ZONA ROJA

CONGRESISTA MARISA GLAVE SE MOLESTA CUANDO LE PREGUNTAN POR SUSANA VILLARÁN Y ODEBRECHT

Parlamentaria ya no quiere seguir respondiendo por casos que ocurrieron en gestión de sus amigo villaranistas

La locuacidad se acabó para la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave Remy, cuando un reportero acreditado en el Parlamento le consultó por las denuncias que involucran a la exalcaldesa Susana Villarán y su exfuncionario Gabriel Prado Ramos en los movimientos bancarios en paraísos fiscales de la empresa Odebrecht.

Según informa La Razón, la parlamentaria reacionó haciéndose la ofendida cuando se le hizo esta consulta y terminó respondiendo cualquier otra cosa, considerando que las referencias a Odebrecht o la exalcaldesa Villarán no revestían importancia.

“Es absurdo que se esté planteando el tema cuando hay otras cosas más importantes en este momento, como que el 9 y 10 de diciembre el Nuevo Perú tiene un congreso fundacional, en donde tomaremos decisiones de táctica electoral y crearemos una campaña que sí nos parece vital. Queremos consolidar Nuevo Perú y desde ese momento entrar en un debate serio”, declaró.

Cabe señalar que años atrás Glave se desempeñó como regidora metropolitana, precisamente durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima (2011-2014), pero no pudo culminar su mandato pues fue revocada en la consulta popular convocada en el año 2013.

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1 thought on “CONGRESISTA MARISA GLAVE SE MOLESTA CUANDO LE PREGUNTAN POR SUSANA VILLARÁN Y ODEBRECHT”

  1. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    CONCESIÓN DE PEAJES POR CASTAÑEDA Y VILLARÁN ES ROBO DEL SIGLO

    *CONGRESO Y FISCALÍA DEBEN DENUNCIAR POR CONCESIONES POR 40 AÑOS DE LOS PEAJES DE LIMA ENTREGADOS POR ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO Y EX ALCALDESA SUSANA VILLARÁN A FAVOR DE MAFIA BRASILEÑA QUE LE GENERAN GANANCIAS POR 10,000 MILLONES DE SOLES

    LUIS CASTAÑEDA Y SUSANA VILLARÁN ENTREGARON CARRETERA PANAMERICANA NORTE Y AUTOPISTA DE EVITAMIENTO CONSTRUIDA CON DINERO DE 30 MILLONES DE PERUANOS A ODEBRECHT Y OAS, SIN HABER EFECTUADO MAYOR INVERSIÓN, Y DEMORARON ENTREGA DE TERRENOS PARA AUMENTAR PEAJES

