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DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUESTIONA PRISIÓN PREVENTIVA PARA POLICÍA EN PIURA

Ente recuerda que a través de varios informes denunció el uso inadecuado de esta medida por parte de órganos de justicia, donde más de 35 mil personas están encarceladas sin sentencia

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Corte Superior de Justicia de Piura a evaluar con prontitud el recurso de apelación presentado por la defensa del suboficial Elvis Miranda Rojas, investigado por abatir a un presunto delincuente en el distrito de Castilla y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de siete meses.

A propósito de esta medida, la Defensoría del Pueblo reiteró a jueces y fiscales que la prisión preventiva constituye un recurso excepcional dado que priva del derecho a la libertad personal. Su uso, por ende, solo cabe en casos estrictamente necesarios.

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A través de diversos Informes Defensoriales y en el último Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHPD, publicado en diciembre de 2018, se evidenció que existe un uso inadecuado y excesivo de la prisión preventiva, lo que ha contribuido al aumento de los índices de hacinamiento que existen en las cárceles del Perú.

Según el último reporte estadístico del Inpe, a octubre de 2018 cerca del 40 por ciento de la población penal en el país, es decir, 35 mil 618 personas, se encontraba bajo prisión preventiva. En ese sentido, resulta imperativo que la aplicación de esta medida procesal se ciña al marco normativo y jurisprudencial.

De acuerdo a lo señalado por el suboficial, los hechos se produjeron en pleno ejercicio de la función policial por lo que serían aplicables otros mecanismos procesales como la comparecencia simple o restringida, que asegurarían también su presencia durante la investigación penal y que pudieron ser utilizados por el juzgado.

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