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GOBERNADOR DEL CUSCO PROPONE SANCIONAR A EMPRESARIOS QUE CONTRATEN A VENEZOLANOS

Envía iniciativa al Consejo Regional para "priorizar" contratación de mano de obra local, e incluye dentro de su proyecto sancionar como "falta muy grave" el reemplazo de trabajadores peruanos por extranjeros

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, presentó al Consejo Regional un proyecto de ordenanza para declarar de “necesidad pública la priorización de la mano de obra regional-local en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo”, la cual busca obligar a las empresas a contratar a empleados peruanos y no extranjeros.

Según informó el diario La República, con la propuesta, se busca sancionar como “falta muy grave” el despido de trabajadores peruanos para la “inmediata contratación de personal extranjero en condiciones de subempleo e informalidad”. La iniciativa ya está en manos del presidente del Consejo, Jorge Luis Segura Tttio.

El Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Alí León Charca, sostuvo que se trata de una medida para proteger al trabajador peruano y enfrentar la “competencia desleal” que a su entender supone la masiva presencia de ciudadanos extranjeros “que trabajan a cambio de propinas”.

Funcionario regional justifica controvertida propuesta que podría ser declarada inconstitucional

“Están despidiendo peruanos para que con ese mismo presupuesto contraten a dos o tres venezolanos. Eso debe ser proscrito. En este momento ese es un vacío de nuestra legislación […] estamos cubriendo ese vacío protegiendo los intereses de los peruanos”, explicó.

Acerca de las sanciones, dijo que de acuerdo al tarifario de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), se establecerán multas entre 20 mil y 700 mil soles a las empresas que contraten extranjeros en desmedro de los peruanos, dependiendo la gravedad de la falta.

Consultado respecto a si la propuesta de ordenanza no atenta a la libertad de empresa y de trabajo, y que sería inconstitucional, León consideró que la norma puede ser polémica pero es legal y podría ser el sustento para que en otras regiones se aprueben iniciativas de ese tipo.

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