    El congreso de la república y la fiscalía deben investigar las concesiones por 40 años de los peajes de la capital entregados por el actual alcalde Luis Castañeda Lossio y la ex alcaldesa Susana Villarán a favor de la mafia brasileña que involucra a las empresas OAS y Rutas de Lima relacionadas con Odebrecht, el cual es considerado “el robo del siglo” porque les generan ganancias por 10,000 millones de soles.
    Luis Castañeda y Susana Villarán entregaron la carretera panamericana norte y autopista de Evitamiento, construida con dinero de 30 millones de peruanos, a Odebrecht y Oas, sin haber efectuado mayor inversión, y demoraron la entrega de terrenos para aumentar peajes.
    Estos son hechos que constan en el informe de Contraloría 303-2017, emitido el 1 de junio del 2017, el cual también revela que la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán, le pagó a la empresa constructora brasileña OAS casi 23 millones de dólares por los daños causados, en diciembre del 2012, tras la crecida del río Rímac durante la ejecución de la obra Línea Amarilla.
    El programa “Panorama” indicó anoche, con base en el estudio efectuado por la Contraloría, de las operaciones efectuadas en la obra entre marzo del 2009 y agosto del 2016, que la compañía brasileña pidió la compensación de $22’982,386.72 por un “evento geológico extraordinario”.
    La comuna capitalina aceptó dicha solicitud en octubre del 2014 a través del acta de cierre- trato directo, cuando Susana Villarán ya había perdido las elecciones a las que se presentó para tentar la reelección.
    El órgano de control criticó dicho pago porque, según dijo, OAS no cumplió con hacer impermeable el túnel para que no se filtre el agua y la Municipalidad de Lima tampoco le exigió que usara las técnicas adecuadas para mantener la infraestructura seca. “No correspondía reconocer al concesionario el costo adicional”, indicó la Contraloría en su informe.
    Según el reportaje de “Panorama”, la Contraloría advierte en su informe que el túnel tendría que ser revisado todos los días por el resto de su vida útil. “El túnel no reúne la calidad contratada”, se señala en el documento.
    De esta forma, son innegables las sombras de corrupción que recaen en las gestiones de dos alcaldes de la capital. El informe de Contraloría habla del deterioro del by pass de 28 de julio con grietas al por mayor y una evidente sobrevaloración ya que se inflaron precios de materiales.
    Este fue un nuevo capítulo de sobrevaloración ascendente a 7 millones y medio de soles, y no se trata de sospechas, pues son hallazgos de la Contraloría en los que OAS está involucrada en esta línea de sospechas e irregularidades.
    Castañeda a su vez firmó el contrato cuando debió anularlo en el camino pero quien le dio el impulso fue Susana Villarán quien le dio 40 años de concesión a cambio de nada, ya que le entregó los peajes, nada menos que la llamada “caja de Lima”, por unas cuentas obras.
    La generosidad de Villarán coincide con las investigaciones de las autoridades brasileñas sobre las coimas en las que Oas está involucrada dentro de la red de Odebrecht.
    La contraloría dejó en claro que la empresa brasileña corrupta OAS no cumplió con la impermeabilidad de la obra del túnel a desnivel que cruza el río Rímac y llegó la crecida y varios muros se derrumbaron, y hubo filtraciones por todos lados y Villarán salió a defenderlos, a justificarlos.
    Se acordó pagarle a OAS 22 millones mediante los peajes, se le compensó porque se les vino abajo el túnel del Rímac. En la Contraloría consta que no se hizo la obra con resistencia y entonces la Municipalidad debió pedir que se hicieran estructuras nuevas, y ahora lo que se tiene es un túnel al que hay que supervisar todo el tiempo.
    La gestión Castañeda tampoco exigió la demolición de éste túnel. Se habla del deterioro prematuro de esta obra. Se habla de costos sobreestimados por fisuras por todos lados que son rellenadas permanentemente. Según la contraloría existe desgaste prematuro en el by pass.
    OAS cotizó siempre más y Castañeda se sigue haciendo el loco. Por eso el alcalde de Lima tendrá que responder ante la comisión Lava Jato del Congreso.
    El peaje lo han ido subiendo y sólo le dan al municipio un 7%, una propina y los brasileños se enriquecen y dejan sin recursos al municipio.

    CORRUPTA OAS
    El Ministerio Público sospecha que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió una coima de la constructora OAS, que buscaba obtener mayores beneficios de Línea Amarilla (luego rebautizado como Vía Parque Rímac). Este es un proyecto vial de 16 kilómetros de largo, que unirá el Callao con San Juan de Lurigancho a través de una vía rápida que recorre cinco distritos.
    El contrato original, firmado en 2009 por el entonces alcalde Luis Castañeda, contemplaba una concesión de 30 años, en los cuales OAS cobraría el peaje para recuperar su inversión y obtener beneficios. Sin embargo, en 2013 la gestión Villarán firmó una adenda que extendió la concesión 10 años más, a cambio de mejorar en la obra y en su gestión. Además, la Municipalidad eligió a la empresa brasileña para ejecutar Río Verde, un proyecto a lo largo de cuatro kilómetros del Río Rímac.
    La operación Lava Jato comenzó en 2013 en Brasil. La Justicia descubrió que las principales constructoras nacionales de ese país pagaban sobornos para obtener las más grandes licitaciones públicas de infraestructura. La investigación demostró que ese grupo operaba de la misma manera en el resto del país de América Latina y en otras partes del mundo, como en Suiza y Angola.
    La ruta del dinero. Según una investigación de La República, OAS habría enviado a sus representantes en Perú cerca de US$ 6’150,000, que habría llegado al país un día antes de que se firmara la adenda. Se sospecha que ese dinero se entregó a funcionarios municipales para cerrar el acuerdo. Este lunes, durante su presentación ante la comisión Lava Jato del Congreso, Villarán dijo, una vez más, que no solicitó ni recibió ninguna coima para favorecer a la constructora.
    En marzo de 2013, Susana Villarán enfrentó un proceso revocatorio a través de un referéndum. El Ministerio Público también maneja la tesis de que el dinero de OAS también financió la campaña de la entonces alcaldesa para evitar su destitución, lo cual logró. En octubre de ese año, la Municipalidad también aprobó que OAS inicie el cobro de peajes, pese a que aún no se había ejecutado el 70% de la obra, tal como estaba estipulado en el contrato.
    El delator brasileño Roberto Trombeta dijo a los fiscales de su país que el envió de los 6 millones de dólares al Perú para pagar coimas a funcionarios vinculados al proyecto Vía Parque Rímac.
    Un mal negocio. “La concesión ha sido en extremo lesiva para Lima”, comentó el economista Juan Mendoza en una columna en Perú21 en agosto de este año. “El incremento en los peajes, superior al 50%, no guarda relación con la mejora en la infraestructura o el menor tiempo de viaje. Pero vaya que OAS se ha llenado los bolsillos: habría invertido menos de US$500 millones, pero ya vendió la concesión por US$1,664 millones en agosto de 2016 y recibió al menos US$136 millones en otros ingresos. Así, las ganancias de OAS habrían sido mayores a los US$1,300 millones: una criminal tasa de rentabilidad de 260%”.
    En noviembre de 2014, en los últimos meses de la gestión de Villarán, la Municipalidad aceptó pagarle 142 millones a OAS por no cumplir con la liberación de áreas y la reubicación de los predios para la ejecución de Vía Parque Rímac.
    Cuando Luis Castañeda sucedió a Susana Villarán en el cargo, anuló el proyecto Río Verde y utilizó el dinero para financiar el bypass de la avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima. La obra fue ejecutada por OAS.

