- planteó ampliar de 30 a 40 años el plazo de concesión y eliminar la obligación de construir carriles segregados para un Metropolitano en la Vía de Evitamiento.

Primera página de la polémica acta entre la MML y OAS-Lamsac

El documento -que fue firmado por Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS y André Giavina Bianchi por Línea Amarilla S.A.C.– incorporaba a las obras el proyecto ‘Río Verde’ de la exalcaldesa Susana Villarán, que luego fue rebautizado como ‘Vía Parque Rímac’.

El miércoles 4 de octubre, MANIFIESTO había informado que el exgerente de Promoción de la Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán trabajaba ahora como gerente legal de Agrobanco, el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el sector agropecuario.

Diego Ferré Murguía nos citó a las 3:00 de la tarde del miércoles 11 de octubre en una oficina ubicada en el piso 9 de un edificio signado con el N.º 3531 de República de Panamá, que correspondía al local central de Agrobanco, con lo que se confirmaba nuestra primera información, en el sentido de que ahora era un funcionario del gobierno pepekausa.

En la reunión, el exfuncionario villaranista señaló enfáticamente que el Acta de Acuerdo que él firmó junto con Prialé Ugaz el 20 de mayo del 2011 no modificaba el Contrato de Concesión original suscrito por la gestión anterior con LAMSAC-Línea Amarilla.

Pero nosotros habíamos llevado el documento, en cuya primera página se menciona el “compromiso de suscribir una Adenda al Contrato de Concesión que considera la ampliación del plazo de la concesión de 30 para 40 años (10 años más) y la eliminación de la obligación de la construcción del COSAC en la Sección 1 del Área de la Concesión (…)”. Textual.

Según el acta firmada por Ferré, esto debía hacerse “en contrapartida de la liberación (reducción), a favor del concedente, del 7 por ciento del flujo de peaje neto recaudado en las Unidades de Peaje existentes (Sección 1 del Área de la Concesión) y en la asignación de los recursos originalmente destinados al COSAC para un fondo cuyo propósito específico será la construcción del proyecto ‘Río Verde'”.

Así y todo, Ferré Murguía insistió en que lo que había modificado el contrato original del 2009 era la Adenda N.º 1, firmada el 13 de febrero del 2013, en medio del proceso de revocatoria de la exalcaldesa Villarán. Entonces le mostramos ese documento, que terminó recogiendo los mismos planteamientos de su Acta de Acuerdo suscrita dos años antes.

Documento fue el primer paso para modificar concesión de Línea Amarilla a gusto de OAS

En el punto 1.4.8 de la Adenda N.º 1 se acuerda: “La sustitución de la obligación del Concesionario de la construcción del COSAC ubicado en la Sección 1 del Área de la Concesión, por el aporte de un monto de US$ 47’507,172.49 (Cuarenta y siete millones quinientos siete mil ciento setenta y dos y 49/100 Dólares Américanos) a favor del proyecto Río Verde'”.

En el punto 2.9 se modifican las cláusulas 1.71 y 4.1 del Contrato original del 2009, ampliando el plazo de concesión. “La Concesión se otorga por un plazo de cuarenta (40) años, contados desde la fecha de suscripción del Contrato, salvo los casos de prórroga, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato”, se indica. Lo mismo que en el Acta de Acuerdo.

En otro momento, Diego Ferré dijo que cuando se firmó el Acta de Acuerdo, el hoy regidor Augusto Rey trabajaba para él, aunque no tuvo nada que ver con el documento. “Lo que haya pasado con él después, yo no sé”, manifestó.

