Opinión

ESTADO DEBE APLICAR INMEDIATAMENTE CLAÚSULA ANTICORRUPCIÓN A ODEBRECHT

En su nueva columna, analista Quijada señala que información ocultada por constructora brasilera justifica medida, y que Contraloría debe reforzarse y ser más proactiva

Por Víctor Hugo Quijada Tacuri
Abogado experto en Gestión Pública y analista político
@victorquijadat1

La contratación pública de obras de infraestructura en el Perú se ha manejado, y se sigue manejando, mediante un esquema de corrupción política y legal desarrollado por las grandes empresas, consorcios y proveedores nacionales e internacionales.

Es todo un esquema y sistema de corrupción y entrampamiento que ha sido manejado por estos grandes proveedores. Y que no es una problemática de ahora, sino de mucho atrás. Porque hay que recordar que el contrato de los ferrocarriles, y del guano y el salitre, tuvieron un sistema muy similar, donde hubo colusión entre privado y funcionario.

Hay que recordar que las obras nacen con los estudios de pre inversión y los expedientes técnicos. Desde ahí se ha visto la forma como ellos han trabajado, direccionando en la etapa de procedimiento de selección, manejando las bases de acuerdo a los requerimientos que necesitaban sus proveedores. Y después, en la ejecución contractual, en cómo las famosas adendas han ido cambiando. Incluso, los arbitrajes, direccionados también en favor de estas empresas

La contratación pública se rige por dos formas, respecto a la infraestructura:

1- la ley de contrataciones, en la cual se ve obra pública directamente por recursos propios, y
2- la ley de Asociación Pública Privada, respecto a que son las concesiones.

Se han visto concesiones que han sido manejadas generalmente por el ´Club de la Construcción´, y por Odebrecht y OAS, que están investigados y procesados por el caso Lava Jato.

Hay debilidad en los órganos de fiscalización y sanción en el tema de los contratos públicos, aunque se hayan registrados algunos avances con el equipo fiscal anticorrupción Lava Jato, que lidera Rafael Vela.

Pero en el aspecto de la Contraloría, al señor Nelson Shack no lo vemos activo. Encima, sale una resolución del Tribunal Constitucional que deroga su facultad sancionadora. Y allí ha quedado el tema. No se ha aclarado, y no se están prosiguiendo los procesos sancionadores.

Respecto al caso del Gasoducto del Sur peruano, el Estado debe invocar la nulidad del contrato con la empresa Odebrecht, en aplicación de la cláusula anticorrupción; y, respecto al tema penal, que prosigan las investigaciones con las últimas declaraciones de los directivos de la citada compañía brasileña.

En los últimos treinta años, hemos tenido una normativa muy flexible. En lo que corresponde a la ley de contrataciones, sí existen mecanismos de control, porque el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) lo supervisa de manera directa. Pero (el problema se da) en lo que concierne a los gobiernos subnacionales, que son quienes más aplican las normativas.

NOTA: El columnista Quijada participará, este 12 de julio, en el Seminario “Corrupción en la Contratación Pública de Obras”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), y que abordará los aspectos técnicos de estos procesos.

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