ODEBRECHT QUIERE QUE EL PERÚ LE PAGUE “INDEMNIZACIÓN” DE DOS MIL MILLONES DE DÓLARES

A raíz de cancelación de Gasoducto Sur Peruano, transnacional brasileña demandó a nuestro país en Luxemburgo. Proyecto fue sobrevalorado de modo escandaloso, pero fiscales y procurador no lo incluyeron en acuerdo de colaboración eficaz

En agosto de 2017, la constructora brasileña Odebrecht planteó una demanda contra el Estado peruano a través de sus subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., invocando el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar de constitución de ambas firmas subsidiarias.

Como informó en su momento el diario Gestión, la demanda se sustenta en una presunta “vulneración a las normas entre el inversionista y Estado” por la aplicación del Decreto de Urgencia N° 003-2017 así como por la anulación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, un cuestionado proyecto por el que pretendían cobrar más de US$ 7 mil millones.

En lo referido al decreto, Odebrecht considera que dicho dispositivo impidió la transferencia y venta de sus activos en el país, algo que ha operjudicado a su economía. Además, la empresa cuestiona que esa norma -ya derogada- haya facultado a los procuradores plantear montos de reparación civil anticipada, sin participación de jueces.

Por cuestionado proyecto pretenden que el Estado les pague millonada

“Un punto que destacaría Odebrecht es que sus activos, cuando empezó este problema, valían por lo menos US$ 3,000 millones, y que como el Estado no le dejó vender sus activos, ahora estos valen apenas US$ 1,000 millones, es decir, solicitarán que el Estado le pague un resarcimiento por la diferencia (US$ 2,000 millones)”, dice el informe de Gestión.

Cabe señalar que inicialmente Odebrecht planteó el “trato directo” y esto fue rechazado por las autoridades peruanas. Este proyecto del gasoducto tiene serios indicios de sobrevaloración, sin embargo el equipo especial “Lava Jato” y la Procuraduría Anticorrupción no lo incluyeron en un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Esto precisamente favorece los intereses de los brasileños, puesto que si el Estado renuncia a cuestionar o accionar legalmente entonces la empresa podrán alegar que fueron perjudicados con su cancelación.

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