BASOMBRÍO GASTA S/. 100,000 DE MININTER EN ABOGADO VINCULADO A ODEBRECHT

Ante acusación constitucional por sacar 39 generales PNP en forma irregular, sus subalternos autorizan pago a estudio del exprocurador fujimorista Josè Ugaz

Así lo indica el acta de evaluación y adjudicación de la Contratación Directa 013-2017-In-OGAF-OAB. Lo llamativo es que el documento es firmado por la ingeniera Magaly García Vílchez, de la Oficina de Abastecimiento del Mininter.

Benites, Forno y Ugaz Abogados es la empresa beneficiada con la redonda suma de 100 mil soles, sin concurso público, ya que se ha interpretado que un funcionario en ejercicio puede contratar abogados privados para defenderse en un caso.

Cien mil soles de nuestros impuestos a dedo

Este estudio jurídico aparece en la lista de los que dieron servicios a Odebrecht, directa o indirectamente. En este último rubro aparecen los asociados de José Ugaz, quien fue procurador nombrado por Alberto Fujimori, y hace unos años hiciera noticia por atropellar a una mujer y escapar del control etílico.

¿Pero quién es Magaly García Vílchez? Pues una funcionaria de confianza que entró en la plana mayor del sector Interior en agosto pasado, gracias a una resolución firmada por el mismo Basombrío.

El contrato fue firmado el 17 de noviembre por Carmen Quiroz Ugaz, quien también cobra un suculento sueldo de nuestros impuestos gracias a otra resolución suscrita por el ministro al cual ahora ella le autoriza un abogado de 100 mil soles pagados con nuestros impuestos.

Pase al retiro de tantos generales afectó seguridad ciudadana

Como se recuerda, el año pasado el sociólogo hizo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski autorice el pase al retiro de 39 policías de la más alta graduación. El problema fue que se hizo antes de que culmine la evaluación anual en noviembre, y sin la situación alternativa de que el director general –entonces Vicente Romero- deje el servicio activo.

La gran mayoría de los oficiales perjudicados han logrado sendas resoluciones del Poder Judicial para ser repuestos. Sin embargo, esto ya le ha costado el gasto en numerosos procesos penales al Ministerio del Interior, y además los que deberá pagar a los demandantes que ganaron.

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