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2 thoughts on “VILLARÁN FUE QUIEN NEGOCIÓ MODIFICACIONES A ‘LÍNEA AMARILLA’”

  1. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    CONCESIÓN DE PEAJES POR CASTAÑEDA Y VILLARÁN ES ROBO DEL SIGLO

    *CONGRESO Y FISCALÍA DEBEN DENUNCIAR POR CONCESIONES POR 40 AÑOS DE LOS PEAJES DE LIMA ENTREGADOS POR ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO Y EX ALCALDESA SUSANA VILLARÁN A FAVOR DE MAFIA BRASILEÑA QUE LE GENERAN GANANCIAS POR 10,000 MILLONES DE SOLES

    LUIS CASTAÑEDA Y SUSANA VILLARÁN ENTREGARON CARRETERA PANAMERICANA NORTE Y AUTOPISTA DE EVITAMIENTO CONSTRUIDA CON DINERO DE 30 MILLONES DE PERUANOS A ODEBRECHT Y OAS, SIN HABER EFECTUADO MAYOR INVERSIÓN, Y DEMORARON ENTREGA DE TERRENOS PARA AUMENTAR PEAJES

    El congreso de la república y la fiscalía deben investigar las concesiones por 40 años de los peajes de la capital entregados por el actual alcalde Luis Castañeda Lossio y la ex alcaldesa Susana Villarán a favor de la mafia brasileña que involucra a las empresas OAS y Rutas de Lima relacionadas con Odebrecht, el cual es considerado “el robo del siglo” porque les generan ganancias por 10,000 millones de soles.
    Luis Castañeda y Susana Villarán entregaron la carretera panamericana norte y autopista de Evitamiento, construida con dinero de 30 millones de peruanos, a Odebrecht y Oas, sin haber efectuado mayor inversión, y demoraron la entrega de terrenos para aumentar peajes.
    Estos son hechos que constan en el informe de Contraloría 303-2017, emitido el 1 de junio del 2017, el cual también revela que la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán, le pagó a la empresa constructora brasileña OAS casi 23 millones de dólares por los daños causados, en diciembre del 2012, tras la crecida del río Rímac durante la ejecución de la obra Línea Amarilla.
    El programa “Panorama” indicó anoche, con base en el estudio efectuado por la Contraloría, de las operaciones efectuadas en la obra entre marzo del 2009 y agosto del 2016, que la compañía brasileña pidió la compensación de $22’982,386.72 por un “evento geológico extraordinario”.
    La comuna capitalina aceptó dicha solicitud en octubre del 2014 a través del acta de cierre- trato directo, cuando Susana Villarán ya había perdido las elecciones a las que se presentó para tentar la reelección.
    El órgano de control criticó dicho pago porque, según dijo, OAS no cumplió con hacer impermeable el túnel para que no se filtre el agua y la Municipalidad de Lima tampoco le exigió que usara las técnicas adecuadas para mantener la infraestructura seca. “No correspondía reconocer al concesionario el costo adicional”, indicó la Contraloría en su informe.
    Según el reportaje de “Panorama”, la Contraloría advierte en su informe que el túnel tendría que ser revisado todos los días por el resto de su vida útil. “El túnel no reúne la calidad contratada”, se señala en el documento.
    De esta forma, son innegables las sombras de corrupción que recaen en las gestiones de dos alcaldes de la capital. El informe de Contraloría habla del deterioro del by pass de 28 de julio con grietas al por mayor y una evidente sobrevaloración ya que se inflaron precios de materiales.
    Este fue un nuevo capítulo de sobrevaloración ascendente a 7 millones y medio de soles, y no se trata de sospechas, pues son hallazgos de la Contraloría en los que OAS está involucrada en esta línea de sospechas e irregularidades.
    Castañeda a su vez firmó el contrato cuando debió anularlo en el camino pero quien le dio el impulso fue Susana Villarán quien le dio 40 años de concesión a cambio de nada, ya que le entregó los peajes, nada menos que la llamada “caja de Lima”, por unas cuentas obras.
    La generosidad de Villarán coincide con las investigaciones de las autoridades brasileñas sobre las coimas en las que Oas está involucrada dentro de la red de Odebrecht.
    La contraloría dejó en claro que la empresa brasileña corrupta OAS no cumplió con la impermeabilidad de la obra del túnel a desnivel que cruza el río Rímac y llegó la crecida y varios muros se derrumbaron, y hubo filtraciones por todos lados y Villarán salió a defenderlos, a justificarlos.
    Se acordó pagarle a OAS 22 millones mediante los peajes, se le compensó porque se les vino abajo el túnel del Rímac. En la Contraloría consta que no se hizo la obra con resistencia y entonces la Municipalidad debió pedir que se hicieran estructuras nuevas, y ahora lo que se tiene es un túnel al que hay que supervisar todo el tiempo.
    La gestión Castañeda tampoco exigió la demolición de éste túnel. Se habla del deterioro prematuro de esta obra. Se habla de costos sobreestimados por fisuras por todos lados que son rellenadas permanentemente. Según la contraloría existe desgaste prematuro en el by pass.
    OAS cotizó siempre más y Castañeda se sigue haciendo el loco. Por eso el alcalde de Lima tendrá que responder ante la comisión Lava Jato del Congreso.
    El peaje lo han ido subiendo y sólo le dan al municipio un 7%, una propina y los brasileños se enriquecen y dejan sin recursos al municipio.

