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ENCO: 524 MILLONES QUE SE ENTREGAN A ODEBRECHT SON FONDOS PÚBLICOS

Procurador anticorrupción afirma que esto fue confirmado por el MEF por lo que queda sin piso historia de IDL y “caviares” respecto a que se devuelve a brasileños de su propio dinero. Farsa al descubierto

El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró que, según una consulta realizada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el dinero que se devolverá a la empresa brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla constituye en realidad “fondos públicos”.

En declaraciones reproducidas por Perú 21, consideró que el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, está “nervioso” por este hecho y rechazó las acusaciones de que obstruye el proceso de colaboración eficaz con el consorcio brasileña.

“Yo creo que el señor Ramírez está un poco nervioso porque el MEF, el 13 de noviembre del 2019, a una consulta hecha por nosotros, la Dirección General de Tesoro Público (señaló) que ese fideicomiso tiene el carácter de fondos públicos y eso es gravísimo porque lo que se ha devuelto a Odebrecht en estos días, a decir de la opinión técnica del MEF, son fondos públicos”, expresó.

“Siempre fue preocupación de la Procuraduría que se investigue este tema porque se están afectando intereses del Estado”, añadió, tras reiterar su postura de que la devolución de 524 millones de soles por Chaglla merecía ser investigada.

En ese sentido, Enco rechazó las críticas de Ramírez. “Sinceramente, ahora todo aquel que se opone al acuerdo o hace un comentario crítico, dice que somos obstruccionistas, que estamos a favor de la corrupción y eso no lo voy a permitir; de ninguna manera”, sentenció.

Como se recuerda, el procurador anticorrupción denunció a Jorge Ramírez por presunta negociación incompatible con Odebrecht, al haberse condicionado el pago de la reparación civil a la devolución de los S/ 524 millones por la venta de Chaglla.

A juicio de Enco, con ese dinero debería pagarse casi la totalidad de la deuda por S/ 610 millones que tiene la compañía brasileña con el Estado por concepto de reparación civil, en el marco de la Ley N°30737.

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