FISCALÍA INVESTIGARÁ PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS EN CASO CHINCHERO

Zoila Sueno, quien descubrió hasta pliegos interpelatorios de Vizcarra en manos de allegados a empresa concesionaria, tendrá tarea de descubrir si se han cometido mayores delitos en cuestionados contrato y adenda de aeropuerto cusqueño

La Primera Fiscalía Superior Anticorrupción designó a la fiscal Zoila Sueno Chirinos como encargada de la investigación del caso Chinchero en lo concerniente al delito de lavado de activos. Esto, al considerar que sí cuenta con competencias suficientes para asumir este proceso.

Sueno Chirinos ya había sido nombrada en noviembre 2018 para este caso por la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional Especializada en Delitos de Corrupción De Funcionarios ante la necesidad de dedicación exclusiva del fiscal José Domingo Pérez en el equipo especial del Caso Lava Jato.

Cabe indicar que en este caso se investiga la adenda firmada en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Martín Vizcarra como ministro de Transportes, en la que el Estado iba asumir directamente el costo de financiamiento (US$ 265 millones) de las obras correspondientes al Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Los cuestionamientos por este caso derivaron en la salida de Vizcarra Cornejo del puesto.

El pasado 23 de octubre la fiscal Sueno decidió que se formalice y continúe con la investigación preparatoria contra Fiorella Molinelli Aristondo, Yaco Paul Rosas Romero, Gianina Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia, Camilo Nicanor Carrillo Purín; y los que resulten responsables en calidad de autores.

Además, incluyó en calidad de cómplices a César Antonio Balbuena Vela, Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola y José Carlos Balta del Río y los que resulten responsables por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

El diario El Comercio informó la Sueno Chirinos dispuso que se eleve su investigación ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con hallazgos que vincularían al presidente de la República Martín Vizcarra para su evaluación.

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