    CORRUPTA OAS
    El Ministerio Público sospecha que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió una coima de la constructora OAS, que buscaba obtener mayores beneficios de Línea Amarilla (luego rebautizado como Vía Parque Rímac). Este es un proyecto vial de 16 kilómetros de largo, que unirá el Callao con San Juan de Lurigancho a través de una vía rápida que recorre cinco distritos.
    El contrato original, firmado en 2009 por el entonces alcalde Luis Castañeda, contemplaba una concesión de 30 años, en los cuales OAS cobraría el peaje para recuperar su inversión y obtener beneficios. Sin embargo, en 2013 la gestión Villarán firmó una adenda que extendió la concesión 10 años más, a cambio de mejorar en la obra y en su gestión. Además, la Municipalidad eligió a la empresa brasileña para ejecutar Río Verde, un proyecto a lo largo de cuatro kilómetros del Río Rímac.
    La operación Lava Jato comenzó en 2013 en Brasil. La Justicia descubrió que las principales constructoras nacionales de ese país pagaban sobornos para obtener las más grandes licitaciones públicas de infraestructura. La investigación demostró que ese grupo operaba de la misma manera en el resto del país de América Latina y en otras partes del mundo, como en Suiza y Angola.
    La ruta del dinero. Según una investigación de La República, OAS habría enviado a sus representantes en Perú cerca de US$ 6’150,000, que habría llegado al país un día antes de que se firmara la adenda. Se sospecha que ese dinero se entregó a funcionarios municipales para cerrar el acuerdo. Este lunes, durante su presentación ante la comisión Lava Jato del Congreso, Villarán dijo, una vez más, que no solicitó ni recibió ninguna coima para favorecer a la constructora.
    En marzo de 2013, Susana Villarán enfrentó un proceso revocatorio a través de un referéndum. El Ministerio Público también maneja la tesis de que el dinero de OAS también financió la campaña de la entonces alcaldesa para evitar su destitución, lo cual logró. En octubre de ese año, la Municipalidad también aprobó que OAS inicie el cobro de peajes, pese a que aún no se había ejecutado el 70% de la obra, tal como estaba estipulado en el contrato.
    El delator brasileño Roberto Trombeta dijo a los fiscales de su país que el envió de los 6 millones de dólares al Perú para pagar coimas a funcionarios vinculados al proyecto Vía Parque Rímac.
    Un mal negocio. “La concesión ha sido en extremo lesiva para Lima”, comentó el economista Juan Mendoza en una columna en Perú21 en agosto de este año. “El incremento en los peajes, superior al 50%, no guarda relación con la mejora en la infraestructura o el menor tiempo de viaje. Pero vaya que OAS se ha llenado los bolsillos: habría invertido menos de US$500 millones, pero ya vendió la concesión por US$1,664 millones en agosto de 2016 y recibió al menos US$136 millones en otros ingresos. Así, las ganancias de OAS habrían sido mayores a los US$1,300 millones: una criminal tasa de rentabilidad de 260%”.
    En noviembre de 2014, en los últimos meses de la gestión de Villarán, la Municipalidad aceptó pagarle 142 millones a OAS por no cumplir con la liberación de áreas y la reubicación de los predios para la ejecución de Vía Parque Rímac.
    Cuando Luis Castañeda sucedió a Susana Villarán en el cargo, anuló el proyecto Río Verde y utilizó el dinero para financiar el bypass de la avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima. La obra fue ejecutada por OAS.

