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MIEMBROS DEL TC CON DENUNCIAS NO VERÍAN DEMANDA SOBRE PENSIONES DE FFAA Y PNP

Espinosa, Miranda, Ledesma y Ramos serían recusados de demanda del gobierno de PPK porque están enfrentados con el Congreso por caso Frontón

“Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional se encuentran sometidos actualmente a un procedimiento de acusación constitucional, por infracción constitucional al haber vulnerado los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución; y comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal”, recordó el congresista Javier Velásquez Quesquén.

Este aspecto será básico en el acuerdo para solicitar que Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Naváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña sean apartados de la vista de la demanda de inconstitucionalidad que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hizo contra la ley 30683.

Cuatro miembros del TC no garantizan imparcialidad, dice Velásquez Quesquén

La referida norma ordena que se pague lo mismo a cada miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en retiro, según el grado que alcanzó. En el 2012, el régimen de Ollanta Humala aumentó las pensiones para los jubilados desde ese año, dejando a la mayoría con sus mensualidades congeladas, hasta el mes pasado.

Velásquez Quesquén, como presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, sería el ponente de la causa ante el TC. Como el Parlamento ya ha avanzado el proceso de acusación constitucional contra Espinosa, Miranda, Ledesma y Ramos, por una supuesta violación de leyes penales y administrativas para reabrir el caso contra militares que se enfrentaron a terroristas amotinados en el penal Frontón, podría haber conflicto de intereses.

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“Al no existir las garantías de independencia ni de imparcialidad respecto de los cuatros magistrados del TC que se encuentran sujetos actualmente al procedimiento parlamentario  de acusación constitucional; y por ende, en abierta contradicción con el Poder Legislativo responsable directo (promulgación por insistencia) de la norma objeto de demanda de inconstitucionalidad, amerita la recusación contra los referidos jueces”, acotó el aprista.

El Congreso de la República ejerce la defensa de la demanda de inconstitucionalidad a través de la Oficina de Defensa de las Leyes. Sin embargo, anteriormente se ha recurrido a parlamentarios o especialistas en la materia objeto de la demanda para ejercer su representación.

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