    OBRAS ABANDONADAS
    Mientras tanto, las obras en las citadas vías –así como la Vía Expresa Sur, la ampliación de la autopista Ramiro Prialé y el puente de la Av. El Derby– se encuentran paralizadas. Si bien algunas fueron canceladas por la Municipalidad de Lima y actualmente están en medio de procesos judiciales, otras presentan retrasos en su ejecución, y no necesariamente por responsabilidad de las constructoras.
    En el caso de la Av. Javier Prado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, decidió, en julio de este año, anular la concesión, la misma que fue otorgada en 1998 al Consorcio Javier Prado, integrado por Graña & Montero. El burgomaestre adujo “ineptitud e incapacidad para desarrollar el proyecto”.
    Graña & Montero se mostró sorprendida por este anuncio y aclaró, en su momento, que se trató de una medida unilateral, ya que se encontraban en negociaciones para la redacción del contrato. Mientras tanto, la comuna de Lima anunció esta semana la ejecución de obras menores en esa vía, que no necesariamente solucionarán el caos vehicular.
    Otro proyecto cancelado fue el Teleférico de Lima, que iría del parque La Muralla al cerro San Cristóbal. Su construcción fue anunciada en mayo de 2013, pero fue anulada a inicios de 2015.
    En una situación distinta se encuentra la Vía Expresa Sur, que no es otra cosa que la ampliación de la Vía Expresa de Paseo de la República, desde Barranco hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. Esta obra cruzará gran parte de Santiago de Surco y contaría con carriles exclusivos para el Metropolitano.
    Las proyecciones más optimistas señalaban que este proyecto –a cargo del Consorcio Vía Expresa Sur, integrado por Graña & Montero– debería estar listo este año. Sin embargo, el cronograma se ha ampliado por un tema referido a la liberación de terrenos, tarea que está a cargo del municipio metropolitano.
    Fuentes de Graña & Montero indicaron que se vienen haciendo adecuaciones al diseño original para que se incluya una vía por la que irían los buses del Metropolitano –que no estaba contemplado– y por las modificaciones hechas a la Ley de Expropiaciones, la misma que entró en vigencia en enero de este año.
    Sobre la ampliación de la autopista Ramiro Prialé –también llamada Nueva Autopista Central–, Rutas de Lima afirmó que las obras se iniciaron en julio de 2016, pero que a raíz de los huaicos y lluvias por el fenómeno El Niño, se vieron afectados 7 km de vía que se habían ejecutado.
    Además, los tramos de la obra se encuentran ocupados por familias damnificadas que están a la espera de ser reubicadas. La empresa también señaló que la Alcaldía de Lima se encuentra en proceso de expropiación de terrenos.
    Finalmente, en cuanto a la Conexión La Molina-Angamos, que incluye la construcción de un túnel en el cerro Centinela, si bien es un proyecto esperado por años, este fue adjudicado en enero de 2016 a la empresa OHL Concesiones. Actualmente, se encuentran en la fase de redacción del contrato, señaló Ricardo Vega Llona, representante de la mencionada empresa.
    Indicó que están en constantes conversaciones con la comuna capitalina para ejecutar este proyecto, la que ha mostrado interés por que se ejecute. Expresó que el municipio les ha pedido que financien las expropiaciones, por lo que vienen haciendo un replanteamiento económico-financiero de la iniciativa.