    OBRAS ABANDONADAS
    Mientras tanto, las obras en las citadas vías –así como la Vía Expresa Sur, la ampliación de la autopista Ramiro Prialé y el puente de la Av. El Derby– se encuentran paralizadas. Si bien algunas fueron canceladas por la Municipalidad de Lima y actualmente están en medio de procesos judiciales, otras presentan retrasos en su ejecución, y no necesariamente por responsabilidad de las constructoras.
    En el caso de la Av. Javier Prado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, decidió, en julio de este año, anular la concesión, la misma que fue otorgada en 1998 al Consorcio Javier Prado, integrado por Graña & Montero. El burgomaestre adujo “ineptitud e incapacidad para desarrollar el proyecto”.
    Graña & Montero se mostró sorprendida por este anuncio y aclaró, en su momento, que se trató de una medida unilateral, ya que se encontraban en negociaciones para la redacción del contrato. Mientras tanto, la comuna de Lima anunció esta semana la ejecución de obras menores en esa vía, que no necesariamente solucionarán el caos vehicular.
    Otro proyecto cancelado fue el Teleférico de Lima, que iría del parque La Muralla al cerro San Cristóbal. Su construcción fue anunciada en mayo de 2013, pero fue anulada a inicios de 2015.
    En una situación distinta se encuentra la Vía Expresa Sur, que no es otra cosa que la ampliación de la Vía Expresa de Paseo de la República, desde Barranco hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. Esta obra cruzará gran parte de Santiago de Surco y contaría con carriles exclusivos para el Metropolitano.
    Las proyecciones más optimistas señalaban que este proyecto –a cargo del Consorcio Vía Expresa Sur, integrado por Graña & Montero– debería estar listo este año. Sin embargo, el cronograma se ha ampliado por un tema referido a la liberación de terrenos, tarea que está a cargo del municipio metropolitano.
    Fuentes de Graña & Montero indicaron que se vienen haciendo adecuaciones al diseño original para que se incluya una vía por la que irían los buses del Metropolitano –que no estaba contemplado– y por las modificaciones hechas a la Ley de Expropiaciones, la misma que entró en vigencia en enero de este año.
    Sobre la ampliación de la autopista Ramiro Prialé –también llamada Nueva Autopista Central–, Rutas de Lima afirmó que las obras se iniciaron en julio de 2016, pero que a raíz de los huaicos y lluvias por el fenómeno El Niño, se vieron afectados 7 km de vía que se habían ejecutado.
    Además, los tramos de la obra se encuentran ocupados por familias damnificadas que están a la espera de ser reubicadas. La empresa también señaló que la Alcaldía de Lima se encuentra en proceso de expropiación de terrenos.
    Finalmente, en cuanto a la Conexión La Molina-Angamos, que incluye la construcción de un túnel en el cerro Centinela, si bien es un proyecto esperado por años, este fue adjudicado en enero de 2016 a la empresa OHL Concesiones. Actualmente, se encuentran en la fase de redacción del contrato, señaló Ricardo Vega Llona, representante de la mencionada empresa.
    Indicó que están en constantes conversaciones con la comuna capitalina para ejecutar este proyecto, la que ha mostrado interés por que se ejecute. Expresó que el municipio les ha pedido que financien las expropiaciones, por lo que vienen haciendo un replanteamiento económico-financiero de la iniciativa.

