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PODRÍAN CLAUSURAR LOCALES, SUSPENDER ACTIVIDADES Y DISOLVER SOCIEDAD DE GRAÑA Y MONTERO

Constructora pondría cabeza de Graña Miro Quesada en bandeja de plata para evitar su colapso financiero

El procurador especial del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, podría pedir al juez Richard Concepción Carhuancho la clausura de los locales, la suspensión de actividades e incluso la disolución de la sociedad de Graña y Montero, en atención al artículo 150° del Código Penal, informaron a este portal fuentes del Ministerio de Justicia (Minjus).

El artículo en mención señala que estas medidas se pueden aplicar en caso de que el hecho punible haya sido cometido “en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo”.

El procurador especial solicitó en días pasados al juez Concepción Carhuancho que incorpore a la constructora Graña y Montero como tercero civil responsable en la adjudicación de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, a cambio del pago de sobornos.

Disposiciones existen en el Código Penal. Solo hace falta voluntad para aplicarlas

Las fuentes señalaron a este portal que las drásticas medidas contempladas en el artículo 150° del Código Penal, también podrían ser planteadas al tribunal preparatorio en los casos de JJ Camet Contratistas Generales e Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).

En el caso de la clausura de locales, la norma legal señala que esta puede tener carácter temporal, hasta por un término de cinco años, o definitiva. La suspensión de las actividades se contempla por un plazo no mayor de dos años.

Los comunicados emitidos por la nueva administración de Graña y Montero, en el sentido de que denunciará penalmente a los exfuncionarios que hayan incurrido en estas malas prácticas, abonan la idea de que la constructora quiere individualizar responsabilidades y entregar en bandeja de plata la cabeza de su expresidente de directorio, José Alejandro Graña Miró Quesada, actualmente recluido en el penal Ancón-1.

Lo mismo ocurriría en los casos de Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, ex presidente ejecutivo y ex director de Graña y Montero, ambos con detención preventiva, uno en una clínica local y el otro en el penal de Ancón.

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