Opinión

EL ESTADO DELINCUENTE Y LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PÚBLICA

Oswaldo Zapata, coronel EP y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica @OswaldoZapata

Desde que aparecieron las repúblicas -y con ellas el equilibrio y separación de poderes- no se ha dejado de pensar con mucha nostalgia y resignación en la pérdida del poder ostentado por las monarquías absolutas. La separación de poderes ha sido una ilusión en el Perú, una ficción política y una fingida aceptación de las élites por mantener el poder político.

La falta de interés y voluntad política para proteger los intereses nacionales ha sido el mejor argumento e ingrediente político social que han justificado la interferencia política y, consecuentemente, la ruptura del orden constitucional por cuenta de las cúpulas militares de 1950, 1962 y 1968.

La constante y permanente pugna de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo es ancestral y ambos han sobrepasado en su oportunidad el umbral del equilibrio democrático. Por otra parte, el Judicial, el tercer poder del Estado, siempre sometido a los dos primeros por cuestiones de carácter administrativo y paradigmas anacrónicos de herencia virreinal.

En esta línea aparece en el escenario constitucional un organismo autónomo de mayor poder real e impacto que los anteriores: el Ministerio Público, quien en esta oportunidad tiene en sus manos acusar o no, a más de un ex presidente de la república por actos de corrupción.

La realidad política ha puesto en el banquillo de los acusados a todos los poderes y algunos organismos constitucionales autónomos como el Consejo Nacional de la Magistratura, que se llevó el premio mayor; el MP con nuevo titular cuestionado por mantener relaciones peligrosas con el juez supremo César Hinostroza, ha sido ratificado por la Junta de Fiscales Supremos, aunque enfrentará una acusación constitucional en el Congreso de la República. Finalmente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con jefe investigado por favorecer la inscripción de Podemos Perú.

El Ejecutivo atravesó su peor momento con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el gabinete Zavala. Posteriormente, al asumir el vicepresidente Martín Vizcarra, el gabinete Aráoz -sin mayor espacio ni oxígeno- expiró.

El Poder Judicial ya tiene nuevo presidente hasta diciembre y el Congreso con nueva mesa directiva toda de Fuerza Popular.

El festival de audios irrumpió en la escena nacional con los difundidos por el congresista Moisés Mamani y continuó con los de IDL.

¿La actuación de los jueces Hinostroza y Ríos demuestra que el Poder Judicial es una organización criminal y corrupta? ¿El juez Hinostroza es el único juez supremo corrupto? ¿El juez Ríos es el único juez superior corrupto? Sin duda, todos tenemos la respuesta correcta. Se vienen nuevos audios y nuevos actores en la película el Estado delincuente.

En los 90, estas instituciones estuvieron secuestradas por Fujimori y Montesinos. Han transcurrido 18 años, tres gobiernos (Toledo, García y Humala) y uno en ejecución (Kuczynski y Vizcarra) y al respecto poco o nada se ha hecho.

El CNM (creación fujimorista) tiene la misión de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales por un período de 7 años. Sin embargo, se cuestiona el procedimiento, pues no ha sido el más transparente ni conveniente.

La elección del fiscal de la Nación es el resultado de la votación de cinco fiscales supremos que integran un colegiado denominado “Junta de Fiscales Supremos”. Estas personas, a quienes nadie ha delegado representatividad ni poder natural, deciden quién será el titular de este organismo que tiene por función proteger la legalidad y decidir que peruano cometió o no un delito.

Por eso es importante la independencia del fiscal de la Nación en estas circunstancias, en donde la cárcel sonríe a más de un ex presidente de la República, como el caso de Ollanta Humala, que hoy se pasea por la televisión y prensa escrita dando clases de moral y gobernabilidad.

El nuevo fiscal de la Nación nos debe garantizar la neutralización y bloqueo de las interferencias del poder político formal e informal y sobretodo nos debe asegurar la independencia funcional y jurisdiccional de todos los fiscales. El Ministerio Público tiene un gran reto y la gran oportunidad para demostrar que no es parte del club del “Estado delincuente”.

No olvidemos que se viene investigando el caso “Lava Jato”, proceso que involucra a empresarios brasileros y peruanos, funcionarios, líderes de opinión y la infaltable élite política y de medios. La inminente reforma del sistema judicial debería considerar en la elección del presidente del poder judicial y fiscal de la nación el voto de todo el cuerpo de jueces y fiscales.

El Perú del bicentenario necesita reinventarse, refundarse y fortalecer la institucionalidad. La población está insatisfecha, desmoralizada y asqueada de la política y los políticos “basura” que dicen representarnos y que solo se representan a sí mismos y a los grupos de poder. Las condiciones sociales apuntan hacia una respuesta humana de autoridad, decisión y coherencia para contrarrestar el deterioro moralen el que han caído gran parte de nuestras instituciones públicas.

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