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JUECES DE CORTE INTERAMERICANA ADMITEN IRREGULARIDADES EN SENTENCIA SOBRE MAGISTRADOS DEL TC

Organismo supranacional ha incumplido sus propios reglamentos con reciente fallo contra el Perú. "Ello podría significar un precedente para intervenir en vigentes juicios políticos, administrativos y judiciales", admiten los propios integrantes de este tribunal.

El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando anular el proceso de acusación constitucional contra los magistados del Tribunal Constitucional (TC) peruano ha colisionado con varios artículos y disposiciones emanadas como jurisprudencia dentro del sistema interamericano.

Esto fue admitido por dos jueces de este organismo que decidieron votar en contra y sustentaron su posición en votos singulares, donde dan cuenta de cómo la Corte ha terminado suplantando en la práctica al Congreso peruano o incluido como “víctimas” dentro del caso Durand-Ugarte a los miembros del TC, pese a que nunca fueron parte del proceso.

Por ejemplo, el juez chileno Eduardo Vio Grossi cuestionó que la Corte haya dado una sentencia definitiva en un proceso que todavía no estaba resuelto en el fuero nacional, dado que la acusación constitucional todavía no había sido sometida a voto en el Congreso, y sin embargo el tribunal supranacional ya lo considera “cosa juzgada”.

Juez chileno Eduardo Vio Grossi cuestionó decisión mayoritaria en la Corte

Además, lo que establece la nomativa de la Corte es que en procesos abiertos esta dicte medidas provisionales para salvaguardar los derechos, y en este caso se ha optado mas bien por dar por resuelto un juicio, atribución que a priori no le correspondía.

“En consecuencia, ello podría significar un precedente en cuanto a la facultad que tendría la Corte de intervenir en vigentes juicios políticos y también administrativos y, lo que es más significativo todavía, en propiamente judiciales“, alerta el magistrado sobre las consecuencias de este proceder.

Magistrados del TC incursos dentro de los cuestionamientos

A ello se añade que los beneficiarios de la sentencia son directamente cuatro magistrados del TC, ajenos a los demandantes incursos en el “caso Durand Ugarte”, que es como se conoce al proceso por las denunciadas ejecuciones extrajudiciales tras el develamienyto d eun motín en el penal El Frontón, allá por 1986.

“Adicionalmente, hay que subrayar que la medida provisional de ‘archivar el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido contra los magistrados’ antes individualizados, transforma a la medida provisional en permanente… Así, entonces, la Corte sustituye al Congreso del Perú en esta materia“, acotó.

A su turno, el jurista colombiano Humberto Antonio Sierra Porto, también integrante de la Corte, comparte las opiniones de su colega y dice que con esta sentencia se están incumpliendo los postulados del tribunal supranacional.

“Encuentro que en este caso no se cumplían los requisitos debido a que las medidas realmente se adoptan a favor de los magistrados del TC, quienes no son las víctimas del caso Durand y Ugarte; y además las resoluciones que se adoptan tiene carácter definitivo lo que va en contra de la naturaleza jurídica y el espíritu que anima las medidas provisionales”, mencionó.

Jurista colombiano Humberto Sierra-Porto, quien llegó a ser presidente de la Corte

Añadió que la Corte tendría que analizar los requisitos que usa para adoptar “medidas provisionales” como las aplicadas al caso del TC, “pues de no ser así se desnaturalizaría esta etapa y la Corte se arrogaría una competencia omnímoda para introducir nuevos hechos y nuevas víctimas so pretexto de velar por el cumplimiento de sus fallos“.

Y lo más grave que reconoce el magistrado es que la Corte terminó dictando una sentencia a partir de una premisa distinta, por lo que termina abriendo una caja de Pandora que podría tener consecuencias muy peligrosas, a lo que se añade que se da potestad a los representantes legales de las víctimas a abogar por terceras personas.

“De esta forma se desnaturaliza la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, la cual a su vez corre el riesgo de volverse una fase de duración infinita en la cual se debatan asuntos de la más variada índole que no gradan ninguna relación con la sentencia proferida por este Tribunal”, finalizó.

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