Reportajes

EL DÍA QUE PPK ECHÓ A ZAVALA ANTE EL CONGRESO POR CONCESIÓN DE INTEROCEÁNICA SUR

Actual jefe de Estado dijo en el 2006 ante comisión parlamentaria que investigó gobierno de Toledo que su expremier era jefe de Proinversión cuando se manejó negociaciones de carretera con empresas brasileñas

En mayo del 2007, la comisión parlamentaria que investigó presuntos actos de corrupción durante el recién fenecido gobierno de Alejandro Toledo interrogó en su sede legislativa a su entonces exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski con relación a las negociaciones de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA-Sur) por la que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado US$ 20 millones en coimas.

En una sesión que terminó a las 10:30 de la noche, PPK le sopló la pluma a Fernando Zavala, quien por aquellos días fue primero su viceministro y luego titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuando él asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el régimen chakano. Esta es la transcripción de un pasaje importante de esa sesión, que tuvo el carácter de ‘secreta’, a la que tuvo acceso MANIFIESTO:

O sea, PPK era presidente pero no presidía. ¿Igual que ahora?

La señora FLORIÁN CEDRÓN (UN).- Por su intermedio, señor Presidente, quisiera preguntar al exministro, si nos puede precisar, ¿qué cargos ocupaba dentro de Proinversión?

Otra pregunta para usted sería ¿si usted en el periodo de cada gestión, hubo dos gestiones como ministro, si es que en las dos estaba o integraba algún cargo de Proinversión? ¿En el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica se llevó a cabo cuando usted presidía el Consejo Directivo de Proinversión?

El señor PRESIDENTE.- Tiene la palabra, señor ex ministro.

El señor EX MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, economista Pedro Pablo Kuczynski Godard.- Mire, yo he sido ministro de Economía de julio del 2001 a julio del 2002 y el ministro de Economía ex oficio es el presidente de Proinversión, en esa época no hubo ninguna discusión de la Interoceánica Sur y tampoco el tema de Camisea, que había pasado ya en 2000-2001.

Mi segunda gestión como ministro de Economía y Hacienda, fue de febrero del 2004 hasta agosto del 2005 y luego estuve de Primer Ministro de agosto hasta julio del 2006. El Primer Ministro es miembro del Consejo de Proinversión pero no lo preside, el ministro de Economía preside el Consejo de Proinversión, en esa época los temas de la Interoceánica Sur estuvieron muchas veces en Proinversión; y luego a partir de agosto del 2005 el presidente de Proinversión es Fernando Zavala, el ministro de Economía de ese entonces, yo participo como miembro pero ya no la presido.

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1 thought on “EL DÍA QUE PPK ECHÓ A ZAVALA ANTE EL CONGRESO POR CONCESIÓN DE INTEROCEÁNICA SUR”

  1. Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia.

    PROINVERSIÓN ESTÁ PODRIDA

    *MINISTROS, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y ASESORES DE GOBIERNOS DE FUJIMORI, ALAN, TOLEDO, HUMALA Y PPK FAVORECIERON A EMPRESAS TRASNACIONALES DE MANERA CONCERTADA
    *USANDO LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, LOS CONTRATOS DE CHINCHERO, GASODUCTO Y OTROS SE ELABORARON PARA DEFRAUDAR AL ESTADO.
    *LA CONTRALORÍA DEBE AUDITAR Y DENUNCIAR TODOS LOS CONTRATOS DE APP PARA TERMINAR CON ROBOS

