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CUATRO BANCADAS SE OPONEN A QUE EL CONGRESO RENUNCIE A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Cuatro de las seis bancadas políticas con representantes en la Comisión de Constitución del Congreso están en contra de que la Corte Suprema tenga a su cargo la revisión de la inmunidad parlamentaria, tal como propone el Poder Ejecutivo como parte de la “reforma política”.

Así, según lo menciona el diario El Comercio, el congresista Javier Velásquez Quesquén adelantó que el Partido Aprista votará en contra de esta iniciativa si se mantiene como estáal considerar que la inmunidad parlamentaria es una garantía de la “independencia y soberanía del Parlamento frente al poder, especialmente del Ejecutivo”.

No obstante, Velásquez Quesquén reconoció que sí es necesario establecer plazos para resolver los pedidos que realiza el Poder Judicial sobre el levantamiento de la inmunidad.

A su turno, el parlamentario aprista Mauricio Mulder precisó que las objeciones que su agrupación pone al proyecto del Ejecutivo “para cercenar la inmunidad” no benefician a los actuales congresistas, porque esta reforma, si es aprobada, entrará en vigencia para el Parlamento que sea elegido en el 2021.

Una opinión similar tuvo la portavoz alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, quien refirió la inmunidad parlamentaria “protege a quienes hemos sido electos para denunciar y fiscalizar” y dijo los actuales parlamentarios no pueden dejar para el 2021 un Congreso “disminuido, acobardado y miedoso”.

Por Acción Popular, el congresista Víctor Andrés García Belaunde recordó, durante la sesión de la Comisión de Constitución, que él ni Vicente Zeballos, quien también es parlamentario, hubieran podido investigar a fondo a la red de corrupción y estafa del abogado Rodolfo Orellana si no hubiese tenido la inmunidad como protección.

Del mismo modo, el congresista Luis Iberico, representante de Alianza para el Progreso, también se pronunció en contra de que la Corte Suprema decida si se le levanta o no el fuero a un parlamentario. Sin embargo, a título personal, propuso una fórmula mixta para regular la inmunidad.

Así, cuando un congresista tiene un procedimiento abierto antes de haber sido elegido, su inmunidad de arresto debe ser evaluada por la Corte Suprema ; pero si el proceso penal se le inicia al parlamentario en funciones, ahí si el Congreso debe evaluar si existe o no una “intencionalidad política” en la acusación.

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