Internacional

CHILE BOTA A 21 GENERALES POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Gobierno de Piñera detectó malversación con canon del cobre. Caso "Milicogate" involucra casi 40 millones de dólares que se derivaron en pagos a empresas familiares

Debido a una investigación a los más altos niveles, el gobierno de Sebastián Piñera removió el fin de semana a 21 generales, a fin de llegar a la verdad de un millonario fraude que involucraría a decenas de sus oficiales.

“Atendiendo a diversas consideraciones que comprenden la renuncia voluntaria, el término de la carrera militar, la evaluación de la gestión y las necesidades institucionales“, explicó el Ejército en un comunicado, sobre el mayor cambio del alto mando militar de los últimos años, de casi la mitad de altos mandos.

La mayoría de los 21 generales pasados al retiro aún tenían varios años de carrera, pero la prisión preventiva para el segundo mando del Ejército, John Griffiths, obligó a una medida enérgica.

Lista de altos mandos pasados al retiro

Griffiths pagó su fianza, pero ya está procesado por el “Milicogate”, una megacausa que investiga desde hace dos años a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de millonarios fondos -derivados de la ley reservada que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de cobre de la cuprífera estatal Codelco- utilizados para viajes.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aclaró que “sería incorrecto e injusto deducir que todos los generales llamados a retiro están involucrados en los hechos investigados por la justicia”.

Una de las maniobras fraudulentas detectadas por las investigaciones es la compra de pasajes a agencias cuyos dueños eran familiares en combinación con los militares corruptos. Les “vendían” los más caros y después los devolvían, comprándose otros más baratos para embolsarse la diferencia.

Alberto Espina, ministro de Defensa chileno

La fiscalía de Aysén (sur) investiga el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM), en Coyhaique, destinado a pagos indebidos a funcionarios en ejercicio y en retiro, una práctica que se remonta a 2011 y que habría producido un desvío de cerca de 4,4 millones de dólares.

Más de 40 millones de dólares se habrían desviado a cuentas particulares de policías y civiles desde 2006, según la investigación.

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