Opinión

PEREZ, UN FISCAL APALANCADOR CON PERMISIONES

Analista Iván Oré revela cómo funcionario del Ministerio Público goza de impunidad, luego de haber sido clave para que el presidente Vizcarra siga aumentando su poder

Iván Oré es abogado. Premio I Concurso Investigación Convención Nacional Derecho Constitucional (CONADEC2003)

Me llama la atención las declaración del fiscal José Domingo Pérez sobre política, teniendo en cuenta que existen las prohibiciones en el ejercicio funcional fiscal en la LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DECRETO LEGISLATIVO Nº 052. En su artículo 20 letras g, h y j dice lo siguiente:

“Los miembros del ministerio público no pueden admitir recomendaciones en los asuntos que intervienen o formularlas a otros fiscales, jueces o formularios o empleados públicos u organismos vinculados al gobierno central o a los gobiernos regionales o locales… intervenir pública o privadamente, en los actos políticos que no sean en cumplimiento de su deber electoral…

Avocarse al conocimiento de denuncias o procesos cuando personalmente, su cónyuge o concubino tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. Exceptúase de la prohibición contenida en el presente inciso las denuncias o procesos en los que fuera parte el Ministerio Público”

En los procesos penales del caso “Moqueguazo” por el año 2010, gracias a que el fiscal Pérez renunciara a denunciar al entonces candidato a presidente regional Martín Vizcarra, se tuvo por consecuencia que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia no tenga otra opción que absolverlo de los hechos de violencia y secuestros ocurridos durante la protesta en junio de 2008. Esto le abrió las puertas a que pueda candidatear y ganar las elecciones. La suerte coordina.

El mismo fiscal Pérez determina no continuar con las investigaciones del Caso Chinchero donde se efectuaba una investigación contra Martín Vizcarra, cuando era aún primer vicepresidente de la República, por la aprobación de la adenda del contrato con Kuntur Wasi para la ejecución del aeropuerto a favor de un grupo chileno. Esto le abrió las puertas para reemplazar a PPK cuando éste renuncia.

En enero de 2019, el fiscal Pérez allana las oficinas del funcionario Juan Manuel Duarte, asesor del despacho del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la noche en el piso 9 de la sede del Ministerio Público por 48 horas.

A Chávarry se le ocurrió en octubre de 2018 declarar lo siguiente: “Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones, a la democracia”. Esto fue después de que Vizcarra le exigiera dar un paso al costado por la institucionalidad del Ministerio Público, frase en sí bastante contradictoria.

Entre 2016 y 2018 la esposa del fiscal Pérez, Vannesa Aydee Medina Muñoz, fue asignada como coordinadora de compras corporativas del organismo público adscrito Perú Compras, dependiente del Ministerio de Economía y Finanza durante la gestión de la ministra Claudia Cooper y la presidencia de PPK —sucedido luego por Vizcarra.

En este período estalló el escándalo de corrupción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y Pérez, en vez de excluirse al tener a su cónyuge introducida en el gobierno, decidió formar parte del equipo de investigación y no mostró ninguna oposición al momento del archivamiento del caso por el entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez Velarde.

La ley orgánica prohíbe “avocarse al conocimiento de denuncias o procesos cuando personalmente, su cónyuge o concubino tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. Exceptúase de la prohibición contenida en el presente inciso las denuncias o procesos en los que fuera parte el Ministerio Público.”

En mayo de 2019, el fiscal Pérez declaró en la prensa “Soy un ciudadano que al ver lo que ha sucedido (en el Congreso) me indigno, también siento que no me representa este Parlamento (…) creo que sí se debe tomar medidas fuertes constitucionales como someter una cuestión de confianza, para cambiar esta situación de impunidad”

Sin el menor reparo, agregó: “El Congreso ha perdido legitimidad y lamentablemente no hay una correspondencia en la lucha contra la corrupción e impunidad. Estamos dando cuenta de una frustración del trabajo que viene realizando la Fiscalía, porque no hay un acompañamiento del Parlamento, hay una obstaculización permanente”.

La ley orgánica dice: “Los miembros del Ministerio Público no pueden admitir recomendaciones en los asuntos que intervienen o formularlas a otros fiscales, jueces o formularios o empleados públicos u organismos vinculados al gobierno central o a los gobiernos regionales o locales… intervenir pública o privadamente, en los actos políticos que no sean en cumplimiento de su deber electoral…”

Vizcarra ha tenido suerte de tener al fiscal Pérez a cargo de sus casos. Respecto a sus demás denuncias, a Chávarry -cuando era fiscal de la Nación- se le ocurrió mencionarlas y apoyar a que se les diera trámite. Y tuvo a Pérez incluso saliendo a prensa diciendo que “NO BASTA CON QUE CHÁVARRY RENUNCIE, DEBE SALIR DEL MINISTERIO PÚBLICO”.

Puedo notar una constante programática en las actuaciones de Pérez. Su primer acto en el “Moqueguazo” le abrió a Vizcarra las puertas de un gobierno regional; su segundo acto en Chinchero, le permitió a Vizcarra el pase libre a la Presidencia de la República, y su último acto contra Chávarry, aunado a su defensa mediática del cierre del Congreso, le abrirá las puertas a Vizcarra para aumentar su poder.

Vizcarra se volvería un dictador con prácticas de Felipillo globalista, al servicio de la élite supranacional que instrumentaliza a la ONU y OEA al mando de 12 clanes a lo Illuminati. Las masas aclamarán y pasará lo de siempre, cuando sientan el peso de la opresión sobre ellas, se harán los desentendidos en su eterno retorno cíclico de mediocridad.

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