    FISCAL CASTRO DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *INCREÍBLE, FISCAL INCAPAZ HASTA AHORA NO HA PEDIDO EMBARGO SOBRE EMPRESAS Y CONCESIONES DE ODEBRECHT PARA CUBRIR LA REPARACIÓN CIVIL DE MILLONARIO ROBO DE MÁS DE 10,000 MILLONES A PERUANOS
    *FISCALÍA ENCUBRE A ALAN GARCÍA POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN
    *FISCAL HAMILTON CASTRO HASTA LA FECHA NO HA DENUNCIADO A NINGÚN FUNCIONARIO CORRUPTO DE ODEBRECHT Y TAMPOCO HA INVESTIGADO A EMPRESAS MAFIOSAS DE GRAÑA Y MONTERO, JJ CAMET, OAS, CARMARGO Y CORREIA QUE SAQUEARON DINEROS DE PERUANOS
    *CONGRESISTA VILCATOMA DICE QUE MARISOL ESPINOZA ES UNA TRAIDORA AL PERÚ POR ENCUBRIR A ODEBRECHT Y DESTITUIR A PROCURADORA PARA QUE NO DEFIENDA AL ESTADO

    La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello fue tildada ayer por la congresista Yeny Vilcatoma, como una verdadera traidora a la patria por haber encubierto y permitido que la empresa mafiosa Odebrecht y sus altos ejecutivos corruptores con Jorge Barata a la cabeza gocen de la impunidad.
    Hasta la fecha no obstante que las denuncias de corrupción hechas a Odebrecht se conocen desde hace tres años , el Fiscal Hamilton Castro no ha podido realizar una investigación eficaz y defender los intereses del Perú que fueron saqueados por la masiva corrupción ejecutada por Odebrecht con los ex presidentes Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Ministros, Viceministros , Presidentes regionales. Castro ha optado por un silencio sepulcral cuando se le ha pedido que informe sobre los acuerdos firmados con el principal corruptor Jorge Baratta ,con el cuento de que tiene una estrategia de investigación.Sin embargo esta estrategia es de impunidad para la mafia de Odebrecht y los ex Presidentes y Ministros que fueron complices en el saqueo del presupuesto publico.
    La congresista Vilcatoma expresó ayer que el Fiscal Hamilton Castro es un incapaz y encubridor y debe ser cambiado de inmediato por otro fiscal, pues hasta la fecha no ha cumplido con sus obligaciones y no ha cautelado los intereses del país. Se teme que luego de haber pasado estos tres años ,la investigación de Castro no tenga la eficacia para poder sancionar a los responsables y que todo quede en nada por la falta de pruebas.
    Es insólito, señaló, que hasta la fecha no exista un funcionario de Odebrecht denunciado y no se haya ejecutado ningún embargo sobre los bienes que todavía posee en el Perú y que tienen que ver con concesiones que existen en el proyecto Olmos, Chavimochic y otras empresas.
    Ellos estarían esperando que el gobierno de Kuczynski les dé luz verde para vender todas estas empresas, pagar a los bancos y luego sacar el dinero sobrante al extranjero y señaló que uno de los responsables de esta situación es el Presidente PPK que a través de una decreto de urgencia 003-2017 benefició a Odebrecht y ha evitado que se ejecuten embargos contra este patrimonio con el cuento de preservar la cadena de pagos.
    Pero en realidad lo que se busca es proteger los dineros de Odebrecht porque PPK sabe que tiene que responder por las concesiones y contratos que firmó cuando era Ministro de Economía, Primer Ministro y presidente de Pro inversión duramente el gobierno de Toledo.
    Precisamente, la ex procuradora Katherine Ampuero fue destituida por la aplicación del DU 003 ya que en defensa de los interés del estado y para garantizar el pago de la reparación civil presento una medida de inhibición que paralizó la venta del 100% de acciones de Odebrecht en la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) a las empresas Brookfield (70%) y Suez (30%).
    Esto disgustó Kuczynski que ordenó a la ex Ministra Marisol Pérez Tello que proceda a la destitución de esta funcionaria. Ayer esta misma ex procuradora señaló que ella fue sacada del cargo porque efectuó una denuncia penal contra Kuczynski por una serie de pagos que habría recibido.
    El Decreto de urgencia 003 señala que la empresa interesada en comprar activos de otra que ha aceptado cometer actos de corrupción (en este caso Odebrecht) o ha sido condenada por ello le informa al Ministerio de Justicia con el pedido que incluye el acuerdo comercial entre las partes. El Ministerio lo evalúa y, luego, lo deriva a la procuraduría para que fije el monto de la reparación civil a retener.
    En el caso de la ex procuradora Ampuero, el Ministerio de justicia nunca le notificó oficialmente sobre la operación comercial, motivo por el cual no podía determinar el monto. La destituida defensora del Estado dijo que el miércoles 19 de julio, fecha en la que fue separada por televisión en la noche, iba a tener una reunión con los representantes de Odebrecht para estimar el monto total de la reparación, pero los ejecutivos no asistieron porque ya sabían que iba a ser destituida por la ex ministra Marisol Pérez.
    Ampuero había pedido incluso que Odebrecht pague una reparación civil de 2,000 millones de soles y esto fue la gota que rebalsó la paciencia de Kuczynski.
    Según especialistas, lo que la Fiscalía ha debido hacer es solicitar es el embargo de todo el patrimonio que tenga Odebrecht en el Perú y comprender como investigados a sus principales gerentes y a las empresas consorciadas del “Club de la construcción” entre las que se encuentran Graña y Montero, JJ Camet y otras.
    Por otro lado se señaló que en el Congreso no se quiere investigar a las empresas del denominado Club de la Construcción porque en el caso de la congresista fujimorista Úrsula León, han señalado que su esposo ha sido funcionario de Graña y Montero y por eso no se quiere mover ese tema.