    FISCAL CASTRO DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *INCREÍBLE, FISCAL INCAPAZ HASTA AHORA NO HA PEDIDO EMBARGO SOBRE EMPRESAS Y CONCESIONES DE ODEBRECHT PARA CUBRIR LA REPARACIÓN CIVIL DE MILLONARIO ROBO DE MÁS DE 10,000 MILLONES A PERUANOS
    *FISCALÍA ENCUBRE A ALAN GARCÍA POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN
    *FISCAL HAMILTON CASTRO HASTA LA FECHA NO HA DENUNCIADO A NINGÚN FUNCIONARIO CORRUPTO DE ODEBRECHT Y TAMPOCO HA INVESTIGADO A EMPRESAS MAFIOSAS DE GRAÑA Y MONTERO, JJ CAMET, OAS, CARMARGO Y CORREIA QUE SAQUEARON DINEROS DE PERUANOS
    *CONGRESISTA VILCATOMA DICE QUE MARISOL ESPINOZA ES UNA TRAIDORA AL PERÚ POR ENCUBRIR A ODEBRECHT Y DESTITUIR A PROCURADORA PARA QUE NO DEFIENDA AL ESTADO

    La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello fue tildada ayer por la congresista Yeny Vilcatoma, como una verdadera traidora a la patria por haber encubierto y permitido que la empresa mafiosa Odebrecht y sus altos ejecutivos corruptores con Jorge Barata a la cabeza gocen de la impunidad.
    Hasta la fecha no obstante que las denuncias de corrupción hechas a Odebrecht se conocen desde hace tres años , el Fiscal Hamilton Castro no ha podido realizar una investigación eficaz y defender los intereses del Perú que fueron saqueados por la masiva corrupción ejecutada por Odebrecht con los ex presidentes Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Ministros, Viceministros , Presidentes regionales. Castro ha optado por un silencio sepulcral cuando se le ha pedido que informe sobre los acuerdos firmados con el principal corruptor Jorge Baratta ,con el cuento de que tiene una estrategia de investigación.Sin embargo esta estrategia es de impunidad para la mafia de Odebrecht y los ex Presidentes y Ministros que fueron complices en el saqueo del presupuesto publico.
    La congresista Vilcatoma expresó ayer que el Fiscal Hamilton Castro es un incapaz y encubridor y debe ser cambiado de inmediato por otro fiscal, pues hasta la fecha no ha cumplido con sus obligaciones y no ha cautelado los intereses del país. Se teme que luego de haber pasado estos tres años ,la investigación de Castro no tenga la eficacia para poder sancionar a los responsables y que todo quede en nada por la falta de pruebas.
    Es insólito, señaló, que hasta la fecha no exista un funcionario de Odebrecht denunciado y no se haya ejecutado ningún embargo sobre los bienes que todavía posee en el Perú y que tienen que ver con concesiones que existen en el proyecto Olmos, Chavimochic y otras empresas.
    Ellos estarían esperando que el gobierno de Kuczynski les dé luz verde para vender todas estas empresas, pagar a los bancos y luego sacar el dinero sobrante al extranjero y señaló que uno de los responsables de esta situación es el Presidente PPK que a través de una decreto de urgencia 003-2017 benefició a Odebrecht y ha evitado que se ejecuten embargos contra este patrimonio con el cuento de preservar la cadena de pagos.
    Pero en realidad lo que se busca es proteger los dineros de Odebrecht porque PPK sabe que tiene que responder por las concesiones y contratos que firmó cuando era Ministro de Economía, Primer Ministro y presidente de Pro inversión duramente el gobierno de Toledo.
    Precisamente, la ex procuradora Katherine Ampuero fue destituida por la aplicación del DU 003 ya que en defensa de los interés del estado y para garantizar el pago de la reparación civil presento una medida de inhibición que paralizó la venta del 100% de acciones de Odebrecht en la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) a las empresas Brookfield (70%) y Suez (30%).
    Esto disgustó Kuczynski que ordenó a la ex Ministra Marisol Pérez Tello que proceda a la destitución de esta funcionaria. Ayer esta misma ex procuradora señaló que ella fue sacada del cargo porque efectuó una denuncia penal contra Kuczynski por una serie de pagos que habría recibido.
    El Decreto de urgencia 003 señala que la empresa interesada en comprar activos de otra que ha aceptado cometer actos de corrupción (en este caso Odebrecht) o ha sido condenada por ello le informa al Ministerio de Justicia con el pedido que incluye el acuerdo comercial entre las partes. El Ministerio lo evalúa y, luego, lo deriva a la procuraduría para que fije el monto de la reparación civil a retener.
    En el caso de la ex procuradora Ampuero, el Ministerio de justicia nunca le notificó oficialmente sobre la operación comercial, motivo por el cual no podía determinar el monto. La destituida defensora del Estado dijo que el miércoles 19 de julio, fecha en la que fue separada por televisión en la noche, iba a tener una reunión con los representantes de Odebrecht para estimar el monto total de la reparación, pero los ejecutivos no asistieron porque ya sabían que iba a ser destituida por la ex ministra Marisol Pérez.
    Ampuero había pedido incluso que Odebrecht pague una reparación civil de 2,000 millones de soles y esto fue la gota que rebalsó la paciencia de Kuczynski.
    Según especialistas, lo que la Fiscalía ha debido hacer es solicitar es el embargo de todo el patrimonio que tenga Odebrecht en el Perú y comprender como investigados a sus principales gerentes y a las empresas consorciadas del “Club de la construcción” entre las que se encuentran Graña y Montero, JJ Camet y otras.
    Por otro lado se señaló que en el Congreso no se quiere investigar a las empresas del denominado Club de la Construcción porque en el caso de la congresista fujimorista Úrsula León, han señalado que su esposo ha sido funcionario de Graña y Montero y por eso no se quiere mover ese tema.

