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GOBIERNO LANZA “SALVAVIDAS” A CONSTRUCTORAS IMPLICADAS EN CASOS DE CORRUPCIÓN

Revelan contenido de proyecto de ley para modificar Decreto de Urgencia Nro. 003, donde se plantea crear fideicomisos que sirvan de garantía en caso empresas sean incluidas en procesos

Un informe del diario económico Gestión dio a conocer que el gobierno alista un “salvavidas” para todas las empresas peruanas implicadas en los casos de corrupción que implican a las constructoras brasileñas, esto a través de la modificación del Decreto de Urgencia Nro. 003, vigente desde el año pasado y que está por expirar en las siguientes semanas.

La propuesta busca asegurar la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado, cuando haya sentencias judiciales en casos de corrupción. Esto ante las denuncias de retrasos de pagos, y empresas, trabajadores y proveedores afectados.

Esto a través de una posibilidad para mitigar las sanciones a través del acogimiento voluntario a investigaciones o procesos judiciales involucrados con el caso Lava Jato, y esto supone que dentro de los 90 días hábiles se constituyan fideicomisos, que sirvan de garantía sobre los activos, derechos, bienes, acciones o participaciones dentro de las empresas.

Esto con la finalidad de contar con montos que sean iguales o superiores que aseguren un futuro pago de reparación civil de las empresas en caso de sentencias que resulten desfavorables contra sus directivos y contra las personas jurídicas declaradas terceros civil responsables.

Esta propuesta de norma tendría una vigencia de tes años y el Ministerio de Justicia, con el refrendo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), presentaría sus lineamientos en un plazo de 30 días calendario desde su publicación.

Enrique Espinosa, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), señaló que está a favor de la constitución de fideicomisos (patrimonios autónomos) que permitirían la continuidad de los proyectos de inversión al garantizar los activos de las obras operadas por empresas involucradas en casos de corrupción.

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