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OEA RESPALDA RECIÉN OFICIALIZADA “LEY ANTIMERMELADA”

CIDH y Relatoría Especial de la Libertad de Expresión declaran en documentos oficiales que no hay derecho intrínseco a los medios a recibir recursos del Estado.

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de dependencias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, respaldan de manera implícita la recién oficializada ley que regula el gasto publicitario del Estado en medios de comunicación privados, conocida también como “Ley Antimermelada”.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm) señala en su artículo 13° que la repartición arbitraria de la publicidad estatal atenta contra la libertad de expresión y puede ser usada como un elemento de presión para silenciar a los medios.

Para CIDH, la publicidad estatal es un mecanismo de presión y atenta contra libertad de expresión

El documento señala textualmente: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Luego agrega: “Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, por su parte, menciona en un documento (http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=270&lID=2) que no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por concepto de publicidad y que cuando el avisaje se asigna de manera discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión.

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“Un Estado podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios, con base en criterios discriminatorios. Aunque los Estados pueden adoptar decisiones de asignar publicidad con base en el porcentaje de la población que un determinado medio, una frecuencia o factores similares, cubren, las decisiones de asignar o no publicidad que se basan en la cobertura de actos oficiales, en críticas a funcionarios públicos o la cobertura que podría perjudicar a los contribuyentes financieros de esos funcionarios, equivale a penalizar a los medios por ejercer el derecho a la libertad de expresión”, señala el documento.

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