    No cabe duda que Proinversión es una entidad que está seriamente cuestionada pues hoy se sabe que varios ministros, viceministros, directores y asesores de los gobiernos de Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK favorecieron a muchas empresas trasnacionales de manera concertada, usando las asociaciones público-privadas para elaborar los contratos de chinchero, gasoducto y otros, de manera fraudulenta, con el objetivo de perpetrar robos al estado.
    Es evidente que el medio principal, no el único, para la corrupción de los últimos tiempos ha estado estrechamente vinculado con las Asociaciones público privadas (APP). También hay que reconocer que, si bien estas hicieron posible una razonable prestación de servicios respecto de la caótica década de los ochenta, la mayoría tuvo problemas y enfrentan limitaciones para el futuro. La lista de APP con problemas es larga: aeropuerto de Chinchero, Gasoducto Sur Andino, IIrsa´s, Línea 2 del Metro, Terminal Norte y Sur del Puerto del Callao, vía urbana de Puente Piedra, entre otras. Aún la emblemática concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene serios problemas en sus accesos al privilegiar áreas de estacionamiento, excesiva contaminación visual, elevados costos y faltan indicadores para la mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
    Cabe señalar que la norma promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el fin de dinamizar las inversiones contiene además varios artículos que, en opinión de legisladores de la Comisión de Constitución del Congreso, apuntan claramente a blindar futuros actos de corrupción. Se trata del Decreto Legislativo 1251, publicado en El Peruano el 30 de noviembre de 2016, en el marco de las facultades legislativas.
    Uno de los artículos más polémicos es el 38-A, que permite al Estado pagar un seguro de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, en favor de los funcionarios que tomen decisiones en temas de proyectos de inversión. Textualmente, el artículo señala: “Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad responsable de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión (…)”.
    En opinión de los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Yonhy Lescano (Acción Popular), este decreto es un claro blindaje para los actos de corrupción. “El Estado va a pagar incluso situaciones en las que se ha actuado con dolo”, lamentó el congresista Lescano.
    Por otro lado, el decreto establece que los informes previos de la Contraloría, sobre los contratos de Asociación Público Privada, no serán vinculantes. Lo mismo ocurre con los organismos reguladores, cuyos informes tampoco tienen carácter vinculante. “Flexibilizan los mecanismos de control para hacer lo que les da la gana. Eso pasó con el contrato para el aeropuerto de Chinchero y por eso la presidenta de Ositran ha renunciado”, insistió Lescano.
    El Decreto Legislativo 1251 y su reglamento deberían ser útiles para mejorar los problemas estructurales del sistema y hacer frente a la corrupción. Pero no es así.
    Hay algunas mejoras con esta norma, pero sólo hay promesas cuando se señala que se plantearían reglas que reduzcan al mínimo los espacios para ofertas temerarias o colusión de postores.
    Las normas hacen agua al formalizar el abandono de la práctica internacional del comparador público-privado (CPP) que selecciona la alternativa de mejor calidad al menor costo. Ahora se supone equivocadamente que la APP es superior a su opción como obra pública. El CPP se sustituye por unos criterios de elegibilidad difusos que antes elaboraba el MEF y ahora prepararía Proinversión en un claro conflicto de interés. ¿Se trata de colocar proyectos o priorizar el interés público?

    LOBBIES Y CORRUPCIÓN
    Por otra parte, se abre la puerta a los lobbies cuando la mitad de los miembros de su Consejo directivo no serían funcionarios públicos: ¿qué garantiza que representen el interés público? Para remate se formaliza que consultoras privadas puedan realizar hasta el informe de evaluación de los proyectos. En otros lugares eso sería responsabilidad de las autoridades respectivas.
    No se amplían las funciones de Proinversión y se ignora al Ceplan responsable del planeamiento estratégico del país (¿quién va a priorizar?). Se soslaya o minimiza el proceso de selección de las mejores opciones técnicas y tecnológicas como lo ocurrido en la IIrsa´s donde el objetivo interoceánico se lograba a través de la opción ferroviaria y no la carretera.
    No se establece un sistema de información con parámetros comparativos de costos y componentes de inversión para las evaluaciones ex ante de los proyectos. No hay obligatoriedad para las evaluaciones ex post, ni se insiste en la incorporación de indicadores para mejorar continua de la calidad de los servicios.
    La opinión de los organismos reguladores nos es vinculante (¿no se va a fortalecer a los reguladores sectoriales? Los problemas con el registro de pasivos en firme y contingentes se mantienen al aplicar una tasa de descuento en los primeros y criterios no homogéneos en los segundos.
    El registro nacional de contratos sigue incompleto al no incluir las propuestas económicas de los concursantes y su evaluación. No se profundiza en la necesidad de las evaluaciones socio-económicas más allá de las financieras. No se establecen reglas y límites a algunas APP como por ejemplo las de vías urbanas que tantos conflictos vienen generando.
    No queda claro cómo se va a mejorar la calidad de los contratos de concesión salvo la cláusula anticorrupción (¿no se va a revisar el sistema de pagos por obra que ha dado origen a tanta corrupción o establecer mayores garantías?), ¿dónde están las nuevas reglas para los concursos y evitar las de un sólo postor?, entre otros temas. ¿La fiesta continua?
    Cuando la empresa privada aspira a una asociación público – privada (APP), lo que pretende, a través de contratos con el Estado, es hacer de la ganancia una constante, vía la imposición de tarifas, y no una variable, que es la que se desprende de su relación de mercado. Es decir, pretende convertirse en una empresa rentista con ingresos asegurados por el Estado, rehuyendo así a la competencia y desnaturalizando su función fundamental.
    Las implicancias son que no solo reduce el nivel de la competencia ya que al acogerse a una APP se sustrae a la competencia de mercado, lo cual, de por sí, no sólo es malo para la economía, si no también conduce a una redistribución del valor que agudiza la desigualdad de ingresos, la cual anida el germen de la inestabilidad política, justamente el factor que más teme el inversionista privado.

