FISCALÍA DE LAVA JATO USÓ DOCUMENTACIÓN SESGADA PARA INCRIMINAR A RIVAL DE GRAÑA

Exguerrillero declaró -como testigo- que empresario Monteverde había defraudado al Estado, pero mostró documentos de investigación archivada. Testimonios se contradicen

En los años noventa, la constructora Graña & Montero perdió un millonario concurso de proyectos integrales frente a Bahía Náutica, propiedad del empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu. Ahora, el dueño de la primera empresa, José Graña, está involucrado en el caso Lava Jato pero ni siquiera tiene comparecencia restringida, pero sobre el segundo pende orden de captura.

¿Cómo se llega a este punto? Todo empezó cuando la Comisión Lava Jato que presidía Juan Pari recibió, el 26 de abril del 2016, el testimonio de Pedro Morote, exmiembro de las guerrillas de los 60 que había trabajado en la empresa del mencionado Monteverde.

Morote señaló que su excompañero de trabajo había recibido dinero de Odebrecht, así como de otras firmas, que era derivado a funcionarios para lograr obras millonarias a costa de dinero público.

Procesados pidieron que Juan Pari aclare falta de sustento en su contra

Cuando Pari y los otros congresistas investigadores le pidieron un sustento, el testigo les dio unas hojas impresas de un disco duro que supuestamente se le había perdido. Pero lo extraño fue que luego hizo llegar documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Pagos indebidos que se encuentran evidenciados en los siguientes registros: a) Las transferencias hacia y desde la empresa Constructora Aérea SAC“, incluyó en su informe el legislador.

Al parecer, Pari fue sorprendido, porque la documentación había sido parte de 6 investigaciones fiscales (3 en primera instancia y 3 en superior), todas las cuales ya habían sido archivadas. Incluso, un fiscal había sido sancionado y un policía que respaldaba las acusaciones terminó preso.

Comisión investigadora recibió documentos de caso que ya estaba archivado

Nos referimos a César Del Pino Aguilar, titular de la 17 Fiscalía Penal de Lima que fue reconvenido por direccionar el caso -a pedido del entonces fiscal provisional supremo Avelino Guillén- por la Oficina Desconcentrada de Control Interno; y a Fredy Tuesta Chicana, mayor PNP que fue arrestado con 119 kilos de clorhidrato de cocaína.

En esta situación, el “informe Pari” pasó al Equipo Especial de la Fiscalía a cargo del caso Lava Jato, y el 11 de agosto del 2017, tanto Monteverde como su socia María Isabel Carmona Bernasconi, pidieron que Hamilton Castro cite a Juan Pari para que aclare este punto.

El 21 de febrero último, Luiz Eduardo Da Rocha Soares declaró a los fiscales peruanos encargados de la investigación, que Constructora Área era usada para derivar 6 millones de dólares para sobornos en el año 2007. Sin embargo, el “colaborador” admite que recién conoce a Monteverde desde el 2009.

Morote dijo que hubo irregularidades, pero su testimonio no fue corroborado

Otra contradicción fue que no sabía para qué funcionarios ni para qué obras era supuestamente el dinero. Agregó que se utilizó la razón social Cementerios Centrales, pero esta firma inicia operaciones el 2012, tres años después de la supuestas transferencias.

Justamente, esta semana continuaron los allanamientos a diversas propiedades para supuestamente ubicar a Monteverde y a sus socios, sin éxito. Si bien están no habidos, su abogado José Francia, manifiesta que están defendiendo su derecho de libertad en un caso con evidentes signos de direccionalidad.

“Vamos a presentar un recurso de casación porque ya existe jurisprudencia al respecto que nos da la razón. El caso debe revisarse de manera excepcional, porque no existen elementos de convicción para la prisión preventiva, ya que todo parte de información tergiversada, y ya se han visto contradicciones contra el señor Monteverde”, sostuvo el abogado Luis Francia.

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