Opinión

“TÍA MARÍA VALE UN PERÚ”

Analista Víctor Quijada señala que suspensión de proyecto minero es culpa del Estado y de Southern, por no saber explicar el tema, y de radicales “sandías”

Víctor Hugo Quijada Tacuri

Abogado experto en Gestión Pública y analista político

@victorquijadat1

En primer lugar, debo indicar que soy creyente del modelo de libre mercado. Creo en el empleo pleno que puede producir, creo que este modelo ya no se discute ni aquí, ni en la misma China (literal hoy en día gran promotor de la economía de mercado), creo que incluso en el Perú no está bien implementado porque los precios en todos los rubros son altos, perjudicando a los consumidores, existiendo concentración de grupos empresariales, pero eso es materia de otra discusión.

El caso Tía María viene del año 2002, pasando por tres gobiernos, teniendo un saldo de más de siete muertos y detenidos, primero hay que identificar los actores, tenemos al gobierno, los pobladores, los gremios y la empresa.

En mi opinión no es un problema legal, porque este procedimiento de concesión minera esta regulado en la Ley General de Minería, se inicia con el petitorio minero y culmina con la concesión que es un acto administrativo, se entiende que en aplicación del principio de legalidad que rige al derecho administrativo se ha cumplido con todos los requisitos para su obtención. Entre ellos hay un nuevo estudio de impacto ambiental que propone no usar el agua del río.

Más allá del impacto económico porque estamos hablando de que no se va a invertir al menos mil cuatrocientos millones de dólares en la zona, este es un problema de falta de comunicación y concientización del proyecto. La responsabilidad recae plenamente en el gobierno y la empresa, quienes son los competentes para hacer el trabajo previo para obtener la famosa licencia social.

Por su parte los gremios sandías (verdes por fuera rojas por dentro) al ver la falta de presencia del Estado y ausencia de la empresa, capitalizan esto y mueven a la población, ahora coludidos con el gobierno regional y locales quieren politizar el asunto, obteniendo resultados como estos, que se paralice parcialmente la construcción del proyecto.

Dicho sea de paso, legalmente no existe la figura de la anulación, ni el de cancelación, el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General solo determina la figura de la suspensión, nulidad y revocación.

No se puede imponer un proyecto mientras falle la comunicación y concientización del mismo. También existe parte de responsabilidad de los gobiernos subnacionales en no ejecutar correctamente los presupuestos de canon y regalías en proyectos de inversión de impacto, la suspensión de la licencia si es legal conforme al artículo 204 y 226 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Este tiene su amparo específico como establece la ley, se suspende el acto administrativo licencia de construcción cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, como es el caso de pérdidas de vidas humanas señores. Por lo tanto, si bien el Estado tiene esa facultad exorbitante de hacer cumplir la ley, también tiene que resguardar el interés público.

Por ende, la suspensión no implica nulidad o revocación del acto.
Ahora bien, haciendo un análisis costo beneficio, en estos ciento veinte días el gobierno y la empresa tienen la difícil misión de hacer entender a la población de los beneficios de la minería en el Perú, específicamente en Islay, región de Arequipa, los compromisos adoptados tienen que respetarse y cumplirse, comunicación y concientización Tía María vale un Perú.

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