    FISCAL DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *FISCAL HAMILTON CASTRO NO HA FORMALIZADO INVESTIGACIÓN CONTRA PRINCIPAL COIMERO JORGE BARATA
    *INCREÍBLE, ORDENA A PROCURADOR QUE SE DESISTA DE INMOVILIZACIÓN DE PROYECTOS, BIENES, MAQUINARIAS QUE SERÁN TRANSFERIDAS A OTRA MULTINACIONAL
    *NO SE HA DENUNCIADO NI PROCESADO A NINGÚN GERENTE DE ODEBRECHT Y LA REPARACIÓN CIVIL ESTÁ AL DESCUBIERTO

    La impunidad que la Fiscalía le viene dando a la corrupta constructora brasileña Odebrecht es un escándalo y hasta ahora el fiscal Hamilton Castro no ha formalizado la investigación contra el principal coimero involucrado: Jorge Barata.
    De esta forma, resulta increíble que se haya ordenado al procurador para que se desista de inmovilizar proyectos, bienes y maquinarias que están listas para ser transferidas a otra multinacional, y tampoco se ha denunciado ni procesado a ningún gerente de Odebrecht en el país mientras la reparación civil continúa al descubierto.
    Como se recuerda, en la declaración completa que dio Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, las mismas que dio al fiscal Hamilton Castro, en Brasil, sobre pagos de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala, una de las preguntas que figuran en el “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (rotulado como, Barata declara que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3), tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario.
    Estas declaraciones fechadas y con datos exactos incluso irían directamente a la participación de Pedro Pablo Kuczynski en estas oscuras y repudiables negociaciones, y esto podría haber motivado las supuestas presiones y falta de apoyo presupuestario para que las fiscalías encargadas de las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht aletarguen su accionar posiblemente en busca de no llegar al fondo de la verdad. El objetivo de fondo sería encubrir e impedir que Barata siga hablando. Por eso el fiscal le da impunidad.
    Hace meses que el Ministerio Público insinúa que está cerrado el caso de las denunciadas y coimas pagadas por las empresas constructoras brasileñas a funcionarios y autoridades peruanas, y ello coincide con la flexibilización que se está entregando al principal testigo en este tema, que no es otro que Jorge Barata.
    En efecto, fuentes del Ministerio Público han venido dando a entender que ya no hay más información que compartir respecto a los sobornos y negocios que la constructora brasileña realizó en el país. Esto lo dice pese a que Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, hasta ahora no ha ahondado en detalles respecto a las relaciones de la empresa con el ex presidente Alan García y el propio PPK.
    Tampoco quieren que Barata profundice en torno a la relación entre Odebrecht y la constructora Graña y Montero, y el contexto coincide con la decisión de la Fiscalía, a cargo de Hamilton Castro, de rechazar el pedido de la Procuraduría ad hoc de incluir dentro de los investigados al empresario José Graña Miró Quesada, quien además es el accionista mayoritario del influyente diario El Comercio.
