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MUÑOZ SE ARREBATA Y ANUNCIA QUE DECLARARÁ NULO EL CONTRATO DE PEAJES DE LÍNEA AMARILLA

Alcalde de Lima afirma que librarse del contrato costará más de S/ 1,500 millones pero que ese dinero podrá ser recuperado con la administración de las 11 cabinas de peaje. Afirma que concesionaria solo quería reducir peajes en 20 céntimos

¡Hasta que al fin! La Municipalidad de Lima decidió anular el contrato con Lamsac, empresa concesionaria de la obra Línea Amarilla, por considerar que el cobro de los 11 peajes que han sido implementados en esa vía colisionan con los intereses de la ciudad y de sus habitantes, anunció el alcalde Jorge Muñoz.

En conferencia de prensa, el burgomaestre dijo que se respetará el marco legal para solicitar dicha nulidad ante los tribunales internacionales, y estimó que este proceso demandará un máximo de dos años o menos, dependiendo de la celeridad con que se realice.

“En dos años o menos la ciudad recuperará el manejo total de Línea Amarilla y de sus 11 peajes. Calculamos que el costo de salir de este oneroso contrato será de alrededor de 1,520 millones de soles”, anotó.

Explicó que esto significa que, en un par de años, las utilidades por manejar los peajes quedarán para beneficio de la ciudad de Lima en forma de más obras.

Dijo que estos dos años de aribitraje no son mucho tiempo, teniendo en cuanta que la autopista Línea Amarilla lleva en Lima más de 9 años y dos gestiones municipales anteriores, sin beneficios razonables para los limeños.

Señaló que, teniendo en cuenta los indicios razonables de casos de corrupción alrededor del contrato con Lamsac, la Municipalidad de Lima ha dispuesto que su Procuraduría Ad hoc impulse, a través del Ministerio Público, las respectivas medidas cautelares.

En otro momento, Muñoz informó la Municipalidad de Lima ha logrado avances significativos en las conversaciones con la concesionaria de Rutas de Lima sobre los siete peajes que administra en distintos puntos de la capital.

Detalló que Rutas de Lima ha aceptado firmar una cláusula anticorrupción por la cual, a partir de la fecha, de comprobarse cualquier acto de corrupción, la concesión revertirá inmediatamente al Estado, al manejo del municipio capitalino, sin compensación alguna.

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