ONG CEJIL SERÁ LA ENCARGADA DE PEDIR ANULACIÓN DE INDULTO ANTE CIDH

Organización es la misma que pretendió demandar al Estado peruano por inexistentes "ejecuciones" de emerretistas en el operativo Chavín de Huántar

La ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) será la encargada de representar a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, teniendo a su cargo la tarea de pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anule el indulto otorgado a Alberto Fujimlori.

Según el diario Correo, la jurista argentina Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, confirmó que tomará parte de la audiencia de este 2 de febrero, donde la Corte dijo que evaluará si el Estado ha cumplido con hacer justicia a los deudos ya señalados.

Viviana Krsticevic, directiva de CEJIL que anunció su participación en caso Fujimori

La ONG CEJIL es una vieja conocida de las demandas contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, haciéndose más famosa aún cuando junto a la ONG Aprodeh intentaron que la Corte sancione al Perú por unas supuestas “ejecuciones extrajudiciales” a terroristas en el marco de la operación Chavín de Huántar.

Como se recuerda, estas ONGs intentaron hacer creer que tras el rescate de rehenes en manos del grupo subversivo MRTA, elementos militares ultimaron a tres o cuatro terroristas que estaban desarmados y rendidos.

Esa tesis fue incluso analizada en la Corte Suprema, pero sin esperar la decisión judicial, Aprodeh y CEJIL acudieron a la Corte Interamericana para conseguir una sentencia que incorpore a los comandos héroes en esos presuntos delitos, una acción que causó controversia y repudio en todo el país.

Corte Suprema y Ministerio de Defensa se trajeron abajo el cuentazo oenegero de las ejecuciones

Al final la Corte Suprema declaró inocentes a todos los imputados en esa denuncia -incluidos Vladimiro Montesinios, Roberto Huamán y Jesús Zamudio- y la CIDH no quiso quedarse atrás y no condenó al Estado, aunque pidió que se le paguen miles de dólares a las ONG demandantes por sus “gastos”.

En ese efecto, CEJIL debía cobrar US$ 20 mil y Aprodeh unos US$ 10 mil por cotas y gastos. Aprodeh, como se recuerda, tramitó ante el Parlamento Europeo que se quite el rótulo de “grupo terrorista” al MRTA, en tanto que de CEJIL ahora los vemos de la mano con las autodenominadas víctimas de Fujimori.

Por sus denuncias, Estado peruano tuvo que pagar miles de dólares a esa ONG

El Consejo Directivo de esta ONG lo integra la conocida oenegera peruana Sofía Macher, exintegrante de la cuestionada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). También están presentes abogados de distintas nacionalidades.

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