LAVA JATO Y MADRE MÍA: PASIVOS DE PABLO SÁNCHEZ

Nuestra columnista detalla cómo el ahora exfiscal de la Nación fue clave para la impunidad de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, comprometidos en casos que siguen en la congeladora

Jenny Zúñiga Mourao, periodista @JZperiodista

Los representantes del Ministerio Público en nuestro país deben mantener la independencia en sus funciones como titulares de la acción penal, y como directores de la investigación criminal. Para ello, deben rechazar enérgicamente cualquier injerencia interna (de otros fiscales de igual o mayor jerarquía), o externa (de otras instituciones públicas o privadas). Este es un deber que no debe dejar de cumplirse.

El ahora exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se esforzó por informar sobre su trabajo: en los últimos tres años, en la lucha anticorrupción, se han realizado 3,327 condenas por delitos de corrupción de funcionarios. El magistrado difundió que obtuvo 320 prisiones preventivas y que en el año 2017 se logró incautar 1,200 millones de dólares, y consiguió 6 demandas de pérdida de dominio en el exterior por US $ 29 millones, contra procesados por delito contra la administración pública.

Lamentamos que no haya entregado en conferencia de prensa a todos los medios de comunicación los audios de conversaciones de varios fiscales investigados y algunos con sospechoso comportamiento, y prefiera entregarle a IDL para que se usen dosificadamente según sus intereses, como jamás lo haría la prensa responsable. Además, que se vaya sin decir porqué ha cerrado la investigación de Odebrecht, en el caso de los dueños del diario El Comercio.

Por su parte Hamilton Castro, coordinador del equipo especial para el caso ‘Lava Jato’, corroborando a Sánchez, se ha esforzado por difundir que está realizando trabajos especiales que se refieren a lo siguiente: informó que existen 34 carpetas fiscales abiertas, a raíz de investigaciones vinculadas a la empresa Odebrecht y se ha bloqueado, aproximadamente, 15 millones de dólares como resultado de las mismas.

Pero lo que no informan Sánchez ni Castro es el circo que se ha generado durante más de un año en el caso de megacorrupción. El Ministerio Público inició una investigación tras conocerse que Odebrecht admitió ante autoridades de Estados Unidos que había pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

Gorriti defendía a PPK mientras recibía información reservada de Fiscalía

Desde entonces, se han allanado más de 50 inmuebles, hay seis personas con prisión preventiva, tres con orden de captura internacional y otras cinco con impedimento de salida del país.

Todos los casos tuvieron como voceros ante la prensa, curiosamente, solo al experto en terrorismo y narcotráfico Gustavo Gorriti, y al periodista de judiciales de La República César Romero. Según algunos colegas, estos dos personajes monopolizaron la información del caso y al parecer otros periodistas no pudieron tener acceso.

Mientras que nos hacemos estas preguntas, IDL, la ONG a la cual Toledo le dio muchos millones en su gobierno, está sacando en forma amenazante y dosificadamente los audios de fiscales y ministros.

Esperamos el audio del fiscal que ve el caso de los Graña y Montero, investigación que cerró en el megacaso de investigación de Odebrecht. Ahora vemos con curiosidad como este medio de comunicación El Comercio de propiedad de los Graña y Montero hoy le da tribuna a Gorriti para difundir la dosificación de audios.

Ningún involucrado en Interoceánica Sur ha sido acusado por fiscal alguno

El exfiscal de la Nación fue citado repetidas veces para explicar las razones por las que en el año 2009 sostuvo que no había pruebas para acusar al expresidente Ollanta Humala por la desaparición forzada de personas, asesinato y lesiones graves en la zona de Madre Mía.

¿Por qué este fiscal, que por su cargo tiene el deber de investigar, no quiso apoyar las investigaciones contra el expresidente Ollanta Humala sobre este caso grave de lesa humanidad y compra de testigos? ¿Cómo pudo un fiscal que no cumple con la ley sustraerse a la colaboración en las investigaciones del Congreso de la República?

El abogado de IDL Carlos Rivera tendrá que responder además porqué se negó a apoyar a las familias de las víctimas de Madre Mía. ¿Será que este caso no les importa a los de IDL o es que hay otras importantes razones de por medio?

Ahora le corresponde al nuevo fiscal de la Nación realizar una gestión digna en estos tiempos de corrupción. Más que nunca los peruanos somos conscientes que necesitamos magistrados que accedan a la función pública con total transparencia, honestidad y que demuestren con sus actos y sus acciones que su único afán es de enriquecerse con el agradecimiento de todos los peruanos por una justicia oportuna, eficiente y bien aplicada.

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