FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ QUIERE IMPEDIR POSTULACIÓN DEL FUJIMORISMO A ELECCIONES DE 2020

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la suspensión por tres años del partido político Fuerza Popular, en el marco de la investigación que sigue contra Keiko Fujimori por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.

Así lo reveló en entrevista con el diario Gestión, el abogado de la organización política, Juan Carlos Alarcón, quien indicó que el juez Víctor Zuñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria había programado la audiencia en la que se iba analizar el pedido fiscal de incluir a Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación.

Sin embargo, según dijo, la Fiscalía presentó una solicitud al juzgado para suspender la audiencia y se realice una reprogramación. Esta medida, cabe señalar, dejaría al partido político sin participar en las elecciones parlamentarias del próximo año e incluso en los comicios de 2021.

“Nos acercamos al Poder Judicial y nos dijeron que la Fiscalía fundamentó su pedido. La nueva fecha de la audiencia es el 7 de noviembre, pero aún no hemos sido notificados”, anotó el letrado.

Para el fiscal Pérez, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político a través de su participación en las elecciones del año 2011 “y para este fin, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera un aporte de US$1.2 millones de Odebrecht dinero que provenía de actos de corrupción”.

A cambio de este aporte, de llegar al poder, Fujimori y el partido entregarían a la constructora brasileña “la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.

Al respecto, Alarcón indicó que los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori “no sería una razón justificable” para incluir a Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación.

“¿Acaso se ha acreditado que el dinero que venga de la Caja 2 sea lícito o ilícito? Las declaraciones de los exdirectivos como Jorge Barata no establecen ello. No saben si el dinero era ilícito. Por lo tanto, ¿cómo podemos acreditar un ilícito penal?”, cuestionó.

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