    *DECLARACIONES DE MARCELO ODEBRECHT INVOLUCRAN A OLLANTA HUMALA, NADINE HEREDIA, TOLEDO Y ALAN
    EX PRESIDENTES COIMEARON Y ESTÁN LIBRES

    El último 15 de mayo, Marcelo Odebrecht, ex director ejecutivo de la cuestionada constructora, brindó su testimonio ante la justicia de Brasil y peruana en relación a su participación en la campaña de 2011. La prensa tuvo acceso a la transcripción de más de 70 páginas de su confesión.
    Luego de acogerse a la delación premiada (colaboración eficaz) para reducir sentencia, Marcelo Odebrecht reveló que el Partido de los Trabajadores del expresidente brasileño Lula Da Silva le pidió que le entregue dinero al exmandatario Ollanta Humala y se mostró casi seguro de que apoyó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
    “Tal vez haya estado con el señor Humala y Nadine unas cinco o seis veces en esas visitas que hice al Perú. En muchas de esas visitas Nadine estaba presente, nunca entendí bien, porque creo que ella no ocupaba un lugar, pero estaba presente, en general no manifestaba una posición, pero siempre estaba presente en esas visitas. No en todas, pero sí en varias”, declaró.
    “La impresión que tengo es que nunca tuve contacto con él (Humala) hasta el 2011 y creo que nuestro personal del Perú no tuvo contacto con él”, señaló. “El ministro Palocci (Brasil) me pidió, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos $3 millones para apoyar la candidatura del señor Humala. Fue personal (el pedido). La justificación principal era por un alineamiento ideológico”, dijo.
    “Llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘Mira, Barata, la gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala. La reacción de Barata cuando hice el pedido fue sentirse incómodo”, declaró.

    FISCAL DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *FISCAL HAMILTON CASTRO NO HA FORMALIZADO INVESTIGACIÓN CONTRA PRINCIPAL COIMERO JORGE BARATA
    *INCREÍBLE, ORDENA A PROCURADOR QUE SE DESISTA DE INMOVILIZACIÓN DE PROYECTOS, BIENES, MAQUINARIAS QUE SERÁN TRANSFERIDAS A OTRA MULTINACIONAL
    *NO SE HA DENUNCIADO NI PROCESADO A NINGÚN GERENTE DE ODEBRECHT Y LA REPARACIÓN CIVIL ESTÁ AL DESCUBIERTO

