Opinión

SÓLO EN PERÚ: CAMPAÑAS POLÍTICAS SIN LEY DE PARTIDOS

Intereses privados siguen promoviendo candidaturas, y muchas veces es solo una inversión a cambio de obras pagadas con nuestros impuestos, señala nuestra columnista Jenny Zúñiga

Jenny Zúñiga Mouräo, periodista @JZperiodista

Todos lo saben, pero pocos lo comentan: gran parte de la corrupción creciente en gestiones gubernamentales durante las últimas décadas reside en como los partidos políticos, con el pretexto de financiar sus campañas políticas, han recibido aportes económicos que no han sido bancarizados.

La inmensa mayoría de los millones utilizados por los dos partidos que se disputan el poder en las segundas vueltas de siempre, provienen de fondos privados, y de un pequeño grupo de donantes y recaudadores en cada uno de ellos, es el que tiene la responsabilidad de amasar esas cantidades.

La realidad es que esos “donantes” son más bien inversionistas. Así que a uno de los dos partidos -el que triunfa- los inversionistas que financian la campaña les presentan de inmediato sus facturas. Tratándose de un gobierno que cada vez contrata más con la empresa privada, el acceso preferencial a esos contratos que suman miles de millones de dólares se convierte en el pago de la deuda electoral en que esos partidos tuvieron que incurrir para llegar al poder.

Los inversionistas se vuelven dueños del Gobierno y los funcionarios electos meramente sus agentes y facilitadores en el asalto frontal al presupuesto del país. Sólo basta ver los últimos casos de megacorrupción.

La manera más efectiva de atajar este mal radica en ir a la raíz del problema, convirtiendo el financiamiento de campañas en uno público en vez de uno privado.

Una congresista, solo una de los 130 que hay, ha venido proponiendo insistentemente ante los oídos sordos de aquellos partidos que han visto siempre en el financiamiento privado la manera de obtener ventaja económica en sus perspectivas de alcanzar o retener el poder público.

Patricia Donayre ha presentado una propuesta de ley para los partidos políticos, pero todos se han hecho los sordos y mudos. Nadie quiere escuchar, a sabiendas que este problema tiene esta raíz.

Las últimas noticias difundidas -primero en las redes- hacen revelaciones escandalosas sobre el grado a que ha llegado la corrupción pública y ha generado un reclamo generalizado en el país, exigiendo reformas al sistema vigente.

Luego, los audios que hizo la Policía y alguien usó como investigación, que más han servido para burlarse de los fiscales, y que los políticos que usufructúan el poder queden en evidencia, pero sin sanción, no ha causado ningún resultado hasta hoy.

Hubiéramos preferido que los audios ingresen por conducto regular a una investigación con todas las garantías legales, que sirvan de ejemplo para los funcionarios y también para la población. Sobre todo, para impedir que manos negras usen el trabajo de la Policía para manipular a favor de sus intereses económicos y tratar de salvar a sus socios de la cárcel.

A pesar de todo, el Congreso no ha actuado diligentemente aprobando un proyecto de ley que debería contener importantes reformas que apuntan en la dirección correcta. Los parlamentarios no han endosado aun un proyecto contundente ni han logrado hasta este momento articular una propuesta alterna dirigida al saneamiento del desacreditado sistema de financiamiento de campaña políticas electorales que hoy existe en el Perú.

¿Quién va a fiscalizar ahora, si no existe una ley de partidos políticos respecto a este punto? ¿Otra vez el festín?

Esto se está dando porque todos quieren llevar agua para su molino, ya que prefieren que no se investiguen a sus partidos, tampoco quieren que sus líderes, especialmente los expresidentes, hoy vinculados a las investigaciones por corrupción sean encarcelados, como si se ha hecho con Humala y no con los otros.

Hacemos un llamado urgente a Fuerza Popular, partido de mayoría en el Congreso, para que descargue fielmente y de una vez su responsabilidad de no permitir que las próximas elecciones pongan en subasta pública el Gobierno del país, como ha ocurrido en el pasado. No hay justificación o excusa para que la inacción legislativa vaya a dejar intacta la raíz de la corrupción.

Aunque suenen peras a los olmos, pedimos al presidente Martín Vizcarra que ejerza su liderazgo en este tema tan crucial y sensitivo. Quedaría revelada como retórica hueca e inútil el discurso de repudio a la corrupción que realizará el 28 de julio, después del discurso presidencial.

Es importante que dialogue con el Poder Legislativo para conocer si son capaces de lograr juntos, ambos poderes, acción a la altura que requiere el momento actual.

Lo peor de esta inacción es que el presidente de la República y los congresistas le llenan los bolsillos a la prensa concentrada. Si no lo cree, solo hay que preguntarle a Susana Villarán dónde invirtió para su millonaria campaña del NO. O tal vez a los expresidentes que recibieron todo el apoyo de la prensa concentrada.

Asimismo, a congresistas hoy en el poder que fueron seleccionados por la misma TV y los inversionistas para sentarse en su curul.

Por otro lado, la televisión y algunos diarios de los concentrados empiezan a realizar la carnicería más abrupta contra algunos involucrados en los casos de corrupción entre fiscales y trasnacionales. Todos pedirían dinero para “bajar el tono”. ¡Es la fiesta de la corrupción!

El tiempo apremia, y estamos seguros de que debe ser la estrategia de algunos aliados y beneficiarios de la corrupción el darle de largas al asunto con la esperanza de convertirlo en académico. De no lograrse la reforma del sistema de financiamiento de campañas ahora, rompiéndole la médula al sistema de inversionistas privados y asegurando que cada partido tenga igual acceso a los medios de comunicación, sin tener que deberle a nadie para poder hacerlo, se estará dando luz verde a que continúe la espiral ascendente de corrupción y saqueo público que ha azotado al país por demasiado tiempo.

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