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JUEZ CÉSAR SAN MARTÍN PRESIDE COMITÉ ANTICORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Fue designado por Prado Saldarriaga en una de sus últimas acciones como titular de la Corte Suprema. Mandato abarca de 2018 a 2021

Pese a que meses atrás fue grabado pidiéndole favores al destituido magistrado Walter Ríos, el juez supremo César San Martín fue designado titular de la flamante Comisión de Integridad Judicial que inicia funciones este mes y tiene por tarea implementar la política institucional de integridad y lucha contra la corrupción en la judicatura.

Esto consta en una resolución suscrita por el saliente titular de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, quien dispuso que acompañen a San Martín dentro de este grupo de trabajo la magistrada suprema Janet Tello Gilardi, el gerente general del Poder Judicial -cargo vacante- y la abogada Lucy Macarena Zare Chávez, quien desempeñará las funciones de Secretaria Técnica de Integridad Judicial.

Estas designaciones las realiza como parte de la implementación del Sistema de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción en el Poder Judicial, disponiendo para tal efecto partidas presupuestales que serán utilizadas incluso en la mencionada comisión, para sus gastos administrativos.

Prado Saldarriaga designó a dedo a su amiguísimo como cabeza de la “lucha anticorrupción”

“Frente a la crisis estructural del Poder Judicial, evidenciada con la exposición mediática de numerosos audios, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República aprobó el Plan de Cambios Urgentes para el Poder Judicial, el mismo que aborda áreas sensibles como transformaciones orgánicas y lucha contra la corrupción”, reza la citada disposición.

Agrega que el primer año de funciones del Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción servirá para realizar una repriorización presupuestal y asignar los recursos necesarios para dar cumplimiento de este proyecto en su primera fase.

La comisión tendrá vigencia provisional y durante los años 2020 y 2021 implementará a nivel nacional de órganos jurisdiccionales u oficinas, puestos de trabajo, programas, sistemas de gestión de riesgos, auditorías, seguimiento y monitoreo, entre otros, previa asignación de financiamiento en el presupuesto.

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