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SOLO EL ESTADO DEBE FINANCIAR CAMPAÑAS ELECTORALES, INDICAN

Se ha comprobado que aportes de empresas y de privados mayormente son a cambio de “favores” que terminan perjudicando a los peruanos, indicó analista Quijada

Para evitar el ingreso de dinero ilícito, es necesario que la publicidad de los partidos durante las campañas políticas esté a cargo del Estado, mediante la franja electoral y otros mecanismos de control, sostuvo el analista político Víctor Hugo Quijada Tacuri.

“Necesitamos que toda la propaganda política sea a través de la franja electoral del Estado, lo que de alguna manera evitaría de que se estén otorgando dádivas o que los que tienen más poder económico o mayores auspiciadores atrás puedan invertir más en los medios. Así, todos podrán partir desde un mismo nivel”, indicó.

El también abogado manifestó que es importante también que se apruebe una ley que penalice los aportes ilegales, porque así como se trata en la actualidad, vía lavado de activos, “es muy débil el tema de los elementos de convicción y la actuación probatoria”.

“Esa ley de lavado de activos está hecha básicamente para el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y la minería ilegal. Dentro de los supuestos de hecho que existen en esta ley no está específicamente tipificado el aporte ilegal”, precisó Quijada.

Odebrecht y otros empresas corruptas financiaban mitines

Indicó que, a pesar del esfuerzo del Ministerio Público, existe el peligro de que en el juicio oral se termine absolviendo a los cuestionados, añadió el abogado especialista en Gestión Pública.

“El asunto del financiamiento partidario es un tema que debe ser prioritario y agendado con responsabilidad por el actual Congreso para que efectúe las modificaciones y así después no caigamos otra vez en el mismo círculo vicioso en el que estamos actualmente como el caso Lava Jato”, enfatizó.

Acotó que, para detectar las fuentes prohibidas de financiamiento de las agrupaciones políticas, los partidos deben rendir cuentas de manera periódica sobre sus ingresos y gastos ejecutados tanto en las campañas electorales como en las revocatorias o acciones de otro tipo.

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