    Y otra persona que tampoco recibe atención debida en esta historia es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a que era ministro cuando el gobierno de Alejandro Toledo brindó facilidades a Odebrecht para adjudicarse el millonario proyecto de la carretera Interoceánica Sur, por el que ya los representantes de la firma brasileña confesaron que pagaron sobornos al referido ex mandatario.
    Y ni qué decir del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la ex alcaldesa Susana Villarán, otra que quiere pasar desapercibida en la actual coyuntura pese a que en su gestión entregó concesiones a las firmas brasileñas por varios millones de dólares, aceptando incluso los cobros de peaje que el pueblo de Puente Piedra rechazó violentamente en enero pasado. Hamilton Castro también ha sido tímido con el ex mandatario Alan García, a quien ahora se lo ha incluido en la relación de investigados por la contratación de Odebrecht para construir la Línea 1 del Metro de Lima, y las pesquisas lo involucran en delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
    Lo que está causando extrañeza por decir lo menos son los llamativos beneficios legales que viene concediendo la Fiscalía, a través de Hamilton Castro, a Jorge Barata. De hecho, desde el 7 de marzo, el fiscal solicitó no incluir al brasileño como investigado en lavado de activos, sino solo en tráfico de influencias por participar en los sobornos a Toledo.

  2. Mientras todo esto sucede alguien se pregunta, como les ha ido a los propietarios que fuimos desalojados de nuestras propiedades, se nos dió todo lo que prometieron, ya son cuatro años de nuestro traslado al Complejo Patio Unión y a la fecha no tenemos nuestros títulos de propiedad, todo por una funcionaría sabrá Dios de que nivel, de la gerencia legal de GPIP, no quiere firmar un documento para que la MML nos otorgue nuestros títulos, y los sobreprecios que se han pagado por muchas propiedades, quienes se han beneficiado con ello, realmente, cuántos funcionarios de Lamsac se han visto beneficiados con este sobreprecio que ellos han pagado, verdaderamente es escandaloso este tema, el cerco perimetrico que ofreció Lamsac y que nos hizo ver un muro con hermosos jardines, casetas y rejas de seguridad que luego después comunican, no son parte del complejo y con ordenanza de la MML, es decir a sabiendas porque la MML le advirtió a Lamsac de esta situación, poco o nada le importó a Lamsac seguir con su estafa hacia nosotros, hoy nos vemos en peligro de quedarnos sin muro en una zona de alta peligrosidad, a pesar de que la MML le ha solicitado a Lamsac explicaciones del tema, Lamsac se ensucia en nuestras autoridades y no le da la gana de contestar sus requerimientos de información para que se deslinden responsabilidades y la MML bien callada se queda, hemos recurrido a Defensoría del Pueblo igual los han paseado, como al Regidor Núñez o como a la Comisión de Regidores de Participación Vecinal, es decir señores la corrupción ahora afecta y jode al pueblo y no hay nadie que saque cara por nosotros porque así de corrupto está el estado, gracias.

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