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COORDINADORA DE DD.HH. SORPRENDE A JUEZA SOBRE INMIGRACIÓN VENEZOLANA

Argumento de ONG era que, al ingresar al Perú, se separaba a padres de hijos, pero fotografías y documentos desmienten tal información. Magistrada Celia San Martín lo dio por cierto y admitió demanda

A pesar de que existen documentos audiovisuales, normas internacionales y registros de ingresos de que se está respetando el derecho migratorio de los venezolanos, la titular del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, aceptó iniciar la demanda de evaluación para el habeas corpus de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para que ingresen sin pasaporte.

Entre las mentiras y/o inexactitudes de la demanda encontramos la siguiente: “La principal población afectada por esta migración forzada de venezolanos y venezolanas sería los niños, niñas y adolescentes, restringiéndose su derecho al libre tránsito de esta población, el principio de unidad familiar”.

Documento ingresado por organismo financiado desde el extranjero

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, había informado el 26 de agosto -diez días antes de que San Martín admitiera la procedencia de la demanda– vía RPP Noticias- que las familias con menores de edad continuaban ingresando a nuestro territorio, siempre y cuando los jefes de familia tuvieran su cédula de identidad.

“Los padres y/o madres son registrados en los puntos de control migratorio, mientras que los niños, niñas y adolescentes no, por lo que supone alejarse de sus progenitores, en tanto estos ingresaran y los menores no”, añade la CNDDHH.

Fotos desmienten argumento de la ONG CNDDHH

Esto también es desmentido por fotografías de los últimos días, donde se ve a bebés, niños y adolescentes llaneros junto a mayores de edad, registrándose en la frontera con Tumbes. Solo entre el 25 de agosto y el 10 de setiembre ingresaron a Perú 2,880 menores junto a sus padres, solo mostrando su acta de nacimiento, como consta en registros de la Superintendencia de Migraciones.

“Al condicionar contar con el pasaporte para el ingreso a los venezolanos y venezolanas que huyen por la crisis política, económica y social, y la violación a derechos humanos en su país, se está vulnerando o amenazando el derecho fundamental al refugio”, es otro punto al cual acuden los oenegeros.

Al parecer, jueza San Martín no estaba informada de los hechos

Regina de la Portilla, Oficial de Comunicaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró a Canal N, que “se ha garantizado el acceso al territorio en todo momento a las personas que necesitan protección internacional con un equipo especial de la Comisión Especial para Refugiados que se desplazó a la frontera”.

El problema es que la CNDDHH pretende que todos los venezolanos son perseguidos políticos, y no migrantes en busca de mejoras económicas. Esto ha provocado que haya cien mil solicitudes de refugio, de las cuales no se aprueba ni el uno por ciento, dejando a miles de hermanos latinoamericanos como o ilegales.

Venezolanos felices de poder ingresar con sus pasaportes

Al parecer, la jueza San Martín desconocía estos hechos, ya que es la única explicación para siquiera darle trámite a un pedido lleno de inexactitudes y/o errores. Uno de los motivos de su confusión podría ser el “lenguaje inclusivo” de “venezolanos y venezolanas” o de “niños y niñas” que figura en el documento, a pesar de que es desaprobado por la Real Academia de la Lengua Española.

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