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CREARÁN COMISIÓN QUE INVESTIGUE CASO CHINCHERO Y NEXOS DE PPK CON CAVASSA

Bancada aprista señala en pronunciamiento público que el Ministerio Público se ha convertido en un "arma letal" usada por el Gobierno de turno

La bancada aprista informó que insistirá en la conformación de una comisión investigadora para ver el caso del aeropuerto de Chinchero y del ex funcionario de la ONPE, José Luis Cavassa, y sus nexos con el partido de gobierno Peruanos por el Kambio (PPK) en los comicios electorales de 2016.

“La politización de la vía judicial la hizo el Gobierno, el propio Ministerio Público prestándose a eso y todo el aparato mediático de este verdadero oligopolio de medios que tiene el país”, dijo el vocero Mauricio Mulder.

La Célula Parlamentaria Aprista (CPA), brindó una conferencia de prensa en el Congreso donde criticaron las decisiones de la Fiscalía contra el líder aprista Alan García.

Hay gran expectativa por el pedido de asilo político del expresidente a Uruguay

Mulder sostuvo que a partir de una decisión fuera del lugar, de considerar que los partidos políticos son organizaciones criminales, es que el Ministerio Público se ha convertido “en una suerte de arma letal con la que el gobierno maneja la fórmula de tratar de reprimir a los partidos que se le oponen y que exigen investigaciones que también alcancen al presidente de la República, sus ministros, su gobierno y a su partido”.

Los legisladores apristas Mauricio Mulder, Elías Rodríguez, Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén y el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, respaldaron el asilo político del expresidente a Uruguay.

“El Perú, vive un estado en el cual se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas y se socava la necesaria investigación profunda de casos de corrupción, se pretende desviar las investigaciones y las culpabilidades en algunos partidos, entre los cuales se encuentra el nuestro”, afirmó Mulder.

Por esas razones, el Apra sí considera que hay vulneración de sus derechos y destacó la trayectoria de puertas abiertas del gobierno de Uruguay para los perseguidos políticos.

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