    La impunidad que la Fiscalía le viene dando a la corrupta constructora brasileña Odebrecht es un escándalo y hasta ahora el fiscal Hamilton Castro no ha formalizado la investigación contra el principal coimero involucrado: Jorge Barata.
    De esta forma, resulta increíble que se haya ordenado al procurador para que se desista de inmovilizar proyectos, bienes y maquinarias que están listas para ser transferidas a otra multinacional, y tampoco se ha denunciado ni procesado a ningún gerente de Odebrecht en el país mientras la reparación civil continúa al descubierto.
    Como se recuerda, en la declaración completa que dio Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, las mismas que dio al fiscal Hamilton Castro, en Brasil, sobre pagos de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala, una de las preguntas que figuran en el “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (rotulado como, Barata declara que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3), tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario.
    Estas declaraciones fechadas y con datos exactos incluso irían directamente a la participación de Pedro Pablo Kuczynski en estas oscuras y repudiables negociaciones, y esto podría haber motivado las supuestas presiones y falta de apoyo presupuestario para que las fiscalías encargadas de las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht aletarguen su accionar posiblemente en busca de no llegar al fondo de la verdad. El objetivo de fondo sería encubrir e impedir que Barata siga hablando. Por eso el fiscal le da impunidad.
    Hace meses que el Ministerio Público insinúa que está cerrado el caso de las denunciadas y coimas pagadas por las empresas constructoras brasileñas a funcionarios y autoridades peruanas, y ello coincide con la flexibilización que se está entregando al principal testigo en este tema, que no es otro que Jorge Barata.
    En efecto, fuentes del Ministerio Público han venido dando a entender que ya no hay más información que compartir respecto a los sobornos y negocios que la constructora brasileña realizó en el país. Esto lo dice pese a que Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, hasta ahora no ha ahondado en detalles respecto a las relaciones de la empresa con el ex presidente Alan García y el propio PPK.
    Tampoco quieren que Barata profundice en torno a la relación entre Odebrecht y la constructora Graña y Montero, y el contexto coincide con la decisión de la Fiscalía, a cargo de Hamilton Castro, de rechazar el pedido de la Procuraduría ad hoc de incluir dentro de los investigados al empresario José Graña Miró Quesada, quien además es el accionista mayoritario del influyente diario El Comercio.
    Y otra persona que tampoco recibe atención debida en esta historia es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a que era ministro cuando el gobierno de Alejandro Toledo brindó facilidades a Odebrecht para adjudicarse el millonario proyecto de la carretera Interoceánica Sur, por el que ya los representantes de la firma brasileña confesaron que pagaron sobornos al referido ex mandatario.
    Y ni qué decir del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la ex alcaldesa Susana Villarán, otra que quiere pasar desapercibida en la actual coyuntura pese a que en su gestión entregó concesiones a las firmas brasileñas por varios millones de dólares, aceptando incluso los cobros de peaje que el pueblo de Puente Piedra rechazó violentamente en enero pasado. Hamilton Castro también ha sido tímido con el ex mandatario Alan García, a quien ahora se lo ha incluido en la relación de investigados por la contratación de Odebrecht para construir la Línea 1 del Metro de Lima, y las pesquisas lo involucran en delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
    Lo que está causando extrañeza por decir lo menos son los llamativos beneficios legales que viene concediendo la Fiscalía, a través de Hamilton Castro, a Jorge Barata. De hecho, desde el 7 de marzo, el fiscal solicitó no incluir al brasileño como investigado en lavado de activos, sino solo en tráfico de influencias por participar en los sobornos a Toledo.

    FISCAL CASTRO DA IMPUNIDAD A ODEBRECHT

    *INCREÍBLE, FISCAL INCAPAZ HASTA AHORA NO HA PEDIDO EMBARGO SOBRE EMPRESAS Y CONCESIONES DE ODEBRECHT PARA CUBRIR LA REPARACIÓN CIVIL DE MILLONARIO ROBO DE MÁS DE 10,000 MILLONES A PERUANOS
    *FISCALÍA ENCUBRE A ALAN GARCÍA POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN
    *FISCAL HAMILTON CASTRO HASTA LA FECHA NO HA DENUNCIADO A NINGÚN FUNCIONARIO CORRUPTO DE ODEBRECHT Y TAMPOCO HA INVESTIGADO A EMPRESAS MAFIOSAS DE GRAÑA Y MONTERO, JJ CAMET, OAS, CARMARGO Y CORREIA QUE SAQUEARON DINEROS DE PERUANOS
    *CONGRESISTA VILCATOMA DICE QUE MARISOL ESPINOZA ES UNA TRAIDORA AL PERÚ POR ENCUBRIR A ODEBRECHT Y DESTITUIR A PROCURADORA PARA QUE NO DEFIENDA AL ESTADO

