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FISCALÍA DENUNCIA A FUJIMORI Y EXMINISTROS POR CASO DE “ESTERILIZACIONES FORZADAS”

ONG feminista Demus patrocina caso que involucra a 5 mujeres y se busca que exautoridades sean procesadas por "autoría mediata" al implementar programa de ligadura de trompas

La titular de la segunda fiscalía penal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, denunció penalmente al expresidente Alberto Fujimori y a cuatro exministros de Salud de su gobierno por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves seguidas de muerte en el caso de las esterilizaciones forzadas.

La fiscal les atribuyó la autoría mediata en este presunto delito en agravio de cinco personas que fallecieron tras ser operadas, de acuerdo a un documento difundido por la ONG feminista DEMUS que patrocina a las víctimas. La denuncia fue presentada ante el primer juzgado penal nacional.

La fiscalía identifica como víctimas de las lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de violación a los derechos humanos, a María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapina, Reynalda Betallaluz Aguilar, María Espinola Otiniano y Celia Ramos Durand.

Documento fiscal difundido por ONG Demus

También fueron denunciados Segundo Henry Aliaga, Enrique Marroquín y Magda Gonzáles como autores mediatos del presunto delito contra la vida el cuerpo y salud-lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación a los derechos humanos en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez.

La denuncia hace referencia a una campaña de “planificación familiar” impulsada en el gobierno de Fujimori en la segunda mitad de la década de los 90, donde se implementaron programas para que las familias con muchos hijos ubicadas en los escalafones de pobreza decidan si se sometían a métodos anticonceptivos.

Entre estos programas destacaron las campañas de ligaduras de trompas y vasectomías, siempre ratificando que el acceso a estos métodos era voluntario. A la caída del régimen surgieron denuncias de ligaduras aplicadas sin consentimiento de las pacientes, y ello llevó a ONGs y actores políticos a denunciar a los responsables del sector Salud de entonces.

Fiscalía presentó acusación en tema que había archivado hasta en seis ocasiones

Cabe señalar que, si bien por muchos años se difundió que las víctimas de estos procedimientos eran más de 300 mil hombres y mujeres, en el registro oficial implementado durante el gobierno de Ollanta Humala se inscribieron entre 2 mil a 3 mil personas demandando reparaciones alegando haber sido víctimas de violación a sus derechos humanos.

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