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MINISTRO ZEBALLOS “PATINA” PARA EVADIR CULPA POR ACUERDO CON ODEBRECHT

Señala que procurador Ramírez se basó en Decreto 1326 para aprobar reparación civil, pero norma no está vigente por falta de reglamento

Con el afán de desmarcarse de las críticas por los S/ 610 millones que Odebrecht daría como reparación civil, por solo 4 obras corruptas, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, cometió un nuevo error en su análisis jurídico.

“¿El decreto legislativo 1326 qué dice? Los procuradores públicos, en el desempeño de sus funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia”, señaló en Canal N el también miembro de la “Bancada Liberal”.

Zeballos se refería específicamente al punto 27.2, de la norma suscrita el cinco de enero del 2017, por los entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, premier Fernando Zavala y titular de Justicia Marisol Pérez.

Documento prueba otro error de titular de Justicia

Sin embargo, esta norma no está vigente, según su propia Disposición Final Transitoria.

“El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento“, se dice claramente.

El decreto señala que debía ser reglamentado en un plazo no mayor a los 90 días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación, lo cual debía publicarse -a su vez- en no más de 120 días calendario.

Columbus resaltó que Zeballos no decía la verdad

Esto nunca sucedió, por lo cual el DL 1326 sigue sin poder aplicarse.

“Eso comprueba, una vez más, la falta de asesoría legal competente en el gobierno. Un ministro de Justicia que no sabe si las normas que invoca están vigentes o no, termina perjudicando al país”, sostuvo el excandidato fujimorista a la Alcaldía de Lima, Diethell Columbus.

Agregó que está vigente el Decreto 1068, que ordena al procurador tener la autorización del ministro del sector para negociar montos millonarios, como se ha hecho con Odebrecht.

Ministro ya tiene antecedentes de dislates legales

Esta sería otra “patinada” de Zeballos, luego de que asesorara al presidente Vizcarra en proyectos de reforma constitucional que se contradecían -uno prohibía la reelección de congresistas, y el otro la implantaba-, dijera inexactitudes sobre la extradición de Alejandro Toledo, etc.

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