    La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello fue tildada ayer por la congresista Yeny Vilcatoma, como una verdadera traidora a la patria por haber encubierto y permitido que la empresa mafiosa Odebrecht y sus altos ejecutivos corruptores con Jorge Barata a la cabeza gocen de la impunidad.
    Hasta la fecha no obstante que las denuncias de corrupción hechas a Odebrecht se conocen desde hace tres años , el Fiscal Hamilton Castro no ha podido realizar una investigación eficaz y defender los intereses del Perú que fueron saqueados por la masiva corrupción ejecutada por Odebrecht con los ex presidentes Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Ministros, Viceministros , Presidentes regionales. Castro ha optado por un silencio sepulcral cuando se le ha pedido que informe sobre los acuerdos firmados con el principal corruptor Jorge Baratta ,con el cuento de que tiene una estrategia de investigación.Sin embargo esta estrategia es de impunidad para la mafia de Odebrecht y los ex Presidentes y Ministros que fueron complices en el saqueo del presupuesto publico.
    La congresista Vilcatoma expresó ayer que el Fiscal Hamilton Castro es un incapaz y encubridor y debe ser cambiado de inmediato por otro fiscal, pues hasta la fecha no ha cumplido con sus obligaciones y no ha cautelado los intereses del país. Se teme que luego de haber pasado estos tres años ,la investigación de Castro no tenga la eficacia para poder sancionar a los responsables y que todo quede en nada por la falta de pruebas.
    Es insólito, señaló, que hasta la fecha no exista un funcionario de Odebrecht denunciado y no se haya ejecutado ningún embargo sobre los bienes que todavía posee en el Perú y que tienen que ver con concesiones que existen en el proyecto Olmos, Chavimochic y otras empresas.
    Ellos estarían esperando que el gobierno de Kuczynski les dé luz verde para vender todas estas empresas, pagar a los bancos y luego sacar el dinero sobrante al extranjero y señaló que uno de los responsables de esta situación es el Presidente PPK que a través de una decreto de urgencia 003-2017 benefició a Odebrecht y ha evitado que se ejecuten embargos contra este patrimonio con el cuento de preservar la cadena de pagos.
    Pero en realidad lo que se busca es proteger los dineros de Odebrecht porque PPK sabe que tiene que responder por las concesiones y contratos que firmó cuando era Ministro de Economía, Primer Ministro y presidente de Pro inversión duramente el gobierno de Toledo.
    Precisamente, la ex procuradora Katherine Ampuero fue destituida por la aplicación del DU 003 ya que en defensa de los interés del estado y para garantizar el pago de la reparación civil presento una medida de inhibición que paralizó la venta del 100% de acciones de Odebrecht en la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) a las empresas Brookfield (70%) y Suez (30%).
    Esto disgustó Kuczynski que ordenó a la ex Ministra Marisol Pérez Tello que proceda a la destitución de esta funcionaria. Ayer esta misma ex procuradora señaló que ella fue sacada del cargo porque efectuó una denuncia penal contra Kuczynski por una serie de pagos que habría recibido.
    El Decreto de urgencia 003 señala que la empresa interesada en comprar activos de otra que ha aceptado cometer actos de corrupción (en este caso Odebrecht) o ha sido condenada por ello le informa al Ministerio de Justicia con el pedido que incluye el acuerdo comercial entre las partes. El Ministerio lo evalúa y, luego, lo deriva a la procuraduría para que fije el monto de la reparación civil a retener.
    En el caso de la ex procuradora Ampuero, el Ministerio de justicia nunca le notificó oficialmente sobre la operación comercial, motivo por el cual no podía determinar el monto. La destituida defensora del Estado dijo que el miércoles 19 de julio, fecha en la que fue separada por televisión en la noche, iba a tener una reunión con los representantes de Odebrecht para estimar el monto total de la reparación, pero los ejecutivos no asistieron porque ya sabían que iba a ser destituida por la ex ministra Marisol Pérez.
    Ampuero había pedido incluso que Odebrecht pague una reparación civil de 2,000 millones de soles y esto fue la gota que rebalsó la paciencia de Kuczynski.
    Según especialistas, lo que la Fiscalía ha debido hacer es solicitar es el embargo de todo el patrimonio que tenga Odebrecht en el Perú y comprender como investigados a sus principales gerentes y a las empresas consorciadas del “Club de la construcción” entre las que se encuentran Graña y Montero, JJ Camet y otras.
    Por otro lado se señaló que en el Congreso no se quiere investigar a las empresas del denominado Club de la Construcción porque en el caso de la congresista fujimorista Úrsula León, han señalado que su esposo ha sido funcionario de Graña y Montero y por eso no se quiere mover ese tema.

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