    *TITULAR DEL PJ, DUBERLÍ RODRÍGUEZ:
    ORDEN DE ARRESTO CONTRA TOLEDO SIGUE VIGENTE

    El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que la orden de arresto provisorio en contra del ex mandatario Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva sigue vigente y que solo se ha decidido no enviar el cuaderno de detención con fines de extradición por este hecho a las autoridades de Estados Unidos.
    “No se ha resuelto suspender la orden de arresto provisorio. La orden de arresto provisorio, que ya equivale a la prisión preventiva, está dictada hace mucho tiempo. Lo que se ha suspendido es enviar el cuaderno de arresto provisorio”, dijo Duberlí Rodríguez.
    Según recordó Rodríguez, ya se encuentra en manos de las autoridades de Estados Unidos un cuaderno de detención con fines de extradición en contra de Toledo por el Caso Odebrecht desde el mes de febrero.
    “Ya hay un cuaderno enviado en febrero del año en curso por el Caso Odebrecht, lo que está pendiente es una segunda solicitud de arresto provisorio con fines de extradición que no se terminó de armar por los desencuentros que habían particularmente entre la fiscalía y el propio juzgado que ya conocemos”, agregó.
    El presidente del Poder Judicial precisó que el juez Abel Concha, magistrado a cargo del Caso Ecoteva, “ya perdió jurisdicción” debido a que ha enviado esta investigación a una instancia superior que es la que tiene que pronunciarse al respecto.
    “El expediente principal ha sido remitido a una Sala Superior de la Corte de Lima y en una resolución [Abel Concha] también ha dispuesto remitir el cuaderno de arresto provisorio con fines de extradición a la sala. Abel Concha no tiene ya en sus manos absolutamente nada”, refirió Duberlí Rodríguez.
    Por otro lado, el presidente del Poder Judicial precisó que esta suspensión del trámite de extradición por el Caso Ecoteva no retrasaría la que ya se encuentra actualmente en curso por el Caso Odebrecht.
    “Para nada [va a retrasar] porque lo que está entrampado en Estados Unidos es el primer cuaderno de arresto procesal con fines de extradición que ha sido remitido en febrero y ha pasado más de medio año”, expresó Rodríguez.

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