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POR PEAJE CHILLÓN, RUTAS DE LIMA DEMANDA POR S/ 1,295,005,473 A MUNICIPALIDAD CAPITALINA

Consorcio integrado por Odebrecht acude a arbitraje internacional basándose en cláusula aprobada por gestión Villarán. Este tema no figura en acuerdo firmado por fiscales y procurador

“Es irresponsable pedir la eliminación del cobro de peajes sin que se den alternativas“, declaraba en diciembre de 2017 el gerente de Rutas de Lima, Jaime Daly, al diario El Comercio, respecto a lo sucedido con la “caseta espejo” de Puente Piedra que había sido anulada en enero de ese año.

Como se recuerda, miles de vecinos de Lima Norte habían protestado contra el cobro en esta zona, reclamando que a solo 5 kilómetros había otro peaje, lo cual los perjudicaba económicamente. Esto había sido gestionado en el periodo de Susana Villarán al mando de la comuna.

La protesta llegó a tal límite que se quemaron unas casetas, y el entonces alcalde Luis Castañeda comunicó que se suspendía el cobro.

Arbitraje ya hace perder millones de dólares

El 7 de noviembre de 2017, Rutas de Lima -donde Odebrecht mantiene un 25 % de acciones- solicitó al cabildo capitalino su decisión de acogerse a la Cláusula 1.4 del contrato de concesión, solicitando entonces el pago de 47,606,372 soles en aplicación del mecanismo de compensación económica.

La Municipalidad de Lima consideró que esto no era viable porque el “peaje Chillón” es considerado una unidad nueva y no se había cumplido con el porcentaje de avance de obra estipulado.

Como no hubo un acuerdo, el consorcio ahora ha recurrido a tribunales internacionales para supuestamente aplicar los principios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Estudio internacional defenderá a Municipalidad de Lima

En total, se exige 1,295,005,473.58 soles a título de indemnización por daños y perjuicios, por los presuntos incumplimientos de contrato, además de los intereses y montos que se hubieran recaudado con las nuevas tarifas del 2018 y 2019.

Esto da razón a las críticas al acuerdo entre Odebrecht y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como el procurador Jorge Ramírez. Entre otros, los reclamos iban a que no se le había comprometido a la empresa brasilera a no demandar al Perú en tribunales internacionales.

La gestión de Jorge Muñoz convocó a estudios de abogados que puedan representar a Lima en Washington, y el elegido es Foley Hoag LLP, el mismo que asesora al Ministerio de Justicia para la extradición de Alejandro Toledo.

Algunos puntos de la demanda

El monto destinado a este estudio jurídico es 2,684,500 dólares, que serán abonados en cuotas mensuales hasta llegar al laudo final.

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